Eduardo Sosa, repuesto procurador general de Santa Cruz: “El kirchnerismo se creyó por encima de la Corte Suprema de Justicia”

Treinta años después de que el kirchnerismo lo removió de su cargo, Eduardo Sosa volvió a jurar como Procurador General de la provincia de Santa Cruz. Pocas horas después de su asunción, habló con Clarín. Aún no tiene despacho, que será en el mismo edificio en el que se desempeñaba hasta que el gobierno de Néstor Kirchner dividió su cargo y lo desplazó. Al menos cinco pronunciamientos de la Corte Suprema -incluida una orden explícita de restitución a su cargo- fueron desoídos por los sucesivos gobiernos santacruceños, todos K hasta ahora. “El kirchnerismo se creyó por encima de la propia Corte”, reflexiona. Habla con la misma cadencia pausada, firme y dirigida por la convicción con la que exigió durante décadas que le devuelvan su cargo y “que se respete lo que dice la Constitución”.

Yo pensé que esto iba a quedar así, como una especie de rebeldía de la provincia frente a una serie de fallos de la Corte Suprema de la Nación. Después surgió la decisión política de este gobierno conducido por Claudio Vidal, de querer modificar este estado de cosas y se avanzó con la aprobación de la ley que me coloca nuevamente como Procurador General de la Provincia.

Siempre creí que iba a haber un cambio de rumbo en Santa Cruz, y la consecuencia de eso es este acto que es una reparación institucional, cuenta con un gran valor simbólico muy importante para que no quede el antecedente de un gobierno provincial que desobedece a la Corte Suprema. Por eso, es un paso adelante con una importancia simbólica fuerte. Es poner de resalto que lo que se ha hecho hace 30 años fue un acto ilegítimo, que atentó contra las instituciones, y por más que hayan pasado tantos años repararlo es una manera de condenarlo, de decir que estuvo mal hecho y que generó daños institucionales graves. En lo personal, siento la satisfacción de haber podido torcer el destino y sentir que aún puedo aportar valor al sistema de Justicia.

Se encuentra en un proceso de transición, a partir de nuevas actitudes observadas en los miembros que han asumido en el Tribunal Superior de Justicia (que fue ampliado por ley, de cinco a nueve miembros), en un intento de poder normalizar, mejorar el sistema de justicia.

A partir del episodio grave que a mí me tocó protagonizar, hubo un deterioro muy grande en el poder de contralor judicial. El hecho de que el kirchnerismo haya dado un golpe de tipo institucional, que magistrados y funcionarios vieran que un importante funcionario judicial era removido sin respetar el principio de inamovilidad que constitucionalmente garantiza la independencia de los miembros del Poder Judicial, tuvo consecuencias. Y cuando se ve cómo cuando aparecieron denuncias no fueron investigadas y sí se investigaron a nivel nacional, muestra que el Poder Judicial de Santa Cruz estaba en deuda.

Días antes de que él asumiera me manifestó que quería reparar el tema de mis antecedentes y volvimos a reunirnos antes de que jure el viernes pasado, con la ley ya aprobada y por ser promulgada por el Estado provincial. Fue una reunión protocolar donde volvió a referirse sobre la importancia de la reparación institucional.

El constitucionalista Daniel Sabsay llevó adelante su reclamo. ¿Qué pudo manifestarle sobre la jura?

El ha sido y es mi abogado, por supuesto que está contento de que se haya subsanado mi situación porque desde un principio le pareció muy escandaloso todo lo que pasó. Y el hecho de que se pueda revertir es una buena señal institucional.

¿Santa Cruz puede esperanzarse de un Poder Judicial que funcione de otra manera?

En lo personal, espero poder dar valor a la obligación legal que tengo a partir de reasumir el cargo, contribuir para poder mejorar y organizar el funcionamiento del servicio de justicia dentro de mi ámbito de competencia, que es ser jefe de los fiscales.

¿Cree que el manejo del Poder Judicial en Santa Cruz es algo que el kirchnerismo buscó trasladar a nivel nacional?

Yo creo que sí. Se intentó en su momento con aquella Ley de Democratización de la Justicia de 2013. Hubo grandes muestras de eso. La idea de trasladar esa concepción de ejercicio del poder en la que se intenta evitar todos los controles republicanos que están en nuestra Constitución. Claramente se intentó llevar adelante en el ámbito nacional ese modelo. Sin olvidar el intento de llevar adelante un juicio político contra los ministros de la Corte Suprema.

