El gobierno argentino también se podría cerrar
Cada tanto, cuando en Estados Unidos el gobierno cierra sus oficinas, alguien pregunta si podría pasar acá. La respuesta es no. Y esa imposibilidad, que solemos celebrar, merece una segunda mirada.
La razón tiene nombre y número: artículo 27 de la Ley 24.156. Dispone que, si al empezar el año no hay presupuesto nuevo, se prorroga automáticamente el anterior. Nadie tiene que votarlo ni declararlo. La prórroga opera sola, por el mero paso del tiempo.
Suena prudente. Y en parte lo es. Pero mirémoslo de cerca: significa que un gobierno puede funcionar años sin que el Congreso apruebe un solo presupuesto. Y en Argentina no es una hipótesis. Pasó. La prórroga dejó de ser una red de emergencia para volverse una costumbre.
Ahí está el problema. El presupuesto no es un trámite: es el momento en que los representantes del pueblo deciden en qué se gasta la plata de todos. Cuando la prórroga lo vuelve opcional, ese debate desaparece. El Ejecutivo gasta con un presupuesto viejo, y el Congreso pierde su herramienta más poderosa de control.
El modelo estadounidense hace lo contrario. Sin ley de presupuesto, no hay permiso para gastar. Es incómodo, sí. Pero obliga a negociar. Fuerza a que oficialismo y oposición se sienten a acordar, porque la alternativa –el cierre– le duele a todos.
Acá esa presión no existe. Sin costo por no aprobar el presupuesto, no hay incentivo para debatirlo. La prórroga premia la inacción.
Incorporar un mecanismo de cierre no es importar el caos. Es devolverle sentido a una obligación constitucional. Se puede hacer con matices propios: proteger salarios, jubilaciones y servicios esenciales, y activar el cierre solo sobre el gasto discrecional. Diseñado con inteligencia, no paraliza al Estado: lo obliga a rendir cuentas.
En tal sentido, resulta necesario reformar la ley de Administración Financiera y, la misma no sería quitar una red. Sería poner una alarma. Una que suene cuando el Congreso, año tras año, elude la decisión más importante que le confió la Constitución.
Sí, tendría costos. Todo mecanismo de control los tiene. Pero la comodidad de que el Estado nunca cierre nos salió cara: presupuestos eternos, debates que no ocurren, discrecionalidad, controles que se apagan.
Un Estado que puede cerrar es, también, un Estado al que se le puede exigir. Y esa exigencia, lejos de ser una amenaza, es la forma más sana de tomarnos en serio la República.
