“Dólares del colchón”: crece la expectativa por una nueva prórroga y los contadores vuelven a reunirse con el Gobierno
A once días de que venza el plazo para que los argentinos se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias, la iniciativa del Gobierno para que los contribuyentes tengan un “tapón fiscal” y puedan usar los dólares guardados bajo el colchón, los contadores volverán a reunirse con funcionarios del Ministerio de Economía. El objetivo será poner sobre la mesa una posible prórroga de los vencimientos hasta agosto.
Originalmente, la reunión estaba prevista para este jueves al mediodía, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que posponerla hasta el viernes a las 14. Sería la segunda vez que se encuentren los principales tributaristas del país con el titular del Palacio de Hacienda, luego de que a finales de mayo la charla derivara en una primera prórroga de los vencimientos y un nuevo proyecto de ley para flexibilizar el régimen. Sin embargo, hasta el momento la nueva normativa no se trató en el Congreso.
Mientras tanto, el calendario impositivo siguió corriendo. Actualmente, los argentinos tienen tiempo hasta el 27 de julio para inscribirse al Régimen Simplificado de Ganancias, aunque los contadores hace semanas arrancaron una semana para intentar que la fecha se corra un mes calendario, hasta el 31 de agosto.
“Nuestra idea es que se pueda prorrogar, pero si es posible o no depende únicamente de ellos”, contó un tributarista que formará parte del encuentro. En cambio, otro contador se mostró más discreto y admitió que la idea de prorrogar parece poco probable, pero que llevarán a la mesa distintas propuestas para debatir e intentar que haya una mayor adhesión.
La propuesta formal la hizo esta semana el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, después de que le enviara una nota a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para solicitarle una nueva postergación. En cualquier caso, el objetivo es que el proyecto de ley que se armó con las sugerencias de los contadores logre tratarse en el Congreso.
“El proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo con la intención de ampliar el universo de contribuyentes comprendidos ha despertado el interés de adhesión por parte de quienes se encuentran excluidos en la normativa vigente. Por tal motivo, resulta indispensable contar con las disposiciones legales y reglamentarias definitivas para poder brindar un asesoramiento técnico adecuado y dar respuestas precisas a los interesados", dijeron.
Pero el escenario político tampoco ayudó a acelerar el tratamiento legislativo. La discusión quedó envuelta en la controversia que generó la adhesión del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias. “No es gratuito lo que pasó con este proyecto. Hay que ver cómo lo tratan; la oposición lo va a usar en contra”, reflexionó otro contador.
El proyecto oficial introduce varios cambios y, entre otros, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherirse. Hasta ahora, existen límites patrimoniales ($10.000 millones) y de ingresos ($1000 millones anuales). Pero la nueva versión elimina estas restricciones y la elegibilidad dependerá de la residencia fiscal y de no ser considerado un “Gran Contribuyente”.
También introduce modificaciones en el mecanismo de control de las denominadas “discrepancias significativas”, uno de los puntos que más cuestionamientos recibió desde su lanzamiento. La propuesta prevé que, si el contribuyente rectifica la declaración y cancela las diferencias dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA, no perderá automáticamente los beneficios del régimen.
A esto se le suma que la forma de medir la discrepancia significativa, que habilita al fisco a revisar, ya no se calcula sobre el saldo final de la declaración, sino sobre el impuesto determinado. A su vez, aunque se mantiene la diferencia del 15%, el régimen no se caerá si la diferencia no supera el 5% del monto previsto para la evasión simple, actualmente en $5 millones. Para los tributaristas, estos cambios son centrales para generar mayor seguridad jurídica.
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