La AMIA no pertenece al pasado
Cada 18 de julio, Argentina se enfrenta a uno de los capítulos más dolorosos de su historia. Esta semana se cumplen 32 años del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, y que sigue siendo el atentado terrorista más letal de la historia de Argentina. Con el devenir del tiempo toda conmemoración corre un riesgo: convertirse en un ritual que pierde su capacidad de interpelarnos.
Ese día no puede reducirse a una fecha en el calendario. Lo que ocurrió aquella mañana de 1994 no golpeó únicamente a la comunidad judía: fue un ataque contra la democracia argentina, contra la convivencia y contra los valores de una sociedad plural. Fue, también, uno de los puntos más bajos de la historia del país. Por eso recordar es una responsabilidad de todos.
Hoy, esa responsabilidad adquiere un significado aún más relevante. El antisemitismo atraviesa un preocupante resurgimiento en todo el mundo. Tras los ataques terroristas de Hamas en Israel el 7 de octubre de 2023, el odio contra los judíos volvió a manifestarse con fuerza, alimentado por la polarización, la desinformación y la velocidad con que las redes sociales amplifican los discursos extremistas.
Argentina ocupa en este escenario un lugar particular, casi paradójico. Dentro de los países con las comunidades judías más grandes en la diáspora (J7), sigue siendo uno de los países más seguros para la vida judía y, sin embargo, no está al margen de las corrientes globales actuales. La DAIA registró 713 incidentes antisemitas en 2025, lo que representa un aumento del 67% con respecto a 2022. Aunque entre 2021 y 2023 Argentina registró apenas cuatro incidentes violentos, en los dos años siguientes esa cifra ascendió a 19 –10 en 2024 y nueve en 2025–, una tendencia que evidencia un incremento drástico en el número de ataques violentos. Detrás de esas cifras hay una advertencia que excede a una comunidad: cuando el prejuicio se normaliza y el extremismo circula sin resistencia, toda la sociedad se vuelve más vulnerable.
La violencia nunca aparece espontáneamente. Antes llegan las palabras que deshumanizan, las teorías conspirativas que erosionan la confianza pública y los discursos que convierten al otro en una amenaza. Esa violencia encuentra terreno fértil cuando las lecciones de la historia, desde el Holocausto hasta la propia AMIA, dejan de transmitirse con la fuerza necesaria.
Y hay algo más que no debe olvidarse. La justicia argentina estableció que tanto el ataque a la AMIA, hace 32 años, como el bombardeo contra la Embajada de Israel, hace 34, fueron planificados por el régimen de Irán y ejecutados por su brazo armado, Hezbollah. Es el mismo patrón que se repite hoy: Irán, principal exportador de antisemitismo y terrorismo en el mundo, respaldó a Hamas en la masacre del 7 de octubre y sostiene a Hezbollah y a otros grupos terroristas que aún atacan al único Estado judío. Cuando el odio contra los judíos cuenta con el auspicio de un Estado, deja de ser un problema local y se vuelve una amenaza global.
En ese contexto, el liderazgo importa. Mientras numerosos gobiernos han respondido con ambigüedad frente al crecimiento del antisemitismo, el gobierno argentino ha rechazado de manera contundente el antisemitismo, tomando pasos concretos para proteger a la comunidad judía. Ese compromiso tiene un impacto real. Cuando quienes ejercen responsabilidades públicas condenan el odio, establecen un estándar que ayuda a toda la sociedad a distinguir con claridad entre el debate legítimo y la intolerancia. Pero ningún liderazgo institucional basta por sí solo.
La experiencia del resto de los países del J7 (EE.UU., Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania y Australia) ofrece una lección que no debería ignorarse. Durante décadas, las comunidades judías en estos países podían expresar libremente su identidad y desarrollar plenamente su vida comunitaria sin temor. El aumento sostenido de los incidentes antisemitas en los últimos años y los recientes ataques terroristas contra judíos en Australia, EE.UU. y Reino Unido demostraron que, incluso las sociedades más abiertas, pueden verse sorprendidas cuando la intolerancia no se enfrenta a tiempo.
Combatir el antisemitismo exige mucho más que condenas posteriores a cada incidente. Requiere educación, instituciones sólidas, una justicia que actúe con firmeza y una sociedad civil dispuesta a rechazar cualquier forma de discriminación antes de que derive en violencia.
Y hay una deuda que no puede quedar fuera de esta reflexión: 32 años después, las víctimas de la AMIA y sus familias siguen esperando justicia plena. Ha habido avances importantes, pero la impunidad prolonga el dolor y transmite una señal peligrosa: que el terrorismo puede quedar sin consecuencias. Ninguna sociedad puede permitirse aceptar ese mensaje.
Con esa convicción vine a Argentina junto a una delegación de la Liga Antidifamación (ADL). Lo hago para acompañar a la comunidad judía en un nuevo aniversario de la AMIA, abrazar a las familias de las víctimas, fortalecer la cooperación con las autoridades y la sociedad civil, y reconocer el compromiso del gobierno argentino con la comunidad judía. Mi visita coincide, además, con un momento de especial relevancia: Argentina asumió la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA), una oportunidad para profundizar la cooperación internacional y promover herramientas eficaces para enfrentar el antisemitismo.
El aniversario de la AMIA no debería ser apenas un momento para mirar hacia atrás. Debe ser, sobre todo, una oportunidad para renovar un compromiso compartido: enfrentar el antisemitismo, combatir el terrorismo y defender la convivencia y nuestros valores democráticos.
Porque una democracia no se define únicamente por la fortaleza de sus instituciones. También se mide por su capacidad para proteger a sus minorías, defender la dignidad humana y actuar antes de que el odio vuelva a convertirse en violencia.
*Marina Rosenberg es la vicepresidenta senior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación (ADL).