José Luis Espert no quiso declarar y presentó un escrito y correos como prueba
La defensa sostuvo que Espert “no ha cometido delito alguno” y afirmó que la transferencia cuestionada de 200 mil dólares corresponde a una contratación profesional “real, documentada y anterior a los hechos” investigados. Reclamó que el juez retome el control de la investigación.
El exdiputado José Luis Espert se negó a declarar por ahora en la causa en la que se encuentra imputado por lavado de activos y, a través de su defensa, entregó un escrito y documentación que considera clave para su descargo. Adelantó que declarará más adelante.
Además, solicitó que el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli reasuma personalmente la conducción de la investigación, que hasta el momento se encuentra delegada en el Ministerio Público Fiscal.
En la causa se investiga una transferencia de u$s200 mil realizada por una organización ligada al condenado Federico “Fred” Machado. La citación fue dispuesta por el juez federal de San Isidro Mirabelli a pedido del fiscal Fernando Domínguez.
Según surge de la investigación, el dinero fue recibido en una cuenta a nombre de Espert en Estados Unidos, desde una cuenta de una empresa que integró una organización criminal trasnacional.
Para justificar la transferencia, Espert presentó un contrato de locación de servicios firmado el 7 de junio de 2019, en Guatemala, con Fred Machado, en su carácter de gerente general de la empresa minera Minas del Pueblo SA. La fiscalía cuestionó ese contrato y sostuvo que era una simulación.
Espert decidió no prestar declaración indagatoria en esta instancia y reservarla para un momento posterior. La estrategia fue justificada en la necesidad de garantizar, según sostienen sus abogados, las condiciones de un debido proceso.
En el escrito presentado ante el juzgado, la defensa aclaró que la decisión no implica negarse a declarar, sino ejercer un derecho constitucional mientras se resuelven planteos vinculados al trámite de la causa.
Entre los argumentos expuestos, los abogados señalaron que los hechos investigados ya forman parte de otra causa iniciada en 2021 ante un juzgado federal distinto.
En ese sentido, sostuvieron que el expediente actual se apoya en actuaciones de aquella investigación previa y advirtieron sobre el riesgo de que un mismo hecho sea analizado por dos tribunales diferentes.
La presentación también cuestiona el alcance de las medidas de prueba impulsadas durante la investigación.
Según la defensa, para analizar una transferencia y un contrato se relevaron durante más de seis años comunicaciones telefónicas, datos de geolocalización y movimientos patrimoniales de personas que no forman parte del expediente.
A criterio de los abogados, ese procedimiento se apartó del deber de objetividad que debe regir la actuación fiscal, razón por la cual solicitaron que el juez asuma nuevamente la dirección del proceso.
Otro de los planteos apunta a presuntas filtraciones de información bajo secreto de sumario.
El escrito afirma que se recopilaron alrededor de cien publicaciones periodísticas que reprodujeron medidas y constancias del expediente mientras la investigación permanecía reservada. La defensa aclaró que sus críticas no están dirigidas a los medios de comunicación, sino a quienes tenían la obligación legal de preservar la confidencialidad de las actuaciones.
Asimismo, cuestionó los plazos otorgados para ejercer el derecho de defensa. Según expuso, mientras la acusación trabajó durante meses sobre información reservada, la defensa debió responder en un plazo reducido y frente a la incorporación constante de nuevas pruebas.
Como respaldo de su posición, los abogados aportaron once correos electrónicos intercambiados entre mayo y septiembre de 2019 que, según sostienen, acreditan la existencia, negociación y ejecución de un contrato de servicios profesionales que habría dado origen a la transferencia investigada.
La defensa aseguró que la autenticidad de esos mensajes fue respaldada mediante pericias informáticas, certificaciones notariales y mecanismos de verificación técnica.
Además, ofreció como testigos a los participantes de esos intercambios y pidió que se requieran informes a organismos públicos para acreditar que, al momento de celebrarse el contrato, no existían elementos objetivos que permitieran sospechar sobre la legalidad de la operación.
También solicitó que toda esa prueba sea producida directamente bajo la supervisión del juez y con intervención de la defensa.
La defensa liderada por el abogado Claudio Lamela sostuvo que Espert “no ha cometido delito alguno” y afirmó que la transferencia cuestionada corresponde a una contratación profesional “real, documentada y anterior a los hechos” investigados.
En esa línea, aseguró que no busca frenar la pesquisa, sino que reclama una investigación más amplia y conducida directamente por el magistrado a cargo de la causa.
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