Milei adelanta su estrategia para la reelección y busca sumar gobernadores al nuevo armado
Javier Milei empezó a mover piezas para 2027 antes de que el resto termine de acomodarse. En la Casa Rosada miran encuestas reservadas, caída de imagen y ruido por la gestión, y en el Gobierno creen que esperar sería un riesgo. El Presidente repitió ante distintos interlocutores que no quiere llegar tarde frente a gobernadores, mercados y oposición, como entiende que le ocurrió a Mauricio Macri en su intento de reelección.
El Gobierno empezó a mover al mismo tiempo la política, el territorio y la economía. Karina Milei avanza con la construcción territorial de La Libertad Avanza, con recorridas, escuelas de dirigentes y búsqueda de fiscales propios. Diego Santilli, desde la Jefatura de Gabinete, quedó encargado de la negociación para eliminar o suspender las PASO. Luis Caputo, en paralelo, busca evitar que los vencimientos de deuda se transformen en un problema de campaña.
Los números internos encendieron alertas en la mesa chica del Gobierno. La imagen negativa de Milei preocupa a los armadores y el peronismo, aun atravesado por sus propias peleas, conserva margen para volver a competir si logra ordenar una candidatura. En esas mediciones también miran a Patricia Bullrich, senadora y accionista política del espacio, a quien Karina Milei observa como una posible rival interna.
Con ese cuadro, la Casa Rosada aceleró las decisiones políticas. El Gobierno busca dejar atrás la etapa marcada por Manuel Adorni y ordenar una conducción más enfocada en el territorio, la negociación legislativa y la estabilidad económica. El discurso contra la “casta” sigue, pero en la práctica la Casa Rosada ya negocia con gobernadores, radicales, peronistas dialoguistas y sectores del PRO.
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Karina Milei continúa armando músculo territorial. Lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires, luego en Misiones y también a través de operadores como Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires. En el oficialismo admiten que necesitan militantes, fiscales y presencia en la calle para no depender de acuerdos con lo que queda del PRO.
La reforma electoral es uno de los puntos que más le importa al Gobierno. La Casa Rosada quiere eliminar o suspender las PASO porque cree que esa decisión podría complicar al peronismo y obligar a sus sectores internos a resolver candidaturas sin la primaria como ordenador. Para conseguir esa modificación, el oficialismo necesita votos en el Congreso y ahí entran los gobernadores.
En paralelo, el Gobierno analiza un sistema de adhesiones, aunque evita llamarlo “colectoras” por la carga política del término. El esquema permitiría que Milei encabece la boleta y que debajo convivan una lista libertaria pura con otras nóminas aliadas. La Boleta Única de Papel (BUP) cambia la ingeniería de ese armado, porque todos los candidatos aparecen en una misma papeleta.
La propuesta les daría a los mandatarios provinciales una herramienta para sostener sus listas provinciales. Podrían acompañar la suspensión de las PASO y conservar nóminas propias sin quedar completamente subordinados a Karina Milei. A cambio, el Gobierno evaluaría no presentar candidatos a gobernador en terrenos aliados, una señal para intentar acercar posiciones con las provincias.
La duda de los gobernadores pasa por los tiempos. Acordar ahora con Milei puede servir si la economía aguanta, pero puede salir caro si la imagen presidencial cae antes del año electoral. En varias provincias entienden que el calendario de la Casa Rosada no necesariamente coincide con el de los mandatarios.
Esa duda ya aparece en dirigentes que prefieren esperar antes de quedar asociados a un relanzamiento temprano del oficialismo. La negociación en el Senado tampoco asoma simple. El Gobierno quiere acelerar, pero los gobernadores suelen moverse con otra lógica: cuidar fondos, obras y costos políticos en sus provincias.
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El caso de Raúl Jalil sirve como ejemplo de lo que busca la Casa Rosada. El gobernador de Catamarca es peronista, pero mantiene una relación más cercana con Milei que con los sectores duros del PJ. Esa foto interesa al oficialismo porque muestra una vía posible: sumar dirigentes provinciales sin exigirles que se vuelvan libertarios puros.
La economía también entró en esa estrategia. Caputo presentó un programa financiero pensado para evitar que los vencimientos de 2027 se transformen en un problema de campaña. El ministro habló de un “exceso” de financiamiento y remarcó que volver al mercado internacional puede ser una opción, aunque no un objetivo inmediato.
En la Casa Rosada creen que la estabilidad será el principal argumento de campaña. Esa apuesta corre incluso si la actividad económica o el poder adquisitivo siguen mostrando señales débiles. El oficialismo quiere llegar al año electoral con menor riesgo país, financiamiento ordenado y menos incertidumbre sobre la deuda.
El mercado también mira el riesgo de un cambio de signo político. Economistas cercanos al oficialismo advierten que muchos inversores estarían dispuestos a prestarle a Milei, pero no necesariamente a la Argentina si ven chances de un regreso del peronismo. Las declaraciones de Máximo Kirchner sobre la deuda y la posibilidad de una reestructuración alimentan ese temor.
Del otro lado, el peronismo no da por hecha la reelección de Milei. Los sectores que disputan la conducción opositora leen que el Presidente no logró recomponer una imagen sólida y que, cuando el oficialismo tenga que revalidar su mandato, puede crecer una opción de cambio. Axel Kicillof sigue siendo el nombre con más peso propio dentro de ese espacio, aunque también enfrenta preguntas sobre su programa económico.
En ese contexto volvió a circular el nombre de Jorge Brito como posible figura presidencial. Algunos dirigentes trazan paralelos con el surgimiento político de Macri: empresarios jóvenes, clubes grandes como plataforma pública, apellidos con negocios relevantes y capacidad económica propia. La comparación todavía pertenece más al terreno de las hipótesis que al de una candidatura formal, pero circula entre empresarios, dirigentes y operadores.
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El peronismo también mira una derecha dividida entre libertarios, PRO y Victoria Villarruel. En ese escenario podrían convivir un candidato libertario, una alternativa del PRO y una tercera fuerza ligada a la vicepresidenta. Esa posibilidad explica parte de la urgencia oficial: Milei quiere ordenar el tablero antes de que sus rivales encuentren una forma de dividirle el voto o condicionarle la reelección.
El punto incómodo para el oficialismo es que el Gobierno que llegó al poder contra la “casta” ahora necesita negociar con gobernadores, intendentes, radicales, peronistas dialoguistas y restos del PRO. La Casa Rosada intenta presentar esa negociación como pragmatismo electoral, no como renuncia al discurso original. Para reelegir, Milei necesita fiscales, votos en el Congreso, acuerdos territoriales y gobernadores menos hostiles.
La carrera de 2027 no empezará en la campaña formal. Se jugará antes, en la ley electoral, en la relación con las provincias, en el financiamiento del Estado y en la capacidad de sostener la economía sin sobresaltos. Cada una de esas decisiones tiene costos políticos.
Por eso el Gobierno decidió anticiparse. Quiere llegar a 2027 con la ley electoral, los gobernadores y el financiamiento lo más ordenados posible. El riesgo es que los mandatarios acepten conversar, pero esperen hasta último momento antes de quedar asociados demasiado pronto al destino electoral del Presidente.