¿Le suma a eso la decisión de remover al Procurador Eduardo Casal, que fracasó?

De manera brutal, me parece que es el no respeto la ley. La ley está para que todos los ciudadanos la cumplan y los gobernantes deben brindar el ejemplo primario. El hecho de que se utilicen distintos mecanismos para que la ley no se cumpla, para que los principios elementales de la división de poder no se respeten, es como tener un edificio cuyas bases empiezan a socavarse.

Cuando decimos el Poder Judicial debemos mencionar que hay allí funcionarios muy valiosos, incluso desde la época en que me apartaron, que trabajaban muy bien. Me refiero a que desde lo organizacional había algo que corregir. La Constitución tiene herramientas, si vos las sacás el servicio de justicia se debilita, dañás la parte estructural de esas herramientas previstas para que el Poder Judicial trabaje de forma libre e independiente.

El cargo que yo ejercía no se eliminó, sino que se dividió y fue ahí que me sacaron. Con lo cual quedó en claro que al no haber respetado la inamovilidad que me amparaba, en definitiva me dejaron cesante. Esa fue una forma de ejercer el poder, y yo no respondía a esa manera. Al no aceptar ese tipo de mecanismo que no permitía que uno cumpla sus funciones con libertad e independencia, resolvieron correrme.

Sí, en determinado momento, cuando la Corte ordenó que debía ser restituido en el cargo, la fiscalía de Estado de Santa Cruz de entonces quiso sustituir ese mandato por una indemnización, pero no lo acepté porque siempre reclamé que lo que correspondía era una reparación institucional. No era una discusión patrimonial, pese al salario caído y al daño moral sufrido. Ese pedido y ese depósito de dinero quedó fuera de mi alcance porque no lo acepté e insistí ante la Corte para que se cumpla el fallo. Cuando la provincia no cumplió, ahí entonces pedí que el tema viniera a Santa Cruz para iniciar mi pedido indemnizatorio acá, algo que se terminó recurriendo por la cifra que proponían y eso está ante la Corte Suprema.

La primera vez que la Corte se pronunció al respecto fue en 1996. El máximo tribunal dio a entender que el fallo del Tribunal Superior de Justicia era incompleto, porque lo que había dicho era que el desdoblamiento del cargo era inconstitucional, pero no se animó a dar el paso siguiente que era ordenar mi restitución. La Corte Suprema procura la autonomía provincial de la justicia. Lo que manifestó en ese momento era que la restitución era una consecuencia inmediata, que debían pronunciarse nuevamente. En varias ocasiones se le dijo al TSJ que ese fallo estaba incompleto y finalmente en 2009 la Corte Suprema asumió en plenitud la jurisdicción y ordenó la restitución. Esto no fue cumplido por el entonces gobernador Daniel Peralta. Fueron, al menos, cinco fallos. Todos desobedecidos.

Sabsay me dijo que no había antecedentes de un comportamiento semejante ante una orden de la Corte.

¿Qué análisis realiza de la actual Corte provincial, cuya integración avaló la Corte Nacional?

Ha sido muy traumático el proceso que se dio desde la ampliación de la cantidad de miembros en el TSJ, se suscitaron cuestiones muy tristes. Se designaron nuevos miembros y los que estaban en ejercicio del cargo no quisieron aceptar eso. Algo muy escandaloso y triste. Eso tiene que ir saldándose, y volver a garantizar que el sistema de justicia funcione como dice la ley.

¿Cuál es su desafío ahora, habiendo reasumido la procuración 30 años después?

Siento que hay una muy buena receptividad en el Ministerio Público Fiscal. Vamos a avanzar en un trabajo donde debe predominar el deseo de cumplir lo mejor posible la misión que nos han asignado. Cómo Jefe de fiscales también tengo la tarea de colaborar con el fiscal ante el Tribunal Superior de justicia, y de acuerdo a la reforma de la ley, en caso de que se produzca una vacante o licencia en el TSJ yo sería el primer reemplazante.

Es un tiempo institucional nuevo. Sin ser grandilocuente, porque no se trata de una importancia en el plano personal, sino de un cambio de rumbo donde predominen la razonabilidad, el equilibrio, la prudencia y que sea todo mucho más sencillo y menos conflictivo.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]

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