El plan de Milei para el Central con el que quiere sorprender a Georgieva
Javier Milei quiere entrar en la historia económica de Argentina como el Presidente que logró, por fin, la independencia definitiva del Banco Central de la República (BCRA). De una vez y para siempre, y con castigos fuertes para el titular de la entidad y el directorio que lo violente. Su intención de reforma va incluso más allá de lo que siempre recomendó el Fondo Monetario Internacional (FMI); que simplemente (o no tan simplemente) reclama desde siempre la separación de poder monetario entre el gobierno nacional y el BCRA, en un movimiento para llevar la situación de la entidad a un estatus como el de Perú o Uruguay. Pero Milei quiere más. Y, nuevamente, sorprender a Kristalina Georgieva y su gente, con una reforma que supere con creces las recomendaciones clásicas del organismo financiero internacional para el país.
El jefe de Estado lo hizo siempre. En enero de 2024, cuando les envió a los popes del FMI sus propuestas de superávit fiscal de más de 1,5% y no emisión monetaria para ese año, el organismo aceptaba con felicitación un equilibrio entre recaudación y gastos primarios. También lo hizo al negociar el año pasado el acuerdo de Facilidades Extendidas vigente, cuando corrigió hacia arriba las proyecciones de superávit, reservas y reformas estructurales, en tiempos en que hasta el FMI le pedía que no ajustara demasiado en gastos sociales.
El Mandatario propone establecer responsabilidades penales contra los funcionarios
Milei siempre fue por más de lo que le reclamaba el Fondo Monetario, y la reforma del BCRA no será la excepción. Lo sabrá seguramente la propia Georgieva, que el 28 y 29 de julio visitará el país y se reunirá con Luis “Toto” Caputo y su equipo. Pero, fundamentalmente, con el Presidente, quien le planteará lo que será su obra más importante: la reforma del BCRA, con un contenido que superará lo que el Fondo aspira.
La inspiración de Milei es un clásico moderno de la economía libertaria austríaca. Se trata del libro “La Inflación como Delito”, de Ricardo Manuel Rojas, publicado en 2022 en Argentina y en 2023 en España. Es un libro de 280 páginas que gira permanentemente en torno de una idea central: “la inflación no es el aumento de los precios, sino el aumento de la cantidad de dinero”. Ni más ni menos. En consecuencia, el incremento de los precios es la consecuencia visible de la expansión monetaria y no la inflación en sí. A partir de esa definición, sostiene que: en un sistema de moneda fiduciaria de curso forzoso, el Estado posee el monopolio de la emisión monetaria; cuando el gobierno emite dinero en exceso para financiar el gasto público o el déficit fiscal, reduce el poder adquisitivo de la moneda; en consecuencia, esa pérdida de valor constituye un perjuicio patrimonial para los ciudadanos.
Lo novedoso de Ricardo Rojas, y que toma Milei como concepto para su reforma, es que ese movimiento monetario de los gobiernos y gobernantes debe ser considerado un delito. No parte de la política monetaria, financiera o cambiaria: un delito, penable por la justicia y con una ley que lo respalde.
Se llega así a la parte más original de la propuesta de Rojas: su enfoque jurídico. Rojas argumenta que la emisión monetaria excesiva debería ser considerada una forma de adulteración o falsificación de moneda, ya que altera deliberadamente el valor del dinero y afecta el patrimonio de quienes lo poseen. Por ello propone: incorporar un nuevo tipo penal al Código Penal; establecer responsabilidades personales para los funcionarios que autoricen emisiones monetarias sin respaldo legal; y limitar constitucional y legalmente la capacidad del Estado para emitir dinero.
