No hay régimen de inocencia fiscal capaz de sustituir la seguridad jurídica
El Gobierno anunció que enviará al Congreso una nueva reforma de la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal. La anterior no tuvo gran aceptación.
El objetivo es ofrecer mayores garantías para que los argentinos utilicen los dólares que mantienen fuera del sistema financiero. El Gobierno dice que hay unos USD 170.000 millones en efectivo que podrían estar guardados en cajas de seguridad, domicilios particulares o directamente “debajo del colchón”, lo cual es posible. Incluso puede ser más.
El ministro Luis Caputo sostiene que tener esos dólares inmovilizados es un mal negocio para sus propietarios y también para el país. Desde el punto de vista de quien tiene los dólares inmovilizados en una caja de seguridad, el argumento es razonable: un billete guardado no produce intereses y, además, pierde poder adquisitivo como consecuencia de la inflación estadounidense.
La incorporación de esos fondos al circuito formal podría ampliar los depósitos bancarios, aumentar la capacidad prestable del sistema financiero, financiar consumo e inversión y, eventualmente, mejorar la recaudación impositiva como consecuencia de un mayor nivel de actividad.
Ahora bien, como decía antes, es correcto el argumento de Caputo de que es un mal negocio tener los dólares bajo el colchón, pero el argentino tiene memoria y recuerda el plan Bonex del 28 de diciembre de 1989, cuando el Estado confiscó depósitos en el sistema financiero y entregó bonos a cambio.
Luego vino una Ley de Intangibilidad de los Depósitos, de agosto de 2001, por la cual se aseguraba que los depósitos no podían ser confiscados, algo que ya existía en la Constitución Nacional. Pero en 2002 el Congreso, que meses antes había aprobado esa ley, votó la pesificación de los depósitos: la famosa pesificación asimétrica.
En 2008, se sancionó la ley que confiscó los ahorros de trabajadores en las AFJP. El tema no es que el Estado decidió terminar con el sistema de capitalización y devolver los ahorros a quienes habíamos optado por ese esquema: directamente el Estado se quedó con nuestros ahorros.
Estos antecedentes son los que Caputo parece no tener en cuenta a la hora de pedirle a la gente que deposite sus ahorros en los bancos.
En otros términos, ¿cuál es la tasa de interés que cubre el riesgo de la tradición confiscatoria de la Argentina?
El Gobierno no parece advertir que uno de los componentes de la tasa de interés es el riesgo institucional. A mayor inseguridad jurídica sobre los ahorros que presto, mayor tasa de interés voy a pedir.
Aclaro que no estoy en contra de la medida del Gobierno: tanto la idea de hacer una especie de blanqueo muy amigable como la de permitir que los bancos presten a quienes tienen ingresos en pesos. Pero no puedo dejar de reconocer que existe un riesgo cierto en prestarle dólares a quienes tienen ingresos en pesos.
Acá hay un dato concreto: el tipo de cambio no flota libremente. Hay un cepo para las empresas, los exportadores están obligados a ingresar sus divisas de exportación, el BCRA opera en el mercado de futuros y el Tesoro vende bonos ajustables por el dólar. Esta intervención del Estado hace que el tipo de cambio esté atrasado respecto de lo que sería en un mercado realmente libre.
De lo anterior se desprende que no es descartable que el tipo de cambio pegue un salto. Si alguien que tiene ingresos en pesos toma un crédito en dólares y salta el tipo de cambio, lo más probable es que no pueda pagar ese crédito.
Basta con recordar el salto cambiario de 2002, cuando se salió de la convertibilidad, para darse cuenta de que los bancos se quedarían, por el lado del activo, con una cartera de incobrables y, por el lado del pasivo, con acreedores en dólares (los que depositaron dólares).
En otros términos, los bancos estarían prestando dólares de terceros para consumo o inversión a sectores que tienen ingresos en pesos.
¿Por qué se pesificaron las deudas en 2002? Porque los bancos no iban a poder recuperar los créditos en dólares que habían otorgado y tenían en el pasivo depósitos en dólares que no podían pagar. El sistema financiero estaba por quebrar.
La opción del Gobierno fue hacerles pagar la cuenta a los depositantes en dólares, quienes perdieron buena parte de su capital. Fueron los patos de la boda.
Además, el ahorrista puede preguntarse qué ocurrirá si deposita sus dólares, compra un inmueble, adquiere bonos o realiza una inversión productiva y dentro de unos años aparece un nuevo impuesto patrimonial, se restablecen controles cambiarios o se utiliza la información obtenida para iniciar una fiscalización.
Recordemos que en el gobierno de Mauricio Macri se hizo un blanqueo y los que blanquearon los ahorros en el exterior fueron perjudicados. Quienes blanquearon bajo un régimen que preveía una alícuota de Bienes Personales de 0,25% terminaron enfrentando, desde 2019, una tasa de hasta 2,25% sobre los bienes del exterior: ¡nueve veces más!
El Gobierno ya impulsó una ley de inocencia fiscal, sancionada a fines de 2025. La norma estableció un régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias, presunciones de exactitud para determinadas declaraciones juradas y modificaciones al régimen penal tributario. Ahora, la nueva iniciativa busca reforzar esa legislación y brindar mayor seguridad jurídica frente al temor de que una futura administración cambie nuevamente las reglas.
Precisamente allí aparece el principal obstáculo. Si una persona necesita una nueva ley para protegerse de lo que podría hacer otro gobierno dentro de uno o dos años, significa que el problema de fondo continúa vigente. En Argentina, la palabra del Estado tiene una credibilidad muy limitada porque las normas suelen durar lo mismo que las necesidades fiscales o políticas de la administración de turno.
No hay régimen de sinceramiento, blanqueo o inocencia fiscal capaz de sustituir la falta de seguridad jurídica de la Argentina, que solo se recuperará si, a lo largo del tiempo, un gobierno tras otro demuestra respetar la propiedad privada.
En síntesis, la propuesta del Gobierno no me parece mal; el problema son los puntos señalados anteriormente: la inseguridad jurídica y, en el extremo, la pregunta de si el Gobierno está dispuesto a dejar quebrar el sistema financiero en caso de que los créditos en dólares otorgados a quienes tienen ingresos en pesos no los puedan pagar ante un eventual salto cambiario.
