Nicaragua: votaciones quizás sí, elecciones definitivamente no

En apenas una semana, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo protagonizó un giro que, visto de cerca, no es tal giro.

El 19 de julio, Ortega declaró que en Nicaragua “no volverá a haber elecciones”, justificando la medida como un cerrojo contra una oposición a la que acusa de querer “atrapar el poder” con el respaldo de Washington.

Dos días después, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, matizó el anuncio: sí habrá elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional que las “blinde” de la injerencia extranjera y de quienes el oficialismo califica como “traidores a la patria”.

El 27 de julio, la copresidenta Rosario Murillo confirmó que la reforma parcial a la Constitución se someterá a consulta en agosto y se aprobará en primera legislatura a inicios de septiembre.

No hubo contradicción entre ambos anuncios. Hubo, más bien, una corrección de forma sobre un mismo contenido.

Ortega no está renunciando a eliminar la competencia electoral; está institucionalizando su eliminación bajo un ropaje procedimental que le permite seguir hablando de “elecciones” sin correr el riesgo de perderlas. Es una distinción que vale la pena examinar con cuidado, porque no es exclusiva de Nicaragua ni es nueva en la historia del autoritarismo contemporáneo: se vota, pero no se elige.

La reforma que la Asamblea Nacional —controlada por el sandinismo con 84 de sus 90 escaños— prevé aprobar en septiembre tiene un objetivo explícito: excluir de los procesos electorales a los llamados “opositores desnacionalizados”, es decir, a los cientos de nicaragüenses despojados de su ciudadanía en los últimos años por disentir del régimen. El argumento oficial es que se trata de una defensa de la soberanía nacional frente a la “injerencia extranjera”. En la práctica, es la constitucionalización de una purga que el régimen ya viene ejecutando por vía administrativa desde 2018: desnacionalizar, confiscar bienes, cancelar personerías jurídicas de partidos y organizaciones civiles, y forzar al exilio a la disidencia.

Lo novedoso no es la represión —que Nicaragua arrastra desde las protestas de abril de 2018, con cientos de muertos y miles de presos políticos y exiliados— sino su traslado al texto constitucional. Cuando la exclusión se escribe en la Carta Magna, deja de ser una medida de excepción y se convierte en regla permanente del sistema. Ortega y Murillo no necesitan fraude electoral el día de la votación si ya se aseguraron, meses antes, de que no exista candidatura opositora viable ni votante habilitado que pueda cuestionar el resultado.

Este modelo no es original. Nicaragua se inscribe en una tradición de regímenes híbridos y autoritarios que descubrieron hace tiempo que suspender elecciones genera más costos —domésticos e internacionales— que celebrarlas bajo condiciones controladas. Rusia, Venezuela, Bielorrusia y, más recientemente, la propia trayectoria nicaragüense desde 2021 —cuando siete precandidatos presidenciales fueron encarcelados antes de los comicios— muestran el mismo patrón: mantener el ritual del voto como fuente de legitimidad formal, mientras se vacía de contenido la posibilidad real de alternancia. La diferencia ahora es que Nicaragua da un paso adicional al reformar la Constitución para blindar ese vaciamiento con lenguaje jurídico permanente, no como medida coyuntural de un ciclo electoral, sino como diseño estructural del régimen.

Los co-dictadores Ortega y Murillo, además, ya se autoproclamaron “copresidentes” en la reforma constitucional de 2024-2025, ampliaron el período presidencial a seis años y trasladaron competencias de supervisión desde el Ejército hacia el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, bajo control directo del oficialismo. La reforma anunciada para septiembre no es un hecho aislado: es la siguiente pieza de un proceso de concentración de poder que lleva más de dos años en marcha y que apunta, en última instancia, a garantizar la continuidad del proyecto Ortega-Murillo más allá de la biología de sus fundadores. Entre las medidas anunciadas por el presidente de la Asamblea Nacional, el esbirro Gustavo Porras, se anuncia la extensión del periodo presidencial a 7 años y su condición de “renovable”.

El rechazo a estos anuncios ha sido amplio: Costa Rica, Estados Unidos, Panamá —que retiró a su embajador—, Guatemala, República Dominicana, Chile, Bolivia, Brasil, Perú, la Unión Europea, Uruguay, la Organización de los Estados Americanos y la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas expresaron preocupación o condena. Pero conviene no sobrestimar el efecto de estas declaraciones. Nicaragua ha demostrado, desde 2018, una notable capacidad de resistencia a la presión externa: ha absorbido sanciones individuales, la salida de organismos regionales y el deterioro sistemático de sus relaciones diplomáticas sin que ello alterara su trayectoria interna.

La estabilidad macroeconómica relativa del país —sostenida en buena medida por remesas— y la ausencia de una oposición interna articulada —que ha sido diezmada con brutalidad por la dictadura— le han dado al régimen un margen de maniobra que otros autoritarismos de la región no siempre tuvieron.

El caso nicaragüense plantea, además, una pregunta incómoda para la comunidad internacional: ¿qué hacer cuando un régimen no finge competir, sino que anuncia con total transparencia las reglas de su propia perpetuación? La opacidad ya no es la estrategia; la elección ya no pretende parecer libre. Es un desafío distinto al que representan otros procesos electorales fraudulentos en la región, donde al menos existe la ficción de la competencia. Aquí ni siquiera se sostiene esa ficción: el propio oficialismo admite, en la letra de sus reformas, que decidirá de antemano quién puede participar y bajo qué condiciones.

Reducir este proceso a la figura de Ortega sería un error de lectura. Lo que Nicaragua está construyendo es un modelo de sucesión dinástica —con Rosario Murillo como copresidenta y heredera constitucionalmente designada en caso de fallecimiento de Ortega— revestido de normalidad institucional. La reforma electoral de septiembre no busca ganar una elección: busca eliminar la necesidad de ganarla, porque ya no habrá nadie con quien competir.

Para la región, el precedente es preocupante no solo por lo que ocurre en Managua, sino por la señal que envía a otros gobiernos con tentaciones autoritarias: es posible desmantelar la competencia electoral en pleno siglo XXI, hacerlo abiertamente, y pagar un costo internacional manejable. Si Nicaragua consolida este modelo sin consecuencias sustantivas, no será la última vez que veamos “votaciones sin elecciones” en América Latina. Estamos advertidos.

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