"Se les deja de cerrar la puerta en la cara": el Gobierno impulsa un proyecto para que los extranjeros puedan comprar campos de forma ilimitada

Este jueves el Senado se tratará el proyecto de ley que impulsa el Gobierno para modificar la Ley 26.737 de Tierras Rurales dentro del paquete de normas para la inviolabilidad de la propiedad privada, que tiene como novedad la eliminación de las restricciones vigentes que tienen los extranjeros para comprar en el país.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la reforma al sostener que la Ley de Tierras sancionada en 2011 "criminalizó de facto la compra de tierras por parte de extranjeros", contradiciendo, según afirmó, "el espíritu de la Constitución, que reconoce los mismos derechos civiles a nacionales y extranjeros y promueve la inmigración de quienes vienen a trabajar y producir".

Ravier aseguró en la conferencia de prensa que realizó este martes en Casa Rosada que las restricciones vigentes frenan inversiones de gran magnitud, especialmente en el sector foresto-industrial de las provincias del NEA, Cuyo y la Patagonia, donde existen "proyectos millonarios que no pueden desarrollarse por estas trabas".

El funcionario remarcó que el proyecto establece una clara diferenciación entre los inversores privados y los Estados extranjeros. Por lo que la iniciativa endurece los controles sobre gobiernos extranjeros, sus empresas y las sociedades que controlan. "Actualmente pueden comprar hasta 1.000 hectáreas libremente, pero con esta ley van a precisar autorización específica, y cualquier intento de eludir esos controles mediante testaferros va a ser considerado una simulación ilícita".

En ese marco, resumió el objetivo de la reforma: "Al poder estatal extranjero se lo controla más que nunca, mientras que a los productores e inversores genuinos se les deja de cerrar la puerta en la cara".

Actualmente, la Ley de Tierras Rurales N° 26.737 fue sancionada en 2011 y establece que los extranjeros no pueden superar el 15% del total de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Específicamente, en la zona núcleo (donde se concentran los campos de mayor productividad del país) tiene un tope de 1.000 hectáreas. Además, prohíbe la venta de campos que incluyan o limiten con cuerpos de agua permanentes, zonas de glaciares o áreas de frontera.

Según datos oficiales, la Argentina cuenta con una superficie continental de 279,1 millones de hectáreas, de las cuales unas 266,7 millones corresponden a tierras rurales. De este total, alrededor de 16,2 millones de hectáreas están en manos extranjeras, el 6% del total.

Lucas Palma, presidente de la Cámara Inmobiliaria Rural (CAIR), señaló que las tierras que están en manos de extranjeros están muy por debajo del límite legal vigente. A nivel provincial, distritos como Salta, La Rioja, Catamarca y Corrientes presentan niveles de extranjerización que oscilan entre el 10% y el 13%, acercándose al tope permitido.

Mientras que en el corazón productivo del país es que la región núcleo registra históricamente los menores porcentajes de tierras rurales en manos de extranjero. En la provincia de Buenos Aires la superficie de titularidad extranjera representa apenas el 2,87% del total, mientras que en Córdoba alcanza el 1,21% y en Santa Fe el 1,71%.

Por su parte, Federico Nordheimer, titular de Nordheimer Campos y Estancias, aportó: “El debate sobre la modificación de la Ley de Tierras vuelve a poner sobre la mesa uno de los temores más arraigados del imaginario argentino: que los extranjeros vengan a comprarnos el campo. Es un miedo comprensible, con raíces históricas y culturales profundas, pero quienes trabajamos día a día en el mercado inmobiliario rural sabemos que la realidad del sector cuenta una historia bastante diferente”, señaló

Respecto del posible impacto de la reforma sobre el valor de la tierra, el, titular de CAIR consideró que el efecto no estará dado exclusivamente por la flexibilización del régimen para inversores extranjeros, sino por el conjunto de medidas económicas que mejoren la rentabilidad del sector.

"Lo que realmente puede hacer subir el valor de los campos son políticas, como la eliminación de las retenciones y reglas de juego claras. Eso permitiría que Argentina recupere terreno y se acerque a los valores internacionales", sostuvo.

En ese sentido, recordó que actualmente una hectárea agrícola en la zona núcleo cotiza entre US$ 17.000 y US$ 20.000, valores que, según indicó, continúan por debajo de los registrados en países vecinos. "Dependiendo de la región, en Uruguay o Brasil una hectárea puede valer el doble o incluso el triple que en Argentina, aun cuando se trate de tierras de menor calidad productiva", señaló.

Palma atribuyó ese atraso a la pérdida de rentabilidad acumulada por el sector agropecuario durante las últimas dos décadas. "Veinte años de retenciones significaron para la Argentina unos 170.000 millones de dólares. Es un monto equivalente al valor de aproximadamente 10 millones de hectáreas de la zona núcleo", afirmó. A ese impacto sumó las restricciones cambiarias.

Nordheimer señaló que podría abrir un espacio genuino para el capital extranjero en proyectos de largo plazo y alta inversión, como el desarrollo de zonas con riego o la implantación de cultivos permanentes (pistachos, almendros, nogales) o forestales que requieren entre cinco y diez años hasta alcanzar la primera cosecha rentable. En esos segmentos, destacó que la Argentina cuenta con tierra y condiciones agroclimáticas favorables, pero enfrenta una limitación recurrente: la falta de capital paciente dispuesto a esperar retornos diferidos.

“Los grandes fondos institucionales que pueden venir a la Argentina no trabajan solos: se asocian con administradores y productores locales. No traen todo su equipo de afuera, sino que buscan alianzas con actores argentinos. Eso asegura que el desarrollo se haga con conocimiento local y que los beneficios se distribuyan en la economía nacional”.

La participación de capital extranjero en la propiedad de tierras rurales es un fenómeno extendido en Sudamérica, aunque cada país aplica diferentes mecanismos de regulación.

En Paraguay, diversos estudios de organizaciones sociales e investigativas, como BASE-IS y CLACSO, estiman que entre el 14,2% y el 19,4% de la superficie nacional pertenece a propietarios extranjeros. La mayor presencia corresponde a productores y empresas brasileñas, especialmente en los departamentos fronterizos, donde la participación de capital extranjero puede alcanzar hasta el 60% de las tierras rurales.

En Uruguay, distintas investigaciones académicas de la Universidad de la República estiman que alrededor de 2,2 millones de hectáreas están bajo el control de grupos corporativos y capitales extranjeros, en muchos casos a través de sociedades anónimas. La expansión de la actividad forestal y de los agronegocios ha sido uno de los principales motores de este proceso.

Para regular estas inversiones, Uruguay implementó la Ley Nº 18.092 y otras normas complementarias que exigen la identificación de los accionistas y un estricto registro de la titularidad de las tierras. Además, el Parlamento analiza proyectos para reforzar los controles sobre la adquisición de campos, especialmente en las zonas de frontera.

En Brasil, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) registra unas 4,5 millones de hectáreas en manos de extranjeros. La legislación brasileña mantiene restricciones históricas mediante la Ley 5.709/71, que limita la propiedad extranjera al 25% del territorio de cada municipio y al 10% para una misma nacionalidad.

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