Una Defensoría vacía para una infancia vulnerable
Mientras millones de niñas, niños y adolescentes de Argentina enfrentan hambre, pobreza, violencia y exclusión, lo peor de la política demuestra que sus derechos no tienen lugar en la agenda pública. Hace más de un año que la Defensoría Nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes está acéfala y el proceso para cubrir ese cargo quedó atrapado en una disputa política y judicial.
La polémica empezó cuando el Senado dejara paralizada la designación de la abogada María Paz Bertero, cuya candidatura había sido aprobada en octubre por la Cámara de Diputados con 156 votos. En lugar de completar el procedimiento, la nueva mayoría oficialista de la Comisión Bicameral dio por caído el concurso y promovió un nuevo reglamento que elimina el examen escrito y el orden de mérito, debilita mecanismos de participación y reduce la intervención de niñas, niños y adolescentes.
En junio el juez federal Enrique Lavié Pico declaró nula la integración de la Comisión por no respetar la representación proporcional establecida en la Ley 26.061, que es la norma fundamental de protección integral de los derechos de la infancia.
La Defensoría tiene facultades para representar judicialmente a niñas, niños y adolescentes cuando sus derechos son vulnerados. Entre 2020 y 2024 intervino en más de 2700 casos individuales y colectivos: reclamos de medicamentos, becas escolares, construcción de Centros de Primera Infancia, acceso a agua potable y graves situaciones de violencia, incluidos abusos sexuales.
Según el último informe de UNICEF, más de 5 millones de niñas, niños y adolescentes viven en hogares pobres, y más de un millón en hogares indigentes. La Universidad Católica Argentina advierte que el 30% de los chicos sufre inseguridad alimentaria. Miles de hogares dejaron de comprar medicamentos y redujeron controles médicos por falta de recursos. Además, crecen el grooming, el ciberacoso y las apuestas online.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Fundación Sur e Infancia en Deuda reclaman que el concurso por la Defensoría respete los principios de transparencia, publicidad e idoneidad. Proponen mantener un proceso con reglas claras, criterios objetivos de evaluación y la participación de un comité asesor independiente.
Se suele repetir que los niños son el futuro, pero la obligación del Estado es garantizar sus derechos hoy. La Ley 26.061 establece que el interés superior del niño debe ser prioridad absoluta. Se ve que para ciertos adultos no lo es.
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