ARA San Juan: el argumento de altos mandos retirados de la Marina de por qué no debían ser condenados por el caso
Días antes de que se conociera el fallo por la causa del hundimiento del submarino ARA San Juan, el Foro de Almirantes Retirados difundió un documento consensuado en el que rechazó la posibilidad de que hubiera condenas penales para los oficiales juzgados y advirtió que una sentencia de ese tipo tendría consecuencias para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas.
"La sentencia condenatoria nos llevará a un camino sin retorno en el funcionamiento de las Fuerzas Armadas", afirmaron en el texto, firmado por alrededor de 90 almirantes y vicealmirantes retirados de la Armada Argentina.
Este miércoles, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó al ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, a tres años de prisión en suspenso por el delito de estrago culposo. En cambio, fueron absueltos Luis López Mazzeo, quien integraba el Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, ex jefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, ex responsable del área de Operaciones.
Según pudo saber este diario, la difusión del documento cayó mal entre autoridades políticas del Ministerio de Defensa y también dentro de las propias Fuerzas Armadas, aunque oficialmente no hubo pronunciamientos sobre el fallo judicial. Y difícilmente lo hagan.
La difusión del documento del Foro, que nuclea a ex importantes altos mandos, y que preside hoy el vicealmirante (RE) VGM Eduardo Alberto Fondevila Sancet representa para ellos una incómoda posición pública sobre lo que ocurre adentro.
El texto, al que los propios marinos denominaron internamente un "paper", comienza con un homenaje a los 44 tripulantes desaparecidos el 15 de noviembre de 2017 y expresa solidaridad con sus familias. Los firmantes sostienen que aquellos marinos "ofrendaron sus vidas con el convencimiento pleno de resguardar uno de los vitales intereses de la Nación: la soberanía argentina en el mar".
A continuación, cuestionan aspectos del proceso que derivó en el juicio. En particular, señalan que el Consejo General de Guerra instruido en el ámbito del Ministerio de Defensa no estuvo integrado por marinos, circunstancia que, a su juicio, pudo haber influido en el posterior trámite judicial. Con el gobierno kirchnerista, desapareció lo que antiguamente se conocía como Justicia Militar.
Los almirantes retirados sostienen además que alrededor de 90 testigos, todos profesionales vinculados a la actividad naval, coincidieron durante el debate en que el ARA San Juan "reunía las condiciones de adiestramiento, alistamiento y apresto necesarias para cumplir la misión asignada". Añaden que esa conclusión también fue compartida por asesores de la Comisión Bicameral Investigadora creada por el Congreso y por la comisión asesora convocada por el Ministerio de Defensa.
Uno de los ejes centrales del documento es la defensa del "principio de autoridad del comandante de un buque". Recuerdan que el Reglamento General del Servicio Naval establece que la responsabilidad del comandante sobre su unidad es absoluta y sólo cesa cuando es relevado por una autoridad competente. Argumentan que ese principio constituye la base del funcionamiento de las marinas de guerra de todo el mundo, ya que es el comandante quien, una vez en navegación, debe evaluar las condiciones reales y adoptar las decisiones correspondientes.
En ese sentido, afirman que en tiempos de paz los comandantes priorizan la seguridad de sus tripulaciones y que, cuando consideran que existen condiciones que afectan esa seguridad, pueden decidir no zarpar o regresar a puerto.
El Foro también sostiene que el ARA San Juan "zarpó en condiciones seguras para navegar", apoyándose en declaraciones atribuidas a su comandante, Pedro Martín Fernández. Sobre el desenlace de la tragedia, los firmantes afirman que nunca podrá conocerse con certeza qué ocurrió desde que el submarino inició la inmersión hasta su implosión y que sólo existen hipótesis sobre la secuencia final de los hechos. Claro que esta no es la posición de los familiares de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia. Más bien la contraria.
El documento concluye con una fuerte advertencia institucional. Sus autores consideran que una condena contra oficiales superiores podría modificar la cultura de mando dentro de las Fuerzas Armadas, desalentar a futuros comandantes a asumir responsabilidades y afectar la disposición a tomar decisiones operativas en actividades que, por su naturaleza, implican riesgos.
"Condenar a un grupo de prestigiosos oficiales navales sólo servirá para que futuros oficiales de comando rehuyan o recelen de sus enormes responsabilidades con magros recursos y cambien su idiosincrasia en detrimento de su eficiencia", sostienen. A su juicio, ello "destruirá la doctrina y los reglamentos" de la Armada.
Finalmente, el Foro advierte que el temor a eventuales responsabilidades penales podría repercutir sobre todas las operaciones que desarrollan las Fuerzas Armadas, desde el control del mar y la logística antártica hasta las misiones de paz internacionales y el apoyo a la población en situaciones de emergencia.
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