Carta orgánica del Banco Central: cuál es el impacto real y las dudas de la reforma que impulsa Milei

El Gobierno nacional avanza en el diseño de un proyecto clave para blindar su programa económico: una nueva reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El presidente Javier Milei busca plasmar por ley su promesa de campaña de impedir que la autoridad monetaria financie al Tesoro, práctica que califica como un "delito de lesa humanidad".

La reforma es bien recibida entre los analistas de la City, que advierten que el cambio en la ley madre del Banco Central puede servir para moderar riesgos inflacionarios a futuro, aunque algunos advierten el riesgo de que la nueva redacción "encorsete demasiado" los márgenes de maniobra de la autoridad monetaria frente a eventuales crisis financieras.

La reforma apunta directamente a revertir los cambios introducidos en el año 2012 durante la gestión de Cristina Kirchner. En aquel entonces, se modificó la misión del BCRA: se pasó de un objetivo único de "preservar el valor de la moneda" a un mandato de "múltiples objetivos" que incluyó el empleo y el desarrollo productivo, ampliando exponencialmente los márgenes para emitir pesos y girar utilidades al Tesoro.

Para las consultoras financieras, restringir esto por ley es un paso largamente reclamado. En un informe reciente de la firma Max Capital, los analistas Alejo Costa, Florencia Blanc y Juan Ignacio Day señalaron que el principal beneficio de una Carta Orgánica sólida radica en reducir drásticamente los riesgos inflacionarios futuros ante la amenaza de un eventual retorno de políticas expansivas o de corte populista.

Según sus estimaciones históricas, la dominancia fiscal y el abuso del impuesto inflacionario bajo la legislación posterior a 2012 deprimieron de forma constante la moneda argentina en comparación con el período 2006-2012. Los especialistas de la firma proyectan que, bajo un escenario de retorno de la oposición sin límites monetarios, el mercado demandaría un tipo de cambio libre significativamente más alto.

"Creemos que la moneda podría ser entre 15% y 20% más fuerte de lo que sería bajo una administración populista si existiera una carta orgánica del BCRA sólida que limite el financiamiento monetario, imponiendo indirectamente disciplina fiscal, aunque seguimos creyendo que un nivel de tipo de cambio cercano a $2300 sería factible en ese escenario", subrayaron.

Un exfuncionario del BCRA que prefirió hablar bajo reserva coincidió en que el desmantelamiento de los mecanismos de financiamiento directo es "bienvenido" y sumamente necesario. Al anular por ley el uso de los Adelantos Trasitorios y las Letras Intransferibles, se eliminan las dos "vías de escape" que los gobiernos anteriores utilizaron para cubrir el bache en el frente fiscal.

Al prohibir estas herramientas, la reforma obligará al Tesoro a financiarse exclusivamente a través del mercado de deuda local e internacional o mediante el superávit de sus propias cuentas públicas, quitándole al BCRA su rol de "brazo financiero".

En este punto, otra fuente de la City destacó que, si bien la iniciativa es positiva, puede "atar" demasiado a próximas administraciones a sostener el superávit fiscal como ancla. "Esto funciona si tienes superávit fiscal, o en su defecto, un mercado de capitales local con la profundidad necesaria para absorber todos los vencimientos de deuda, mientras que para Argentina se mantengan cerrados los mercados internacionales. La luz amarilla sería si frente a cualquier crisis externa no tienes esas dos vías de sostener el gasto", sostuvo.

Al mismo tiempo, la idea oficial de establecer penas de cárcel para directores del BCRA y funcionarios del Tesoro que habiliten la emisión genera cierto escepticismo. "Meterlo preso al funcionario parece más una declaración política redundante que una herramienta jurídica necesaria", opinó un economista.

Otros de los puntos que es celebrado por los analistas consultados por Clarín es la obligación de que los miembros del directorio del Banco Central, así como los titulares del organismo, sean designados por el Congreso.

Históricamente, las Cartas Orgánicas del Banco Central han establecido que los miembros del directorio deben ser designados con acuerdo del Senado de la Nación para garantizar mandatos de seis años y asegurar su independencia del presidente de turno. No obstante, sucesivos gobiernos han abusado de la figura de las designaciones "en comisión" por decreto del Poder Ejecutivo, lo que permite remover a los funcionarios de un día para el otro si no se subordinan a los deseos políticos de la Casa Rosada. Los analistas enfatizan que, para que la reforma sea creíble a largo plazo, es indispensable limitar rígidamente el tiempo que un director puede permanecer "en comisión" sin el aval del Congreso.

Finalmente, el éxito de la reforma de la Carta Orgánica se medirá por su capacidad para sobrevivir en el tiempo. Para los especialistas, que el texto se apruebe con mayorías especiales y un amplio consenso del arco político no kirchnerista en el Congreso es clave. De lo contrario, advierten, la Argentina continuará en el "poco serio" camino de tener una Carta Orgánica a la medida de cada gobierno de turno, licuando el efecto positivo de largo plazo que busca la reforma sobre las expectativas de inflación.

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