Ajuste fiscal: el Gobierno reforzó recortes a obra pública y provincias para compensar el mayor gasto en subsidios

Una suba en el gasto público total en junio por la aceleración de los subsidios, en un contexto de aumento del precio internacional de la energía, forzó al Gobierno a mantener la rienda corta en dos renglones del presupuesto que ya estaban en niveles mínimos históricos: las transferencias a las provincias y la obra pública.

Así lo midió un estudio que hizo con datos oficiales anticipados la consultora Analytica. Observó dos particularidades: que en junio, después de dos meses de marcado ajuste, se expandió el gasto (3,4% en comparación con el mismo mes del año anterior) empujado por los subsidios.

Y en segundo lugar que, en simultáneo, necesitó volver a apretar las clavijas del gasto en otros fondos como las transferencias a provincias y en obra pública, dos erogaciones que ya experimentaron a lo largo de los últimos dos años fuertes recortes para mantener el superávit.

En ese sentido, Analytica observó que mientras las subvenciones energéticas crecieron 71% en términos reales, según explicaron desde esa consultora, por presión del incremento global de precios del sector que provocó la guerra en Medio Oriente, y que hizo más costosa a la cadena de producción hasta la distribución.

Por esa razón, obra pública tuvo un desplome del gasto de casi 75%, mientras que las transferencias a los gobernadores tuvieron una poda aún mayor, de 88%.

Otro gasto relevante como los salarios públicos (el segundo que más pesa en el muestreo de Analytica después de jubilaciones y pensiones) fue recortado en 1,4%. Este gasto puede bajar o bien por una menor dotación de personal público o por paritarias estatales por debajo de la inflación.

En lo que va del año, midió la consultora, el gasto primario bajó 2,3%, sostenido también por podas en obra pública, fondos a provincias, otros programas sociales (por fuera de la AUH), y salarios públicos.

El ajuste en lo que va del año se da en un contexto de caída sostenida de la recaudación, que amenaza con un efecto circular: la necesidad de profundizar ese recorte para mantener el equilibrio en las cuentas públicas fuera de peligro.

Distintas consultoras advirtieron que la desaceleración de la recaudación comenzó a convertirse, precisamente, en uno de los principales desafíos para sostener el equilibrio fiscal.

En un informe, Outlier señaló que la porción de los recursos tributarios con destino a la Nación "cayó 8,4% real anual en junio y 6,3% real anual durante el primer semestre", lo que identificó como "la principal fuente de presión sobre el resultado fiscal".

Según la consultora, ese escenario obligó al Gobierno a mantener "una gestión muy austera del gasto primario", que incluyó la acumulación de deuda flotante y su posterior cancelación por debajo de la línea para evitar un deterioro mayor de las cuentas públicas.

En la misma línea, LCG consideró que no espera una recuperación de los ingresos en el corto plazo. La consultora sostuvo que "no esperamos un cambio de tendencia en la dinámica de la recaudación en el corto plazo".

Atribuyó esa perspectiva a la escasa tracción del consumo interno y del comercio exterior, a lo que se sumará el efecto de medidas recientes como la baja de impuestos internos, la reducción de retenciones y la reglamentación del RIFL. En ese contexto, proyectó "una caída en torno a 7% real en todo el año" para la recaudación.

Una consecuencia lateral: el deterioro de los ingresos también comenzó a reflejarse en las finanzas de las provincias. De acuerdo con Vectorial, luego de haber alcanzado "un equilibrio transitorio en 2024 mediante fuertes recortes de gasto y obra pública", las cuentas provinciales volvieron a sentir el efecto durante 2025.

La recuperación de los recursos no alcanzó para acompañar la recomposición del gasto en servicios esenciales y las transferencias nacionales continuaron contenidas.

Para la consultora, se trata entonces no de un resultado superavitario generalizado sino un "traslado" del deterioro fiscal desde la Nación hacia las provincias. La tendencia de los últimos dos años, mencionaron, configura "un desplazamiento de las tensiones financieras hacia los gobiernos subnacionales".

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