Por la caída de la recaudación, Caputo puso un pie en los subsidios a las petroleras y les adeuda US$ 220 millones
El Gobierno les dejó de pagar hace tres meses a las petroleras que producen gas natural y comprometieron inversiones en Vaca Muerta y Tierra del Fuego mediante el Plan Gas. La deuda ya acumula el equivalente en pesos a unos 220 millones de dólares e inquieta al máximo nivel directivo de las empresas, que habitualmente financian sus inversiones con su propio flujo de caja, compuesto por las ganancias previas, hoy retenidas en el Ministerio de Economía.
Los atrasos canalizados mediante la empresa pública Energía Argentina (Enarsa) corresponden a las inyecciones de gas de febrero, marzo y abril. Esta semana se canceló el 40% de enero, que se debía desde hace tres meses.
Las petroleras cobran luego de 65 días de que finalice el mes; esta semana venció la factura de abril. Parte del dinero sale de lo que le pagan los usuarios a las distribuidoras y el resto lo aporta el Estado, para cubrir los costos que no se les trasladan a los hogares que reciben subsidios.
Pero como el objetivo innegociable del gobierno de Javier Milei es mantener intacto el superávit fiscal como elemento ordenador de las cuentas públicas y arma para bajar la inflación, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, suele pisar pagos a proveedores hasta que cuente con los suficientes ingresos, sin recurrir a tomar deuda con instituciones financieras ni a la asistencia del Banco Central en forma de emisión monetaria.
En ese sentido, la persistente caída de la recaudación tributaria -que bajó en 10 de los últimos 11 meses- obliga al equipo económico de Luis Caputo a seguir recortando el gasto o dejar de transferir dinero a empresas públicas y proveedores del Estado.
Incluso este año aumentó el costo de la energía y subió el gasto en subsidios, compensado con podas a la obra pública y las transferencias a las provincias.
Los principales productores de gas de la Argentina son YPF, Tecpetrol, Pan American Energy (PAE), la francesa TotalEnergies, Pampa Energía, la británica de capitales alemanes Harbour Energy, Pluspetrol y la Compañía General de Combustibles (CGC).
Es decir, que las empresas de Paolo Rocca, la familia Bulgheroni, la familia Mindlin y Eduardo Eurnekian, dos multinacionales y el propio Estado como accionista se ven complicados por los incumplimientos contractuales de la Argentina, cuya historia de defaults quiere enderezar Milei pero se ve superado por las circunstancias.
La situación fue alertada permanentemente por el sector privado a las autoridades económicas y del área energética, en conversaciones informales y mediante cartas enviadas por la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH).
En los despachos oficiales opera una lógica común a todas las administraciones: si no cierran las cuentas, es más fácil dejar de pagarles tres meses a las petroleras que a los jubilados. Las petroleras no hacen marchas a Plaza de Mayo ni comprometen la paz social.
Clarín contactó a distintas fuentes oficiales, y respondieron que en julio "se va a reducir bastante" la deuda total, debido a que está previsto que se realice algún pago.
Por el momento no se ve un impacto en la actividad, pero las petroleras están preocupadas porque el gas que el Gobierno les debe es el inyectado en verano, con menores volúmenes y precios más bajos (2,80 dólares por millón de BTU en promedio).
Si persiste el atraso, en los próximos meses la deuda será sobre la producción de gas comprometida en invierno, que es mayor en volumen y más cara (promedio de US$ 4,50). En tan solo un mes, la factura estatal se puede incrementar en 250 millones de dólares extra.
En términos presupuestarios, el equipo de Caputo ni siquiera devengó estas operaciones, por lo que no quedó registrado como "deuda flotante". Mientras tanto, paga en término las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL) en barcos -con costos superiores a los US$ 20 por millón de BTU y un total de más de US$ 800 millones en todo el invierno- para garantizar la seguridad del suministro.
Las empresas financian sus inversiones en el shale de Vaca Muerta y en a 60 kilómetros de la costa de Tierra del Fuego (offshore) con el mismo dinero que perciben por sus ventas de petróleo y gas. Si no, deben recurrir a emitir deuda para no pagar penalidades por incumplir los volúmenes de gas comprometidos en el programa Plan Gas.
Mientras el país quiere sumar exportaciones de gas licuado al mundo -una iniciativa está conformada por PAE, YPF, Pampa Energía y Harbour Energy, precisamente 4 de los 7 grandes acreedores de esta deuda-, los atrasos oficiales impactan en el riesgo de los proyectos, tanto el de Southern Energy como el Argentina LNG, encabezado por YPF, la italiana ENI y la emiratí Adnoc.
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