AFA: Delincuencia organizada transnacional, lavado de dinero, más impunidad y censura

El entramado de defraudación a la Asociación del Fútbol Argentino, montado por los denunciados Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino, entre otros partícipes necesarios, con la anuencia de varios clubes que conforman la asociación, involucra una red local y global de personas, sociedades y testaferros que puede reconstruirse siguiendo la ruta económico-financiera de las maniobras investigadas.

El desvío de fondos de la AFA y el lavado de dinero expuesto en las múltiples maniobras de movimiento de fondos tienen como ejes centrales del análisis financiero —que sorprende por los millones de dólares en juego— a Norte Argentino SRL, HT SRL, DCT SRL, Malte SRL, Bori SRL, Indunoa SRL, Soma SRL, Lindor SRL, Barwa SRL, Segon SRL, Carbello SRL, Servicios Neurus SA, Servicios Lindor SRL y Red Central SRL; y, a nivel internacional, a TourProdEnter LLC, de Javier Faroni; Odeoma Gestión SL, de Fabián Saracco; y otras sociedades como Q22 Services Limited, Stratega Consulting USA LLC / Stratega Group, Global FC LLC y Dicetel Corp. Otro eje inescindible comprende a Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA y Grupo Sur Finanzas SA, además de ARS Cambios (inhabilitada por el BCRA) y Centro de Inversiones Concordia, asociadas al "financista de la AFA", Ariel Vallejos.

La ya famosa quinta de Pilar es la obscena demostración del despilfarro de los fondos de la AFA hacia el patrimonio personal de sus dirigentes, y es a esa jurisdicción judicial adonde intentan llevar desesperadamente la investigación, con la complicidad del juez Adrián González Charvay (Juzgado Federal de Zárate-Campana) y de Mario Lugones (camarista de la Cámara Federal de San Martín).

El traslado de la sede histórica de la AFA de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, a un terreno baldío del partido de Pilar es un burdo fraude a la ley, que podrá servirles en el futuro para obtener protección de políticos y jueces cómplices, pero de ninguna manera alcanza para eximirlos de los hechos pasados que hoy se juzgan en todas estas causas que salen a la luz.

A esta altura resulta evidente que la creación de estas sociedades y las operaciones patrimoniales y financieras detectadas requirieron una amplia red para estructurar el lavado de dinero. Esto involucra también la participación de profesionales facilitadores de los esquemas y de autoridades relevantes de nuestro sistema institucional que, desde hace años, no controlan, no reciben alertas, no investigan y, en definitiva, encubren.

Mientras los jueces se disputan el expediente —en algunos casos en sintonía con las necesidades de las defensas, y con algunos cuestionamientos de fiscales que intentan aplicar la ley—, la jurisdicción se va definiendo a favor de la doctora María Verónica Straccia, del fuero penal económico de la Capital Federal, quien debería concentrar todas las investigaciones conexas a partir de un factor común: el origen del dinero, que no es otro que los distintos negocios de la AFA.

Es la investigación de la "ruta del dinero" la que irá llevando a la jueza a develar el entramado de esta defraudación colosal y las distintas maniobras de lavado de dinero. La Unidad de Información Financiera, en caso de no tener injerencia política, podría ser un organismo central en esa investigación, tanto de la red nacional como de la internacional, ya que puede concentrar información de los registros de personas jurídicas provinciales, la IGJ, ARCA, el BCRA y sus pares en el extranjero. Lamentablemente, este Gobierno le quitó al organismo las facultades para querellar, debilitando un rol muy importante para este tipo de causas. Cabe mencionar que, en este entuerto de causas múltiples, hay un solo juez que se destaca: el doctor Diego Amarante, que logró avanzar por infracción a la ley penal tributaria.

