“Sin infraestructura no vamos a ser competitivos”: contundente posición de empresarios y gremios en la Rural
Sin una fuerte inversión en infraestructura, la Argentina difícilmente podrá sostener el crecimiento y mejorar su competitividad. Esa fue la principal advertencia que dejaron representantes del agro, la industria, la construcción, el sistema financiero y los sindicatos durante una jornada organizada por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) en la Exposición Rural de Palermo. Allí señalaron que el país arrastra un déficit acumulado durante décadas: reconstruir el stock existente demandaría US$1,5 billones y solo su mantenimiento requiere unos US$25.000 millones por año.
El diagnóstico fue compartido por dirigentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). Con distintos matices, todos coincidieron en que la infraestructura requiere mucho más que recursos. También hacen falta estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y financiamiento de largo plazo para que las inversiones puedan concretarse.
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, advirtió sobre el impacto del atraso en las obras. Según explicó, reconstruir desde cero el stock de infraestructura del país demandaría US$1,5 billones, y a valor de reposición ya amortizado, la cifra baja a US$600.000 millones. Solo mantener la infraestructura existente requiere unos US$25.000 millones por año — el 4% del PBI que marcan los estándares internacionales —, el doble de lo que hoy destina el Estado. “Sin infraestructura no vamos a ser competitivos; sin eso, es muy difícil que la industria pueda competir en términos internacionales, que el agro, en vez de producir 100 millones de toneladas, pase a producir 150 o 180”, afirmó.
Para el dirigente, el desafío también pasa por definir cómo se financiarán las obras. “Tanta inversión privada como sea posible, pero tanta inversión pública como sea necesaria”, resumió. Además, aclaró que la inversión pública no depende únicamente de la Nación, sino también de las provincias y los municipios.
Pero conseguir los recursos es solo una parte del problema. Para Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), las obras de infraestructura requieren inversiones con plazos de recupero de entre siete y quince años y, por eso, la seguridad jurídica y la estabilidad macroeconómica son condiciones indispensables. “Cuando no hay seguridad jurídica, es un gran factor para que esta infraestructura no se desarrolle”, afirmó.
También advirtió que la Argentina destina hoy alrededor del 2% del PBI a infraestructura, cuando los estándares internacionales ubican esa inversión entre el 4% y el 5%. “Hemos abusado de los stocks”, dijo, al señalar que el país sigue utilizando infraestructura construida hace décadas sin invertir lo suficiente para mantenerla ni ampliarla. Aun así, consideró que el crecimiento de sectores como la minería y la energía representa una oportunidad para replantear las obras que necesitará el país. “Creo que es una gran oportunidad para redefinir toda la infraestructura que se va a necesitar en todos los aspectos: la minería, la energía, la industria. La infraestructura es para todos, pero por sobre todo para nuestra producción”, afirmó.
La discusión también pasó por cómo financiar las obras. Francisco Gismondi, gerente general de Adeba, explicó que mientras la Argentina no consolide una moneda estable será muy difícil desarrollar crédito de largo plazo para infraestructura. “Sin moneda estable, sin estabilidad macroeconómica, no hay ningún tipo de posibilidad de tener inversión de largo plazo”, afirmó.
Aun así, destacó que el crédito al sector privado pasó de menos del 5% al 13% del PBI en los últimos dos años, el mayor crecimiento desde que existen registros. Sin embargo, reconoció que la Argentina todavía está muy lejos de los niveles que muestran los países vecinos. “Veníamos del subsuelo. Estamos a años luz. Nos falta muchísimo”, sostuvo.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) también hicieron hincapié en que el crecimiento de la producción deberá ir acompañado por una mejora en la infraestructura. El presidente de la entidad, Nicolás Pino, sostuvo que el agro está en condiciones de producir más para responder a una mayor demanda, pero advirtió que ese objetivo requiere inversiones que hace años no se realizan. “Tenemos la responsabilidad de producir más y de estar a la altura de esa demanda. Pero para que toda esa mayor producción pueda ser coordinada y conducida se necesita algo que hace mucho no se hace en la Argentina: infraestructura”, afirmó.
Pino señaló que buena parte de la producción se mueve por unos 400.000 kilómetros de caminos de tierra y mencionó la hidrovía, además de las obras vinculadas al desarrollo de la minería y la energía, como ejemplos de inversiones que también beneficiarían al sector agropecuario. En ese sentido, sostuvo que rutas, ferrocarriles y obras logísticas serán claves para acompañar el crecimiento de distintas actividades productivas. “Nadie se salva solo”, dijo, al citar una frase del papa Francisco para destacar la necesidad de que distintos sectores trabajen de manera conjunta.
Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), sostuvo que el proceso de ordenamiento económico requiere tiempo y esfuerzos, pero consideró que es el camino para alcanzar equilibrio fiscal, superávit y una mayor integración con el mundo. “Este es el modelo que necesita la Argentina: un modelo de prolijidad, un modelo de equilibrio de cuentas, un modelo de tener superávit fiscal, superávit de balanza comercial y una apertura al mundo que nos permita integrarnos con todas las regiones”, afirmó. También pidió no esperar resultados inmediatos: “No se consigue sin sufrimiento”. Además, consideró que el Estado debe seguir teniendo un papel en el desarrollo de la infraestructura. “Coincido en la necesidad de que el Estado participe activamente; si no puede ser en el financiamiento, que sea en las garantías para las obras públicas”, sostuvo.
Desde la CGT, Cristian Jerónimo coincidió en la necesidad de ordenar la macroeconomía, aunque planteó que el desafío es hacerlo sin desatender el impacto social. El secretario de la CGT dijo que el orden macroeconómico y la baja de la inflación son necesarios, pero planteó que el desafío es lograrlo sin desatender el impacto social. “Estamos de acuerdo con que la Argentina tiene que ir hacia un orden macroeconómico, que tiene que tener orden fiscal y bajar la inflación. El tema es a costa de qué”, sostuvo.
Como ejemplo de las falencias de infraestructura mencionó el caso de Vaca Muerta, donde recorrer los 60 kilómetros entre Neuquén y Añelo puede demandar hasta tres horas por las condiciones de la ruta.
Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, aseguró que hoy el sector no tiene un interlocutor claro para discutir la agenda de infraestructura. “Ojalá tengamos la oportunidad de saber quién es el que se encarga de infraestructura, porque no sabemos con quién hablar”, afirmó. También reclamó previsibilidad, transparencia, seguridad jurídica y reglas claras para atraer inversiones de largo plazo. “Nadie es tonto en el mundo. Nadie va a invertir sin haber tratado las condiciones que den sustentabilidad”, sostuvo.
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