Adorni, catalizador de un desgaste persistente
Tras más de 100 días corrosivos para la imagen del Presidente y los niveles de aprobación de gobierno, la virtual parálisis de la gestión fruto de la gravitación excluyente del “Adornigate”, y una última semana plagada de errores no forzados y nuevos daños autoinfligidos, Milei finalmente decidió dar vuelta esa página antes de que el Congreso le propinara una resonante derrota.
Una decisión tan tardía como necesaria e inexorable si se tiene en cuenta que el escándalo de Adorni, junto con el deficiente manejo de la crisis exhibida por el oficialismo y el ensimismamiento del presidente en sostenerlo a como dé lugar, provocaron -y aún sigue provocando- un daño sostenido para la gestión libertaria.
No solo por su impacto en las encuestas, sino por su gravitación en la agenda política y mediática, su dominio de la conversación en el otrora favorable escenario de las redes sociales, sus estribaciones judiciales, y su efecto sobre la cada vez más golpeada narrativa anti-casta, entre otros factores que aconsejaban el relevo del funcionario mucho antes.
Es que el escándalo, aunque el Presidente pareciera no verlo, operó como una suerte de catalizador de un creciente malhumor ciudadano sobre otras cuestiones -fundamentalmente económicas- que no encontraban otros cauces de expresión. Por ello, más allá de los presuntos delitos que se investigan y de la obscenidad consumista del ex funcionario, y de los inocultables costos políticos que pagó el presidente por su obstinada defensa, sería ingenuo pensar que con la salida de Adorni y su reemplazo por el hábil y experimentado Santilli todo es “borrón y cuenta nueva”.
Resulta entendible que el Gobierno pretenda presentar la asunción de Diego Santilli como una suerte de relanzamiento de la gestión, como quedó en evidencia tanto por el anuncio de un paquete de iniciativas legislativas prioritarias y de alto impacto político y económico, como por el renovado acercamiento con los gobernadores, 14 de los cuáles asistieron incluso a la jura del nuevo jefe de ministros.
Sin embargo, como siempre, la realidad no solo es mucho más compleja, sino que casi así nunca se ajusta al propio deseo. Mucho más en un país como Argentina, y en estos tiempos tan inciertos y volátiles. Por ello, aunque el relevo era una condición ineludible para gestionar adecuadamente los daños producidos por el corrosivo y combustible Adorni, el Gobierno no debería esperar que, como reza el refrán popular, “muerto el perro se acabó la rabia”, ya que ello implicaría suponer absurdamente que la caída que reflejan las encuestas y los problemas que enfrenta el gobierno se debían al ex funcionario y las derivaciones del escándalo desatado por su conducta.
Además, porque aunque significativa, la llegada de un dirigente experimentado y dialoguista como Santilli no alterará la naturaleza de un esquema de poder libertario asentado en los hermanos Milei, ni matizará las internas todavía vigentes entre la cada vez más poderosa hermana presidencial y el consultor Santiago Caputo. En otras palabras, el ingreso de Santilli tiene en este plano mucho más de continuidad que de una promocionada “vuelta de página”.
Lo cierto es que quizás el dato de mayor relieve que surgió con la llegada de Santilli tiene que ver con lo que podría constituir un nuevo intento de acercamiento con los gobernadores. Un acercamiento que, por cierto, no tiene que ver con las habilidades ni la decisión de un Santilli que ya estaba a cargo de ese vínculo desde el Ministerio del Interior, sino de las necesidades políticas y electorales del oficialismo.
Un acercamiento incipiente que se entrecruza también con la anunciada agenda legislativa, que tendrá en la reforma política uno de sus capítulos más álgidos. Es que desde el oficialismo están convencidos que la derogación de las PASO es una condición necesaria, aunque no suficiente, para aspirar a la reelección, y que la voluntad de los gobernadores no solo es fundamental para asegurar los votos en el Congreso, sino que podría en algunos casos ser complementaria con las necesidades del gobierno nacional.
Si en algún momento trascendieron supuestos ofrecimientos de apoyos a cambio de candidaturas provinciales libertarias de baja intensidad que no obstruyeran las reelecciones provinciales, ahora la apuesta sería más explícita, e incluiría una suerte de remake de las polémicas y denostadas “colectoras”. Habrá que ver, no obstante, no solo si existe voluntad política para avanzar con un mecanismo a todas luces distorsivo de la voluntad popular, y que podría ser impugnado en cuanto tal en la justica, sino también si tendría el efecto buscado con la boleta única recientemente aprobada.
Por otro lado, debe señalarse que las necesidades de los gobernadores no se reducen exclusivamente a lo electoral. En un contexto donde se registra una nueva caída de la coparticipación federal de más de 4 puntos porcentuales, difícilmente los gobernadores se sienten en una mesa de conversaciones si no se incluyen otros reclamos vinculados a fondos y obras.
Así las cosas, el Gobierno escenifica un relanzamiento político con una agenda que parece más centrada en los planes reeleccionistas que en el abordaje de una situación económica que parece estar condenada a la improbable expectativa de que la reactivación llegue de la mano de una realidad que se ajuste a los andamiajes teóricos de un modelo que el presidente no está dispuesto a modificar siquiera un ápice.
En definitiva, habrá que ver si la inflación y la estabilidad cambiaria son suficientes para que el Presidente se imponga en otro balotaje, o si la situación económica que se siente con fuerza en todos los centros urbanos -caída de la actividad, problemas de empleo, ingresos que no alcanzan, morosidad, etc.- acaba por generar las condiciones para la construcción de una alternativa política competitiva para enfrentarlo en las urnas.
