Con retoques, el oficialismo quiere volver a la carga con el proyecto para agravar penas por falsas denuncias
Con modificaciones en la letra del proyecto, el oficialismo del Senado quiere aprobar en la sesión pautada para el próximo 6 de agosto el proyecto para agravar penas por denuncias falsas, impulsado por la senadora radical Carolina Losada.
El texto dictaminado en abril en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales no tenía los votos garantizados para ser aprobado en el recinto y había legisladores de la propia UCR que se oponían a la iniciativa de su colega.
La principal crítica estaba relacionada a que el proyecto incorporaba como agravantes las acusaciones por violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual. Y organizaciones de género advirtieron que el texto desincentivaba a las mujeres a que denuncien violencias contra ellas o sus hijos.
La figura de falsa denuncia ya existe en el Código Penal y prevé prisión de dos meses a un año o multa de pesos setecientos cincuenta a pesos doce mil quinientos al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad.
El proyecto original la elevaba de uno a tres años de prisión pero también proponía que si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena de prisión escalaría de tres a seis años.
La nueva versión del texto adopta un escritura más general, mantiene la pena básica de 1 a 3 años pero incorpora una multa obligatoria equivalente a 75 salarios mínimos.
Como agravante plantea en primer lugar a los delitos dolosos graves y a aquellos que tuvieran como víctimas a menores de edad o personas vulnerables. Para esos, la pena sería de dos a cinco años de prisión.
Pero el agravante es mayor si la falsa denuncia produjera una detención o restricciones. "Si la falsa denuncia hubiese resultado en la detención de la persona ofendida, o si hubiere implicado la restricción judicial de derechos de carácter patrimonial o familiar como consecuencia de ello, la pena será de tres (3) a seis (6) años de prisión", afirma el nuevo texto.
En cuanto a la pena por falso testimonio, el Código Penal actualmente establece que será sancionado con prisión de un mes a cuatro años, y de uno a diez años si se comete en una causa penal en perjuicio del imputado.
El proyecto dictaminado de Losada proponía elevar la pena de uno a cuatro años en general y de dos a ocho años cuando ocurra en una causa penal. Además, preveía un aumento de un tercio en las penas si el falso testimonio se producía en causas por violencia de género, delitos contra menores o contra la integridad sexual.
La nueva versión del texto mantiene la elevación general de la pena de uno a cuatro años y de dos a ocho años en causa criminal. A su vez agrega: "en causas criminales por delitos dolosos graves, o que tengan como víctimas a menores de edad o personas vulnerables, o hubieren tenido por consecuencia la detención del inculpado, en cuyo caso la pena será de tres (3) a diez (10) años de reclusión o prisión".
"Los cambios se hicieron más porque mejoran el proyecto en su totalidad; lo técnico y además crea una escala más en las penas", confía su impulsora Carolina Losada y agrega: "Por primera vez quedan como agravantes bien especificados la afectación de patrimonio, la ruptura de vínculos, y la privación de la libertad como consecuencia de una falsa denuncia que se demuestre que es intencional".
Por su parte, organizaciones de género que ya habían encendido las alarmas por el texto están estudiando el borrador pero adelantan que mantienen su rechazo e incluso advierten que los retoques pueden derivar en una aplicación más arbitraria de la ley.
Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) plantearon que el texto incorpora conceptos como "delitos dolosos graves" o "personas vulnerables" que no están especificados y que esa ambigüedad en la redacción es peligrosa.
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