"Todo se pagaba pero nada se cumplía": la Fiscalía comenzó su alegato en el juicio a los hermanos Schoklender y De Vido por el programa "Sueños Compartidos"
El fiscal federal Diego Velasco dijo este miércoles que entre el gobierno nacional de Cristina Kirchner y la fundación Madres de Plaza de Mayo hubo un "esquema criminal" por el cual se desviaron fondos para la construcción de viviendas sociales en todo el país, muchas de las cuáles no se terminaron y que se hicieron con "concesiones escandalosas e ilegales".
Velasco inició los alegatos en el juicio oral en el que se juzga el programa "Sueños Compartidos" de las Madres y adelantó que pedirá condena para todos los acusados, entre ellos los hermanos Sergio y Pablo Schoklender -apoderados del programa-, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
"Se ha demostrado cómo a través de un esquema criminal pergeñado y organizado desde el estado nacional en connivencia con los responsables del proyecto ´Misión Sueños Compartidos´ de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, tanto Sergio y Pablo Schoklender, como apoderados, se adjudicaron a través de contrataciones directas obra pública de construcción de viviendas sociales y hospitales en diferentes provincias afines al gobierno nacional de esos años", sostuvo Velasco al iniciar su exposición ante el Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py.
El fiscal señaló que los Schoklender "convirtieron de la noche a la mañana a la fundación en una de las empresas de construcción más importantes del país" y a ellos en empresarios de ese rubro. “Esto sucedió enmascarando sus fines bajo un supuesto propósito noble que es la pretendida inversión en una política de vivienda”, agregó.
Velasco detalló que de 2008 a 2011 las Madres de Plaza de Mayo recibieron 900 millones de pesos para la construcción, de los cuáles 200 fueron desviados porque hubo obras inconclusas y las que terminaron “recibieron concesiones escandalosas e ilegales, extensiones de plazos, modificaciones de obras, falta de controles”.
“Nada era gratis, todo se pagaba, todos tenían grandes ganancias. Pero nada se cumplía, todo era una pantalla”, explicó el fiscal que señaló que el entonces gobierno nacional tenía como beneficio "el apoyo de una organización prestigiosa" en la lucha por los derechos humanos como era Madres de Plaza de Mayo.
El alegato durara todo el día en el que la Fiscalía describirá el circuito de contrataciones, el desvío de los fondos y las responsabilidades de los acusados. Velasco inició con un resumen de la acusación. Muy cerca lo escuchaban los hermanos Schoklender, presentes en la sala de audiencias. De Vido y López siguen el alegato por videoconferencia desde sus lugares de detención: el ex ministro su prisión domiciliaria, el ex secretario la cárcel de Ezeiza. Ambos cumplen condenas en causas de corrupción.
Velasco adelantó que pedirá condena para todos los imputados: los Schoklender, De Vido, López, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex presidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la ex funcionaria de Jefatura de Gabinete de Santiago del Estero Silvia Nasif y los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.
El caso comenzó hace 15 años en base a una investigación de Clarín y lo que se juzga es una presunta administración fraudulenta al estado nacional ocurrida entre marzo de 2008 y junio de 2011, cuando las Madres de Plaza de Mayo recibieron del gobierno de Cristina Kirchner cerca de 900 millones de pesos para la construcción de viviendas sociales en todo el país.
Sueños Compartidos construyó viviendas en la ciudad de Buenos Aires, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, y en los municipios de Almirante Brown, Tigre, Ezeiza, Bariloche y Rosario. En la causa fueron indagados los ex gobernadores e intendentes de esos lugares y fueron sobreseídos porque se determinó que desde el gobierno nacional los obligaban a hacer las obras con las Madres de Plaza de Mayo.
La acusación -que la Fiscalía ratificó este miércoles- es que 206 millones de pesos fueron desviados. La causa tiene un segundo tramo por presunto lavado de dinero de esos fondos a través de empresas de los Schoklender. Esa acusación quedó para un segundo juicio.
Cuando comenzó el programa Sueños Compartidos fue con polémica porque a cargo estaban los Schoklender. Los hermanos fueron condenados en 1981 a prisión perpetua por el parricidio de sus padres. Hebe de Bonafini, presidenta de Madres, defendió su presencia. Emblema en la lucha por los derechos humanos durante la última dictadura miliar, Bonafini fue procesada y enviada a juicio oral en la causa. Falleció en noviembre de 2022.
En marzo pasado, el Tribunal Oral inició el juicio oral con el riesgo de que la causa prescriba en septiembre. Durante el proceso declararon como testigos muchos dirigentes políticos como el ex presidente Mauricio Macri y el ex ministro de Economía Sergio Massa porque cuando gobernaron la ciudad de Buenos Aires y Tigre, respectivamente, Madres de Plaza de Mayo construyó viviendas en sus distritos.
Con el alegato de la Fiscalía, el juicio entra en su etapa final. En una próxima audiencia serán los alegatos de la Unidad de Información Financiera, que es querellante en la causa, y luego de las defensas. El veredicto estará a cargo de los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.
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