A vueltas con el fraude y el voto extranjero

Las cortísimas diferencias en las segundas vueltas de las presidenciales en Perú y Colombia dispararon la necesidad de encontrar a los culpables de la derrota. En ambos casos el chivo expiatorio fue el fraude, y si bien nadie presentó pruebas concluyentes las alegaciones éstas fueron rechazadas por las autoridades electorales.

Daba igual si habían ganado en 2022. Entonces, sus victorias fueron normales y certificadas por los mismos organismos de control que ahora atacan. Ayer eran eficientes, hoy corruptos. Ayer hablaban de un voto maduro, hoy de uno comprado.

Esta vez el voto extranjero habría sido central en el fraude. Como siempre, quien se queja y lo denuncia es el perdedor. En la primera vuelta peruana lo hizo el ex alcalde de Lima Rafael López Aliaga, y en las elecciones de 2018 y 2022 los partidarios de Keiko Fujimori.

El presidente colombiano Gustavo Petro, ante la posible derrota de su candidato Iván Cepeda, comenzó en febrero a invocar al fantasma del fraude. Sus denuncias arreciaron tras la primera vuelta y algunos políticos próximos advirtieron que si era elegido Abelardo de la Espriella, “los dueños de este país, del poder económico, quedan notificados, que de triunfar la alternativa violenta y de extrema derecha, este país se va a incendiar”.

Durante días Petro desconoció el resultado del balotaje, insistiendo que el apoyo de Donald Trump a su rival justificaba su rebeldía y su deseo “de alzarse en armas”. Solo después de que Cepeda aceptara los resultados terminó haciendo lo mismo.

Con su tono belicista y confrontacional característico afirmó que pasaría a “la resistencia pacífica”. Finalmente remachó: “Nos acercamos a la situación peruana, en donde es la votación del exterior, especialmente en EEUU, la que pone presidente”.

En Perú, las denuncias de Roberto Sánchez se centraron en el voto de los residentes en el extranjero y su partido habló de una “sofisticada operación ejecutada desde las más altas esferas del poder político y electoral” para evitar la victoria popular. Buena parte de su estrategia se centró en invalidar el voto en el exterior por el cambio en las reglas de juego, un argumento descartado por la autoridad electoral.

En estas mismas páginas manifesté mi oposición a que los migrantes, especialmente los de larga duración, votaran, y más si no pagaban impuestos, de modo que su participación no condicionara el resultado final: “no representation without taxation” (no representación sin imposición). Pero una cosa es rechazar este tipo de sufragio por principio y otra cuestionarlo cuando te ha perjudicado.

El voto en el exterior ha sido reivindicado como una conquista progresista, aunque resulta bastante aleatorio determinar a priori a quien favorece. Personajes como Evo Morales y Rafael Correa estaban permanentemente en campaña allí donde hubiera grandes colonias de emigrantes, como en España o Argentina.

Si los perjudicados se preguntan cómo personas que no comparten sus penurias pueden imponerles un presidente o una presidenta impopular, los beneficiarios dicen que quienes viven fuera conocen perfectamente los problemas nacionales y, además, muchos envían dinero (remesas) a sus familias.

El voto en el extranjero se incorporó en Colombia en 1961 y en Perú en 1980. Hoy es una regla esencial de sus democracias. En Perú está empadronado fuera del país el 4,4% del censo electoral total y en Colombia el 3,4%. Son números marginales que en condiciones normales tienen poca incidencia en el resultado y más si se considera que de ellos solo vota una parte menor.

En 2026 menos del 30% de los peruanos ausentes y poco más del 40% de los colombianos, mientras que los votos nulos y blancos sumaron el 6,5% y el 2,4% respectivamente. Esto minimiza el argumento de que el voto extranjero es decisivo, aunque como sus datos se suelen introducir al final del escrutinio se tiende a realzar su valor.

En la larga historia de la ampliación del sufragio (mujeres, analfabetos y migrantes) cualquier innovación era rechazada por los supuestos perdedores, como ocurrió con el voto femenino. En Chile, por ejemplo, inicialmente la izquierda se opuso a que las mujeres votaran con el argumento de que eran fácilmente manipulables por la Iglesia en pro de partidos conservadores.

Si bien se pueden introducir algunos correctivos al voto extranjero y limitar su impacto en comicios muy reñidos, esto no debe ocurrir a mitad del partido en beneficio del gobernante. Estas modificaciones deberían ser consensuadas, lo que actualmente, polarización por medio, es muy difícil de lograr.

En sistemas fuertemente presidencialistas como los latinoamericanos se podría limitar el voto emigrante a los cargos representativos y no ejecutivos, o concentrar el número de parlamentarios electos como en Colombia, donde solo se elige un escaño de la Cámara de Representantes por la circunscripción internacional, o en Italia.

Insistir en el fraude, cuando no hay evidencias claras de que se haya producido o se vaya a producir, no solo atenta contra la estabilidad de la democracia, sino también es un bumerán que daña la imagen y la credibilidad de los acusadores.

Para los partidos efímeros que dominan la escena política latinoamericana esto no es un inconveniente, aunque para aquellos que tienen sobre sus espaldas una larga trayectoria o voluntad de perdurar podrían convertirse en una pesada carga.

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