Luego, el BCRA deberá prohibir tajantemente financiar de manera permanente el déficit fiscal mediante emisión monetaria, bajo el riesgo no solo de una condena social por las consecuencias económicas, financieras o cambiarias, sino, potencialmente, con la cárcel para el titular de la entidad que autorice ese financiamiento y para el político que lo impulse y potencie. Aclara Rojas que la emisión no está prohibida en sí misma, sino que debe obedecer a estrictas reglas y normas de expansión, siempre lejanas a la utilización con fines fiscales. Diferente sería el caso de compra de dólares o movimientos financieros que representen desendeudamientos. Estas operaciones de emisión de moneda local deberían estar, además, perfectamente anunciadas, presupuestadas y pautadas, para que no se tomen en el mercado como una simple expansión. Más aún en economías inflacionarias o posinflacionarias, como la Argentina actual y, ojalá, la del futuro. En consecuencia, el BCRA, su presidente y su directorio deben establecer reglas estrictas sobre la emisión monetaria para evitar su utilización con fines fiscales.
Rojas plantea también en su propuesta otras ideas complementarias, comenzando por el permiso para la libre competencia de monedas, un concepto sobre el que Milei y el equipo de Caputo vuelven permanentemente. En una reforma ya completa, cualquier operador local podría elegir qué moneda utilizar, con lo que, siguiendo la cultura criolla, deberían convivir en libertad pesos o dólares en igualdad de condiciones. A diferencia de la dolarización clásica, la propuesta consiste en eliminar el monopolio estatal sobre el dinero y permitir que las personas elijan con qué moneda operar. Funcionaría, según la teoría de Rojas, sin la obligación pública de usar una moneda específica como medio de pago exclusivo, con lo que los ciudadanos podrían cobrar salarios en pesos, dólares, euros o cualquier otra moneda aceptada; ahorrar en la moneda que prefieran; celebrar contratos en cualquier divisa; y usar monedas digitales privadas o criptomonedas si las partes las aceptan. Se sabrá cuál será el modelo argentino, pero la intención de máxima sería esta libertad monetaria. En concreto, el peso seguiría existiendo, pero competiría con otras monedas. Sin embargo, y al no haber inflación, la moneda local podría tener valor de competencia.
El libro se apoya principalmente en autores de la tradición liberal y austríaca, como Ludwig von Mises, Friedrich Hayek y Murray Rothbard, sosteniendo que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario y que el monopolio estatal de la emisión genera incentivos para utilizarla como mecanismo de financiamiento del gasto público. Para Rojas, la clave es la disciplina de mercado: si el Banco Central emite demasiados pesos y el peso pierde valor, se dejarían de usar pesos, habría migración hacia otras monedas y caería la demanda. Al revés, si el país se comporta de manera prolija, incluso podría refundar el peso y hacer que valga más que otras monedas menos cuidadas en algún momento determinado, como en un conflicto armado. En esa lógica, el emisor de una moneda, en este caso el BCRA, debe mantener su estabilidad para que el público continúe utilizándola.
Georgieva escuchará. Y seguramente le dará vía libre a la idea de Milei, que se conocerá en las próximas semanas. Después será el tiempo de los políticos para saber si el Presidente cuenta o no con los votos para que una reforma tan profunda como la que se presentará en días en sociedad pueda pasar por el Congreso.
En principio, el FMI pide menos: simplemente con enterrar la reforma del 2012 sería suficiente. Aquel cambio, aprobado mediante la Ley 26.739, sancionada por el Congreso y promulgada el 27 de marzo de 2012 durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, rompió la función única y fundamental del BCRA de preservar la moneda, permitiendo a la entidad diferir recursos de las reservas para otros fines, como fomentar políticas económicas “de desarrollo”, “el empleo” o “la igualdad social”. La consecuencia fue una caída de las reservas, de U$S 50.000 millones conseguidos durante la gestión de Martín Redrado, hasta una demolición de menos de U$S 25.000 millones al final de la gestión kirchnerista. Se abandonó, además, para siempre la persecución del fin de preservar la moneda. Luego volvió fuerte la inflación, y nunca más se fue. Si esa acción posterior al 2012 de uso de las reservas para políticas públicas se hubiera dado con las ideas de Rojas y la ley que impulsará Milei, los presidentes del BCRA posteriores a Redrado podrían haber terminado con juicios penales.
