Diego Chaher, el nombre detrás del secreto de las privatizaciones de Javier Milei

La opacidad en las tasaciones de empresas a privatizar por el Gobierno desata las primeras presentaciones judiciales.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), creada en julio de 2024 y liderada por Diego Martín Chaher, tiene un rol central en el controvertido proceso de privatizaciones.

En la disposición de sitios a ocupar dentro de la raviolera del Estado cada vez que llega un nuevo gobierno, no se suele prestar especial atención a las agencias que se crean para un fin en particular. Sin embargo, el diablo está en los detalles y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), creada el 19 de julio de 2024 en la órbita del Ministerio de Economía, pasó de ser una mera oficina a tener un rol clave en el controvertido proceso de privatizaciones lanzado por el gobierno de Javier Milei.

Cinco días después de la creación de la ATEP, el ministro de Economía, Luis Caputo, nombró como su titular, por medio del decreto 665, al abogado mendocino Diego Martín Chaher.

Dispuesto a todo, y en un primer momento monitoreado por Juan Pazo, Chaher tiene un rol clave en el proceso de privatización y la elaboración de un tecnicismo, que ya está teniendo consecuencias judiciales, negativas para el plan oficial. El aporte de Chaher está relacionado con la confidencialidad de los contratos de privatización.

Mérito para el guionista, puesto que el argumento que aparece en los considerandos de la resolución a la hora de justificar el secretismo es de película: “Sin perjuicio del principio de publicidad que rige los actos de gobierno, corresponde resguardar los informes de tasación elaborados (...) hasta el perfeccionamiento de los procedimientos de selección correspondientes”.

De su carrera en la actividad privada ligada a los medios de comunicación, Chaher pegó el salto al Estado y fue integrado a diferentes directorios de diversas empresas que el gobierno libertario busca privatizar.

A los entendidos no les pasó inadvertido que Chaher ingresó en el directorio de Nucleoeléctrica junto con Demian Reidel y su lugarteniente Marcelo Famá. A pesar de que, a los pocos meses de asumir, estos dos fueron cesanteados en medio de un escándalo de alto voltaje por denuncias de sobreprecios y presiones sobre los directores de carrera para que aceptasen las ofertas de las empresas señaladas, Chaher sigue en la firma del Estado que el mileísmo aún pretende privatizar en lo que abrirá otro capítulo complejo para el Gobierno. Una fuente calificada dentro de Nucleoeléctrica, ante la consulta de Ámbito, expresó: “No es raro que Chaher se haya quedado en el Directorio después de que lo sacaran a Reidel, porque fue parte de los que le serrucharon el piso a Reidel.Chaher era de la contra que responde a Luis Caputo”.

Chaher fue participando como interventor en varias firmas estatales que fueron víctima de los vaciamientos diseñados por la actual gestión, por caso, en EDUC.AR y todos los medios de comunicación del Estado. A su vez, sin explicar a razón de qué, Chaher viene estando presente en las reuniones que mantiene el interventor en la Casa de la Moneda, Pedro Daniel Cavagnaro, con empresas como 3M, Permaquín y CBPM, por caso.

Más allá de esto, el Gobierno de Milei le tenía guardado otro papel en su plan privatizador, y no era solo el de asesorar sobre cómo avanzar sino también la política de secretismo en torno de las polémicas tasaciones que está llevando adelante el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), bajo la flamante conducción de Maximiliano Voss. Política de secretismo que, por cierto, ya tiene consecuencias judiciales.

El 1 de abril de este año, el titular de ATEP emitió la Resolución 1, a través de la cual declaró “reservados todos los informes” de tasación producidos o a producirse en el marco de la privatización de empresas del Estado.

Por fuera de esta particular resolución, el primer paso lo dio el Tribunal de Tasaciones de la Nación luego de que su presidente Julio Roberto Villamonte, con su sola firma, anunciase que la entidad no iba a realizar las tasaciones de las cuatro centrales hidroeléctricas del complejo Comahue, Intercargo, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica, AySA

En parte, responde a la lógica de opacidad que pretende dar el gobierno a las privatizaciones ya que según el reglamento del propio Tribunal no solo en este tipo de casos no puede decidir unilateralmente el Presidente, sino que a la vez debe bregar por la publicidad de los procesos. Esto consta en la Ley 23696, la cual establece que la tasación tiene carácter de presupuesto oficial y exige “máxima transparencia y publicidad” en el procedimiento de privatización.

