Martirios, de San Patricio a La Rioja
El golpe de Estado de 1976 en la Argentina inauguró una de las etapas más oscuras de la historia nacional. En este marco, varios miembros de la Iglesia Católica fueron blanco de una persecución sistemática por parte del régimen militar, especialmente aquellos sectores vinculados al compromiso social y la presencia entre los pobres. A cinco décadas de los hechos violentos que marcaron a comunidades como San Patricio en Buenos Aires y la provincia de La Rioja, resulta imprescindible analizar el clima de terror, silencio y resiliencia que envolvió a la Iglesia y a sus actores, y contextualizar estos martirios en el panorama latinoamericano.
La dictadura consolidó un ambiente de sospecha generalizada y represión. El “tener cuidado” se extendió entre sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos comprometidos. Los allanamientos, la censura y la vigilancia sobre parroquias, seminarios, conventos y centros de formación religiosa se intensificaron, buscando acallar voces disidentes y controlar la influencia de la Iglesia en la sociedad. Documentos, libros y materiales catequéticos fueron confiscados; y los habitantes de estos lugares, sometidos a interrogatorios y amenazas.
La publicación en tres tomos de la obra La verdad los hará libres realiza un estudio a fondo acerca del rol, memoria y testimonio de la Iglesia Católica en la espiral de violencia en la Argentina entre 1966 y 1983. Durante este periodo, la Doctrina Social de la Iglesia se enseñó de manera clandestina o encubierta. Las reuniones para reflexionar sobre el magisterio social debieron ocultarse, limitándose a pequeños grupos y espacios seguros, cursos disfrazados de formación para catequistas. El temor a la denuncia era constante, pero no infundía miedo paralizante. Persistió la convicción de que la fe debía traducirse en compromiso social, aun frente al riesgo de represalias. Jesús nos enseñó: “felices los perseguidos por practicar la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos” (Mateo 5, 10).
La religiosidad popular, las misiones rurales y los movimientos de renovación de la catequesis siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II fueron objeto de sospecha y hostigamiento. La catequesis, especialmente aquella orientada a niños y jóvenes de sectores vulnerables, fue restringida, y muchos catequistas debieron abandonar sus comunidades por amenazas o persecución directa. Brindar apoyo escolar o preparar una merienda podía ser interpretado como actividad subversiva.
El acompañamiento pastoral a los pobres, la participación en sindicatos y en centros de estudiantes en las universidades fueron consideradas actividades desestabilizadoras del orden. Si bien es cierto que militantes de grupos guerrilleros fueron partícipes de esos espacios, no eran la mayoría. El compromiso cristiano con la justicia y la dignidad humana se asociaba, en la lógica represiva, con la insurgencia política. Los sacerdotes y laicos que asumieron el desafío de estar junto a las víctimas de la marginalidad y la violencia fueron señalados, detenidos y, en muchos casos, desaparecidos. La opción preferencial por los pobres -emblema de la Iglesia latinoamericana- se convirtió en motivo de persecución y martirio. Unos cuantos debieron optar por el silencio, la clandestinidad o el exilio para sobrevivir.
El año 1976 fue especialmente sangriento. El secuestro y desaparición de dos seminaristas asuncionistas el 4 de junio, Carlos Antonio Di Pietro y Raúl Eduardo Rodríguez. Un mes después, el 4 de julio, en la parroquia San Patricio, Buenos Aires, el asesinato de los religiosos palotinos conmocionó a la sociedad: los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau; y los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio Barletti.
En La Rioja, a pocos días, el 18 de julio, eran secuestrados y asesinados los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville; el 25 de julio fue acribillado ante su esposa y sus hijas Wenceslao Pedernera, laico catequista, animador bíblico y miembro del Movimiento Rural de la Acción Católica Argentina. Mientras se desangraba trasladado al hospital dijo a su familia: “no odien, yo ya los perdoné”. Y el 4 de agosto, regresando a la ciudad de La Rioja el asesinato del Obispo Enrique Angelelli, que había enseñado a “tener un oído en el pueblo y otro en el evangelio”. Se abrió una seguidilla perversa de asesinatos y torturas. En diciembre de 1977 las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet fueron secuestradas junto a 10 personas, entre las cuales se encontraba la fundadora de las Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, vinculadas a la Parroquia de la Santa Cruz, en Buenos Aires.
La lista es larga. Los secuestros, desapariciones y asesinatos de sacerdotes, seminaristas y laicos se multiplicaron. Los familiares y comunidades quedaron marcados por el vacío y la incertidumbre, y la memoria de esos mártires constituye hoy un llamado a la verdad y la justicia.
Algunos vieron venir la muerte, la olfateaban rondando cerca; a otros les tomó de sorpresa sin entender por qué. Para muchas familias al dolor del secuestro y la incertidumbre se sumó la estigmatización, la marginación y el “algo habrán hecho”. En lugar de contención encontraron brazos cruzados y miradas que se desviaban, como si el sufrimiento por estas cuestiones fuera infección contagiosa.
Numerosos sacerdotes fueron detenidos injustamente, sometidos a torturas psicológicas y físicas, y privados de libertad por períodos prolongados. La presión internacional y la visita de Juan Pablo II en 1982 resultaron decisivas para la liberación de algunos religiosos, aunque muchos otros nunca recuperaron su libertad ni su integridad. La intervención papal visibilizó la situación de la Iglesia argentina ante el mundo, generando una esperanza renovada en medio del dolor.
La persecución a la Iglesia argentina se inscribe en la tradición martirial de América Latina. En El Salvador el padre Rutilio Grande junto con un catequista anciano y un monaguillo adolescente fueron ejecutados a balazos cuando regresaban de celebrar una misa en una comunidad rural en 1977.
Estos episodios conmovieron a monseñor Óscar Romero, quien también fue asesinado mientras celebraba misa en la capilla de un hospital. En tierra salvadoreña, en 1989, además fueron masacrados seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras de la Universidad Centroamericana (UCA), representando el compromiso inquebrantable con la justicia y la dignidad humana. En Guatemala, en 1981 fueron asesinados el catequista Luis Obdulio Arroyo (de 31 años) y el sacerdote franciscano Marcello Tulio Maruzzo. Violencia y saqueo, parte del siniestro “Plan Cóndor” que se desplegó sistemáticamente en América Latina. Estos ejemplos, junto a los mártires argentinos, reflejan la unidad del continente en la lucha por los derechos fundamentales y la construcción de una sociedad más humana y solidaria.
A cincuenta años de las muertes violentas que marcaron a San Patricio, La Rioja y otras comunidades religiosas, la memoria de los mártires continúa interpelando a la sociedad y la Iglesia argentina y latinoamericana. El legado de quienes resistieron la persecución, enseñaron en la clandestinidad y acompañaron a los pobres, desafía a las nuevas generaciones a construir una sociedad donde la justicia, la solidaridad y la libertad religiosa sean valores irrenunciables. Como expresa la Segunda Carta de San Pedro, “nosotros esperamos, según Dios ha prometido, un cielo nuevo y una tierra nueva donde habite la justicia” (2 Pedro 3, 13).
Arzobispo de San Juan de Cuyo y presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina
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