La cuenta que no cierra: hacen falta 34 monotributistas por cada jubilación promedio
El sistema previsional argentino depende cada vez más de trabajadores que realizan contribuciones reducidas, según alerta un informe del IERAL de la Fundación Mediterránea. El análisis muestra que, el avance del monotributo, combinado con la elevada informalidad laboral y el envejecimiento de la población, profundiza las dificultades para financiar las jubilaciones: actualmente se necesitan casi 34 monotributistas para cubrir un haber promedio.
El informe de Laura Caullo y Guadalupe Galíndez pone el foco en un problema que excede la relación entre la cantidad de trabajadores activos y jubilados. La sostenibilidad del régimen también está condicionada por el monto que aporta cada uno de esos trabajadores.
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En marzo de 2026, el aporte previsional promedio de un asalariado registrado del régimen general alcanzaba los $187.098 mensuales, mientras que el de un monotributista rondaba apenas los $19.215, casi diez veces menos.
La diferencia se refleja directamente en la capacidad de financiar las prestaciones. Para cubrir una jubilación promedio se necesitan aproximadamente 3,5 trabajadores asalariados registrados, pero casi 34 monotributistas. En el caso de una jubilación mínima con bono, hacen falta 2,4 asalariados o cerca de 23 contribuyentes del régimen simplificado.
El Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuenta actualmente con unos 10,3 millones de aportantes, que deben financiar alrededor de 7,5 millones de beneficios.
Del total de contribuyentes, el 74% son trabajadores en relación de dependencia y el 26% restante son independientes. Dentro de este último universo aparecen unos 2,2 millones de monotributistas.
En casi tres décadas, la participación del monotributo dentro del total de aportantes más que se duplicó. Pasó del 9% en 1998 a más del 20% en marzo de 2026. En términos absolutos, la cantidad de monotributistas que contribuyen al sistema avanzó desde 513.000 hasta 2,2 millones, lo que representa un crecimiento del 331%.
La expansión del régimen permitió incorporar a la formalidad a millones de trabajadores independientes que, de otro modo, probablemente no habrían realizado aportes. Sin embargo, también modificó la estructura de financiamiento de la seguridad social, dado que las contribuciones del monotributo son considerablemente menores.
Según el estudio elaborado por Laura Caullo y Guadalupe Galíndez, el aporte previsional representa, en promedio, el 11,2% del ingreso de un trabajador asalariado, el 5,2% en el caso de los autónomos y apenas el 1,1% entre los monotributistas.
Esta baja capacidad contributiva está vinculada con la composición del régimen: más de la mitad de los monotributistas que aportan al SIPA se encuentra inscripta en la categoría A, mientras que casi dos tercios se concentran entre las categorías A y B, los escalones de menor facturación y menores contribuciones previsionales.
El problema se agrava por el elevado nivel de informalidad laboral. El informe estimó que el 44% de los ocupados trabaja en la informalidad, lo que equivale a más de 9 millones de personas que no realizan aportes para financiar las prestaciones actuales ni generan una trayectoria contributiva para su propia jubilación.
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De esta manera, el sistema enfrenta una doble presión: una proporción elevada de trabajadores permanece completamente al margen de la seguridad social y, entre quienes sí aportan, aumenta la participación de regímenes con contribuciones más bajas.
El IERAL aclaró que el monotributo no constituye un problema en sí mismo, ya que cumple una función relevante como puerta de entrada a la formalidad. La dificultad aparece cuando su crecimiento se combina con la informalidad, las trayectorias laborales interrumpidas y el envejecimiento demográfico.
Los aportes personales y las contribuciones patronales ya no alcanzan para cubrir el gasto previsional del SIPA, que incluye las jubilaciones contributivas, las prestaciones otorgadas mediante moratorias, los bonos y la Pensión Universal para el Adulto Mayor.
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De acuerdo con Fundación Mediterránea, el régimen presenta un déficit cercano al 2% del PBI, que debe ser cubierto mediante transferencias del Tesoro Nacional.
Las dificultades financieras también tienen consecuencias sobre los ingresos de los jubilados. En los últimos tres años, el haber medio perdió un 13% de su poder adquisitivo, mientras que la jubilación mínima con bono registró una caída real del 20%.
Al mismo tiempo, cerca de un millón de personas de 65 años o más continúa trabajando. Ese grupo representa el 4,6% del total de ocupados, una situación que, según el estudio, muestra que para numerosos adultos mayores el empleo continúa siendo una fuente necesaria de ingresos.
A las transformaciones del mercado laboral se suma el envejecimiento de la población. Las proyecciones del INDEC indican que las personas de 65 años o más pasarán de representar el 12% de la población en 2022 al 17% en 2040.
También cambiará de manera considerable la relación entre adultos mayores y niños. En 2022 había 55 personas de 65 años o más por cada 100 menores de 15 años. Para 2040, la proporción ascendería a 115 adultos mayores cada 100 niños.
Esto significa que habrá más adultos mayores que niños y una menor cantidad relativa de personas en edad de trabajar, una estructura demográfica muy diferente de la que existía cuando fue diseñado el sistema previsional de reparto.
Para el IERAL, la discusión sobre una futura reforma no debería limitarse a la edad jubilatoria o a los requisitos para acceder a las prestaciones. También debería incluir las trayectorias laborales, la determinación de los haberes y, especialmente, la base de financiamiento.
La informalidad y el avance de aportantes con contribuciones reducidas transformaron el mercado de trabajo sobre el cual se construyó el sistema. Sin una ampliación del empleo formal y de la capacidad contributiva, la seguridad social dependerá cada vez más de transferencias impositivas y enfrentará mayores dificultades para sostener el nivel de las jubilaciones.
