La CGT encara un plan de lucha multisectorial para marcarle la cancha a Javier Milei
Tras el letargo mundialista, la Confederación General del Trabajo (CGT) vuelve este miércoles a las calles junto a las dos CTA y los movimientos sociales. Las centrales obreras junto con las organizaciones decidieron acompañar el reclamo que cada semana realizan los jubilados frente al Congreso a partir de las 15. Será la primera parada de su plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei para comenzar a visibilizar demandas y, así, marcarle la cancha al gobierno libertario.
La idea de encarar una serie de acciones de protesta a lo largo de los próximos meses se gestó hace ocho semanas. Sin demasiados resultados concretos con las huelgas generales, en el consejo directivo de la calle Azopardo decidieron armar una serie de manifestaciones, que incluyen asambleas y movilizaciones, para ganar agenda y sustento de las bases.
Bajo la era Milei, a la dirigencia cegetista le resultó difícil construir paros generales ante dos factores. Uno de ellos es la construcción de consensos entre las bases presionadas por los empleadores. Hay sindicalistas que reconocen ante PERFIL que hoy muchos empleados reciben avisos contundentes de parte de sus jefes para no parar y no perder el empleo. “Gana el miedo a quedar desempleado”, dicen en la CGT.
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El otro elemento pasa por el poco acuerdo entre cierta clase trabajadora en acompañar los reclamos gremiales. Si bien los trabajadores tienen dificultades para llegar a fin de mes, todavía mantienen confianza en la gestión de La Libertad Avanza. Y rechazan las opciones opositoras.
Ante este escenario, la cúpula de la CGT decidió pegar un volantazo y articular con las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) otro esquema que intentará ser más efectivo, que llame la atención y sobre todo que logre unir a los afectados por la motosierra de Milei. Esta gama de diferentes sectores intentó en varias ocasiones tejer alianzas entre sí pero no consiguió consolidarse. En esta oportunidad, prometen, la historia será distinta.
Otro dato: la reconfiguración del esquema de protesta incorpora reclamos específicos de los sectores vulnerados. Desde la UTEP, su titular Alejandro Gramajo confirmó que la jornada no se limitará al perímetro del Congreso, sino que incluirá ollas populares y asambleas en los principales accesos a la Capital Federal.
El detonante técnico de la aceleración territorial responde en la UTEP al reciente fallo de la Cámara Federal de San Martín, que revocó la medida cautelar que permitía a unos 900 mil trabajadores de la economía popular continuar cobrando bajo los parámetros del programa “Volver al Trabajo”. Ante la pérdida del amparo judicial, las organizaciones buscan elevar el perfil del reclamo.
"Venimos profundizando la relación con las centrales porque preveíamos este escenario de tensión social. La marcha con los jubilados opera como un faro de resistencia, pero la agenda requiere presencia constante en la calle", evaluó Gramajo.
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En tanto, dentro del edificio de la calle Azopardo predomina un diagnóstico crítico respecto a la evolución del salario real y el nivel de actividad. Datos de consumo que reflejan retracciones de dos dígitos en el primer semestre y la pérdida sostenida del poder de compra en el empleo registrado aceleraron las conversaciones para el armado de este plan de lucha que podría derivar en un nuevo paro nacional. Así lo expresó Andrés Rodríguez, líder de UPCN y secretario gremial de la CGT, en declaraciones radiales.
Más allá de la marcha, Jorge Sola, uno de los triunviros, destacó la importancia de la unidad que dio entre sectores que siempre manifestaron su rechazo a la gestión de Milei.
Paralelamente al despliegue territorial, los equipos jurídicos de las centrales monitorean la letra chica de los decretos reglamentarios vinculados a la reforma laboral y las contribuciones patronales. La atención de los abogados sindicales está puesta en las recientes modificaciones ejecutivas sobre los topes de las cuotas de solidaridad y el concepto de remuneración, donde observan "excesos reglamentarios" que buscarán impugnar en sede judicial si licúan el financiamiento de las estructuras.