Tal y como reveló Ámbito, en casos como el de Intercargo, los tasadores del Banco Nación y del Banco Central de la República Argentina optaron por rechazar la tasación que quedó en manos del BICE, y su flamante conducción liderada por el mencionado Voss, el ultralibertario Felipe Núñez, Evert Van Tooren y Máximo Dupont.

De acuerdo a las memorias del BICE, recién en julio de 2025 se presentó la Unidad Valuadora que se encargó de las tasaciones de las seis empresas que el gobierno quiere privatizar.

Ya hay dos que fueron judicializadas exactamente por el mismo motivo: la opaca tasación del BICE, que, a juicio de los denunciantes, fueron subvaluadas.

El primer caso en judicializarse fue el de las cuatro centrales hidroeléctricas, dos de las cuales quedaron en manos de Edison, del grupo Neuss, muy cercano a Santiago Caputo. La presentación judicial la realizó la Fundación Soberanía, de Neuquén, porque, entre otras cosas, no permitieron acceder al contrato ni a la tasación del BICE. Según los testimonios que recabó Ámbito, “es todo muy técnico ya que el Gobierno lo que hizo en este caso fue pedirle al Tribunal de Tasaciones que realice las tasaciones en 15 días, y el Tribunal responde que por la complejidad técnica no podían hacerlo en ese tiempo. Fue decidido solo por el Presidente, a pesar de que debe ser resuelto por el pleno del cuerpo del Tribunal”.

Por otro lado, precisaron que elevaron una solicitud de acceso a la información pública al Ministerio de Economía que denegó cualquier posibilidad de observar el contrato. “De lo que surge de las fojas de las notas entre el Ministerio de Economía y el Tribunal hubo una subvaluación. En palabras llanas, se remataron porque no hubo tasación. Fueron las empresas licitantes las que determinaron cuánto valían las centrales”, mencionó una fuente calificada a este medio.

Según la denuncia presentada por la Fundación Soberanía, la no tasación “configura una violación sustancial y esencial a los principios de legalidad y defensa del patrimonio público establecidos en la Ley de Reforma del Estado N° 23.696 (t.o. 2023) y su Decreto Reglamentario N° 286/2025, normas que exigen de modo imperativo una tasación previa que sirva de sustento y garantía en todo proceso de enajenación de activos estatales”. La causa está siendo tramitada en el juzgado federal de General Roca, que se encuentra encabezado por el magistrado Hugo Greca.

El siguiente caso que ya fue judicializado es el de Intercargo, a pesar de que el plan privatizador del Gobierno sufrió un primer revés el jueves porque ninguna de las cinco empresas que se habían interesado ratificó su oferta. Más allá de eso, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) presentó una denuncia señalando que la tasación del BICE era inferior a la real. La presentación recayó en el el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3, el cual, primero, aceptó a APA como querellante y luego dispuso una serie de medidas, entre las cuales estaba el requerimiento al Ministerio de Economía y al BICE para que aportasen información al respecto.

Tanto una como otra atacan la Resolución 1 emitida en abril de este año por Diego Chaher, titular de ATEP, buscando garantizar el más absoluto secretismo en cada una de las operaciones.

Cabe señalar que la siguiente privatización que está por lanzarse, con tasación del BICE, es la del Belgrano Cargas, que buscaría entregar su explotación por 50 años. Según trascendió entre especialistas, habría cinco grupos interesados. Uno de ellos es el poderosísimo consorcio compuesto por Bunge, Cargill, ACA, AGD y Louis Dreyfus. También, se menciona a la mexicana Ferromex y al Grupo Roggio.

No llamaría la atención que su recorrido en el plano judicial se asemeje al de Intercargo y las centrales hidroeléctricas. Como dijo un sabio: todo está por verse.

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