Shutdown: cómo funciona el cierre de gobierno de EEUU que Javier Milei quiere aplicar en Argentina
En el país de norteamérica, esta medida se aplica cuando el Congreso no logra aprobar las leyes de gasto necesarias antes del comienzo del año fiscal. Ahora, con la motosierra en la mano, el líder libertario busca limitar el gasto de dependencias que agosten su presupuesto.
En un nuevo guiño a la cultura y la política de Estados Unidos, el presidente Javier Milei aseguró que en Casa Rosada trabajan "en el armado del shutdown del Poder Ejecutivo", es decir, el cierre del Gobierno ante problemas presupuestarios: “Cuando te agotás el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado”, precisó.
La medida surge por imitación de lo que sucede en EEUU cuando el Congreso no logra ponerse de acuerdo sobre las partidas presupuestarias del próximo año fiscal. En 2025, la gestión de Donald Trump afrontó un cierre administrativo de 43 días que afectó a los llamados servicios no esenciales, mientras que aproximadamente 900.000 empleados fueron enviados a casa sin goce de sueldo y otros 700.000 permanecieron en funciones consideradas críticas, sin recibir salario de inmediato.
Aunque el mecanismo todavía no fue reglamentado, Milei adelantó el criterio general del mecanismo: si un organismo consume todos los recursos disponibles, ya no podrá seguir gastando. La iniciativa se analiza en paralelo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos con los que el Ejecutivo pretende prohibir de manera definitiva el financiamiento monetario del Tesoro.
BASES PARA LA NUEVA ERA DORADA Empezando a ultimar los detalles en la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA, las bases del SHUTDOWN del Estado, la nueva ley para el Mercado de Capitales y el inicio de la desregulación del Mercado de seguros.VLLC! CC: @LuisCaputoAR @fedesturze… pic.twitter.com/meEwDvBWtm
En EEUU, el cierre parcial de la administración suele producirse cuando el Congreso no aprueba una ley de presupuesto. Por el contrario, la versión argentina tendría un disparador el agotamiento efectivo de las partidas presupuestarias. Es decir, una vez consumidos los fondos asignados, el organismo no podría asumir nuevos compromisos de gasto.
Lo cierto es que el "shutdown" nunca alcanza la totalidad de las áreas del Estado. Uno de los principales a definir por Casa Rosada será, justamente, delimitar qué erogaciones quedarían alcanzadas por la medida y cuáles estarían exceptuadas. Entre los distintos rubros aparecen obras públicas, contrataciones administrativas, campañas oficiales, programas sociales, salarios y transferencias a las provincias.
También resta establecer el alcance del mecanismo, si el límite se aplicará por ministerio, jurisdicción, programa o partida presupuestaria específica.
La relación con los gobernadores aparece como otro tema de conflicto a la hora de pensar el proyecto. Buena parte de los giros a las provincias dependen del presupuesto nacional y podrían verse afectadas si una partida se agota. Ese escenario podría abrir una nueva instancia de negociación entre la Casa Rosada y los caciques provinciales, especialmente si el Ejecutivo decide aplicar el mecanismo sin instrumentos de compensación.
A su vez, el eventual "shutdown argentino" podría derivar en una disputa judicial. Si el Estado interrumpe programas, pagos o prestaciones por falta de crédito presupuestario, podrían multiplicarse las presentaciones ante la Justicia. Por ese motivo, el Gobierno deberá diseñar un marco legal lo suficientemente sólido para evitar que la medida quede frenada apenas entre en vigencia.
Por último, otro punto sensible aún sin resolver es definir quién tendrá la facultad de activar el cierre. Entre las alternativas que se analizan figuran:
El modelo norteamericano marca que las primeras actividades que se suspenden a la hora de un cierre administrativo son las consideradas no esenciales.
En nuestro país, esa categoría podría incluir nuevas contrataciones, programas sin ejecución crítica, gastos administrativos, campañas oficiales, eventos, viajes, compras no urgentes y otras partidas discrecionales. El alcance de esas restricciones recién se conocerá cuando el Ejecutivo presente el proyecto.
Sin embargo, el principal desafío será definir que ocurre con los gastos permanentes. Salarios del sector público, jubilaciones, seguridad, salud, Justicia, servicios esenciales y atención de emergencias difícilmente puedan interrumpirse sin generar consecuencias legales, sociales o políticas.
Muchas de las dudas sobre el horizonte marcado por la gestión de Milei se resolverán una vez que el proyecto sea enviado efectivamente al Gobierno. Por lo pronto, lo que ocurre en EEUU puede ser un gran espejo de cómo podría aplicarse la medida en Argentina, aunque la eventual legislación tendría diferencias sensibles.
En primer lugar, cabe destacar que el cierre administrativo del gobierno estadounidense ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de gasto necesarias para mantener financiadas a las agencias federales. En ese escenario, las operaciones del gobierno quedan suspendidas hasta que se alcance un nuevo acuerdo.
Como resultado, la mayor parte de las agencias federales carecen de los fondos para operar hasta nuevo aviso.
Uno de los sectores más afectados por un shutdown suele ser el de los empleados públicos. En experiencias anteriores de Estados Unidos, una parte del personal fue enviada a sus casas bajo el esquema conocido como"furlough", una licencia temporal sin goce de sueldo.
Al mismo tiempo, los trabajadores considerados esenciales debieron continuar con sus tareas, aunque sin cobrar sus salarios hasta que se aprobaron los fondos para reactivar la administración.
En el episodio más reciente, registrado en 2025, más de 750.000 empleados federales quedaron alcanzados por esa situación. Por su parte, quienes desempeñan funciones críticas para la seguridad y el funcionamiento del Estado - como controladores aéreos, agentes de seguridad fronteriza y personal militar - continuaron prestando servicio, con el pago de sus salarios diferido hasta la reapertura del gobierno.
Entre los servicios suspendidos en el último cierre de gobierno en EEUU se encuentran:
Por su parte, entre los sectores que permanecieron operativos estuvieron el correo postal (USPS), el control del tráfico aéreo, los controles de seguridad en aeropuertos (TSA), las Fuerzas Armadas, el FBI, la DEA, la Guardia Costera, las agencias de inmigración y aduanas, además de programas como Seguridad Social, Medicare y Medicaid, que siguieron pagando prestaciones aunque con demoras en trámites no urgentes. También continuaron funcionando los programas de asistencia alimentaria, sujetos a la disponibilidad de fondos.
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