Vale recordar que en el año 2000 se aprobó, en la cuna de la mafia, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocida como Convención de Palermo, suscripta por todos los países de América, porque los criminales aprovechan el desarrollo tecnológico y las facilidades de un mundo globalizado para cometer delitos utilizando múltiples jurisdicciones y así lograr impunidad: cometen el delito en un país, lavan el dinero en otro y se asientan en un tercero. El artículo 2 de esa Convención define a un grupo delictivo organizado como un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves tipificados en la Convención, con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Al mismo tiempo, define al delito transnacional como aquel que se comete en más de un Estado —fondos argentinos, empresas estadounidenses, españolas, bajo sospecha—, o el que se comete en un solo Estado pero produce efectos sustanciales en otro. Las coincidencias con el caso, son elocuentes.

Esta Convención inspiró también las normas de lucha contra el lavado de activos diseñadas en los estándares internacionales del GAFI, orientadas a desmantelar el inmenso poder que el dinero le otorga a estas organizaciones corruptas. Se diseñó así todo un mecanismo de prevención, análisis y represión para debilitar el poder económico de las organizaciones delictivas, pues con su dinero debilitan la correcta aplicación de la ley, pagando los mejores servicios profesionales para amedrentar y censurar a la prensa, coartar la libertad de expresión e iniciar procesos persecutorios contra quienes los denuncian.

Las autoridades de la AFA y todos sus cómplices deben entender que estos marcos normativos rigen tanto para asociaciones que manejan fondos públicos como privados, para entidades públicas, privadas o intermedias: todas están sujetas al cumplimiento de la ley, a manejarse con transparencia y a rendir debida cuenta si administran dinero ajeno. Si realizan operaciones sospechosas, están sujetas a control. Todos —los ciudadanos comunes, los poderosos, los gobernantes y los gobernados— están sometidos a la ley.

Cuando se administran recursos del deporte, y más allá de que Claudio Tapia es también un funcionario público como presidente del CEAMSE (las rutas económico-financieras de la investigación AFA deben extenderse a esa institución), la coartada de que se trata de fondos privados no alcanza para eximir a la administración de la entidad del escrutinio público, ni de las investigaciones por eventuales violaciones a la ley penal.

Este gigantesco festival del dinero del fútbol, que enriquece a varios dirigentes, ha sido expuesto por la prensa local y por varios periodistas que llevan adelante las investigaciones con mayor celeridad que la Justicia. Entre cartas documento y amenazas, en estos días fueron notificados de que el juez Walter Saettone hizo lugar a una cautelar insólita, que viola la garantía constitucional que protege la libertad de prensa —un derecho que, en una sociedad libre y democrática, no debe tener límites, sin perjuicio de la responsabilidad de quienes difunden las investigaciones de decir la verdad. Este intento de silenciar a quienes informan vulnera la protección que nuestra Constitución Nacional otorga a la libertad de pensamiento, de prensa y de expresión como derecho humano fundamental, reconocido también por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que además dispone que este derecho no puede estar sujeto a ningún tipo de censura previa.

Los periodistas Nicolás Pizzi, Luis Gasulla, Mariano Roa, Federico Teijeiro y Bruno Yanco, y dirigentes políticos como Matías Yofre y Facundo Del Gaiso, son constantemente amedrentados, perseguidos y sometidos a demandas millonarias y fuertes presiones; en el caso de Matías Yofre, incluso sufrió un allanamiento en su vivienda familiar, de dudosa legitimidad judicial.

La búsqueda de silenciar voces y lograr impunidad en todas estas investigaciones judiciales es brutal, y cuenta con complicidades poderosas y mucho dinero.

Claudio "Chiqui" Tapia es un socio evidente de gobiernos como el de Kicillof, quien lo ha entronizado como presidente del CEAMSE, así como el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, lo es del gobierno de Santiago del Estero y de Sergio Tomás Massa; todo lo cual incrementa las sospechas de prácticas al margen de la ley y del uso del poder para garantizarse impunidad.

Me pregunto sinceramente si un eventual triunfo de la Selección nacional en el Mundial 2026 le otorgará mayor poder de fuego a la dirigencia corrupta del fútbol argentino para lograr el control de la prensa libre y, finalmente, su impunidad; o si, a pesar del ministro de Justicia de la Nación, habrá justicia.

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