Los 20 bienes de Cristina Kirchner y sus hijos que la Justicia busca decomisar tras el fallo de la Corte
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar firme el decomiso de $684.990 millones en la causa Vialidad abrió una nueva etapa judicial centrada en la ejecución patrimonial de los condenados. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, la discusión gira alrededor de 20 bienes inmuebles que la Justicia pretende utilizar para cubrir la parte que le corresponde dentro del resarcimiento económico fijado en la sentencia.
Aunque el monto del decomiso ya quedó confirmado por el máximo tribunal, todavía resta resolver qué propiedades podrán ser finalmente ejecutadas. La particularidad del caso es que 19 de esos bienes están registrados a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, quienes los heredaron tras la muerte del expresidente Néstor Kirchner en 2011, mientras que solo uno permanece a nombre de Cristina Kirchner.
La cuestión forma parte de uno de los aspectos más sensibles de la etapa de ejecución de la condena. Las defensas sostienen que muchos de esos inmuebles no guardan una relación directa con los hechos investigados en la causa Vialidad, mientras que la fiscalía considera que integran el patrimonio alcanzado por el decomiso dispuesto por la Justicia.
De acuerdo con el inventario judicial, el patrimonio alcanzado por la medida incluye 20 inmuebles vinculados a la familia Kirchner. De ellos, 19 corresponden a bienes heredados por Máximo y Florencia Kirchner, mientras que el restante es un terreno de aproximadamente 6.000 metros cuadrados ubicado en El Calafate, adquirido por Cristina Kirchner en 2007 y que continúa inscripto a su nombre.
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Entre las propiedades que podrían ser decomisadas figura también la histórica casona familiar de El Calafate, que pasó a manos de los hijos de la expresidenta tras la sucesión de Néstor Kirchner. También integra la nómina el Hotel Los Sauces, uno de los activos más conocidos del patrimonio familiar.
A diferencia de lo que trascendió en distintos momentos, el departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria, no integra la lista de bienes que la Justicia pretende decomisar dentro de este expediente.
El listado también comprende un conjunto de 10 departamentos ubicados sobre la calle Mitre al 500, en Río Gallegos, adquiridos por Néstor Kirchner en 2007 mediante un fideicomiso vinculado a un desarrollo inmobiliario construido por empresas de Lázaro Báez. A ellos se suman una vivienda ubicada sobre 25 de Mayo al 200, incorporada al patrimonio familiar en 2010, y otra propiedad sobre la actual avenida Presidente Néstor Kirchner, adquirida en 2006.
En total, el decomiso ordenado por la Justicia alcanza 111 inmuebles pertenecientes a todos los condenados de la causa Vialidad. De ese universo, 84 corresponden al empresario Lázaro Báez, 19 a Máximo y Florencia Kirchner, uno a Cristina Kirchner y el resto pertenece a otros exfuncionarios condenados en el expediente.
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La defensa de la expresidenta sostiene que parte de esos bienes fueron adquiridos antes del período en el que se cometieron los hechos investigados, por lo que considera que no deberían formar parte del decomiso. Ese argumento ya había sido parcialmente receptado por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky, quien entendió que no estaba suficientemente acreditado que algunas de las propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner provinieran directamente del delito investigado.
En paralelo, Cristina Kirchner también intentó dejar fuera del alcance de la medida otros inmuebles y terrenos que fueron cedidos oportunamente a sus hijos y que, según la documentación judicial, no forman parte del proceso de decomiso actualmente en discusión. Entre ellos figuran otros departamentos en Río Gallegos y terrenos ubicados en la zona del Lago Argentino, en Santa Cruz.
Con el monto del decomiso ya confirmado por la Corte Suprema, la discusión judicial se trasladará ahora a la ejecución patrimonial. Será en esa etapa donde el Tribunal Oral Federal N° 2 deberá determinar de manera definitiva cuáles de los inmuebles podrán ser efectivamente ejecutados para cumplir con la compensación económica impuesta en la condena por la causa Vialidad, mientras continúan los planteos de la defensa para excluir del proceso las propiedades heredadas por Máximo y Florencia Kirchner.
