La primera postal de Córdoba: una fila de conos naranjas en medio de la autopista
Es una escena que miles de argentinos conocen de memoria: una familia sale de Buenos Aires de madrugada rumbo a las sierras. Después de varias horas de viaje, ya dejó atrás Rosario y entra en la provincia de Córdoba. La autopista está despejada. Los chicos duermen en el asiento de atrás. De repente, a lo lejos, aparece una fila de luces de freno. Todos empiezan a reducir la velocidad. Después, se distinguen los conos naranjas, los patrulleros y el operativo de control de la Policía Caminera provincial.
La primera bienvenida a Córdoba es una frenada brusca en medio de una autopista.
Hay una paradoja evidente. Las autopistas fueron construidas para que miles de vehículos puedan circular de manera continua, previsible y segura. Sin embargo, cuando ingresan a Córdoba, el propio Estado instala un operativo que obliga a todos a hacer exactamente lo contrario: frenar de golpe.
Nos hemos acostumbrado tanto a esa imagen que dejamos de preguntarnos si realmente tiene sentido que, en una vía diseñada para circular de manera continua y segura, el propio Estado obligue a cientos de vehículos a reducir bruscamente la velocidad para realizar un control o comunicar una multa.
Controlar no debería obligar a crear un nuevo riesgo, tanto para los pasajeros del vehículo controlado como para los oficiales de policía que controlan.
La seguridad vial moderna parte de un principio sencillo: una política destinada a disminuir riesgos no debería generar riesgos nuevos. Sin embargo, las frenadas repentinas, los cambios inesperados de carril y las interrupciones del flujo vehicular son precisamente algunos de los factores que favorecen las colisiones por alcance y los siniestros secundarios.
No se trata de eliminar controles. Tampoco de cuestionar el trabajo que realizan los oficiales de la Policía Caminera, una institución que ha sido clave para mejorar la seguridad vial en Córdoba y que merece reconocimiento por ello, aunque muchas veces son cuestionados por turistas como meros recaudadores de multas. La discusión es otra: ¿tiene sentido seguir utilizando mecanismos pensados hace décadas cuando hoy existen herramientas más seguras y mucho más eficaces?
En buena parte del mundo, la respuesta ha sido modernizar los sistemas de fiscalización. La tendencia es reducir al mínimo la ocupación de carriles activos y utilizar radares, lectores automáticos de patentes, cámaras inteligentes y otros sistemas electrónicos que permiten detectar infracciones sin alterar la circulación normal. Cuando resulta necesario detener un vehículo, la derivación se realiza hacia peajes, dársenas, áreas de servicio, accesos o sectores especialmente preparados para hacerlo con seguridad.
Paradójicamente, Córdoba ya decidió avanzar en esa dirección. En diciembre pasado, la Legislatura incorporó a la legislación provincial el uso de medios digitales y dispositivos electrónicos remotos para la fiscalización vial. Reconocimos que la tecnología debía formar parte del sistema de control.
Sin embargo, todavía mantenemos operativos que obligan a miles de conductores a frenar sobre rutas, autovías y autopistas. Y que someten a oficiales de policía al peligro de estar parados entre carriles rápidos para controlar vehículos con un método que contrasta con la tendencia internacional de trasladar estos controles a zonas especialmente preparadas y de incorporar cada vez más tecnología.
Esa contradicción motivó el proyecto de ley que presenté recientemente en la Legislatura cordobesa.
La iniciativa no reduce controles ni limita facultades preventivas. Hace exactamente lo contrario: propone fortalecerlas mediante más tecnología y mejores procedimientos.
Mi propuesta establece que los controles ordinarios de alcoholemia, documentación, velocidad y transporte se realicen progresivamente en lugares diseñados para ello: estaciones de peaje, accesos urbanos, dársenas, zonas de pesaje y otras áreas seguras que permitan separar físicamente el operativo del flujo principal del tránsito.
Al mismo tiempo, impulsa una utilización creciente de radares fijos y móviles, lectores automáticos de dominio y demás herramientas tecnológicas que la propia provincia ya habilitó por ley, en reemplazo de policías parados entre conos y carriles de una ruta.
La discusión no es si debe haber más o menos controles; la discusión es si esos controles pueden hacerse mejor que hace treinta años.
Cada invierno, cientos de miles de turistas eligen Córdoba. Queremos que regresen porque disfrutaron de nuestros paisajes, de nuestra gastronomía y de nuestra hospitalidad; no porque recuerden que la primera imagen que tuvieron de la provincia fue una larga fila de luces de freno en medio de una autopista.
Controlar salva vidas. La pregunta es si, en 2026, seguimos necesitando hacerlo con un método que obliga a miles de conductores a frenar sobre una autopista cuando la propia tecnología ya ofrece alternativas más seguras.
