Convocaron a un paro docente provincial por salarios y condiciones de trabajo
Los principales gremios docentes de la provincia de Buenos Aires anunciaron un paro para el próximo martes 30 de junio en el territorio del gobernador Axel Kicillof, en un contexto atravesado además por tensiones internas dentro del peronismo y el kirchnerismo. La medida fue definida de manera conjunta por AMET, FEB, SUTEBA y UDOCBA, bajo la consigna “¡Basta de violencias! Urgente convocatoria a paritaria por aumento salarial”, en medio de un reclamo por actualización salarial, mayor seguridad en las escuelas y respuestas a distintos planteos laborales y previsionales que, según sostienen, siguen sin resolución por parte de las autoridades.
Los sindicatos argumentaron que la decisión se adopta en un contexto de deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, conflictos crecientes en las instituciones educativas y restricciones presupuestarias que afectan al sistema educativo. Uno de los principales reclamos son los reiterados episodios de violencia registrados en las escuelas bonaerenses.
Los gremios consideran que la problemática ya no puede ser abordada únicamente desde las instituciones escolares y reclaman una intervención multisectorial que involucre a distintas áreas del Estado.
Así, exigen la implementación plena del Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación, un instrumento diseñado para actuar frente a situaciones de violencia en el ámbito educativo.
También solicitan la creación de protocolos complementarios, la aplicación efectiva de la legislación vigente para sancionar delitos y contravenciones, y la realización de jornadas institucionales para trabajar la problemática dentro de las escuelas.
A este punto, los gremios reclaman una nueva propuesta que permita recomponer el salario frente al avance de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo registrada en los últimos meses.
Dicho pedido apunta tanto al Gobierno nacional como al provincial. A la administración de Javier Milei le exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), un complemento salarial que dejó de transferirse tras el inicio de la actual gestión. Al gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, le reclaman una convocatoria urgente a la mesa paritaria para discutir una actualización salarial que permita recuperar ingresos.
Según los sindicatos, el deterioro de los salarios impacta directamente en las condiciones de vida de miles de trabajadores de la educación y dificulta el sostenimiento de la actividad docente.
Los gremios denuncian que en los últimos años se incrementaron las exigencias administrativas y pedagógicas fuera del horario habitual de trabajo, lo que terminó extendiendo la jornada laboral más allá de los límites establecidos.
A causa de ello, reclaman que se garantice el derecho a la desconexión digital y el respeto por la jornada laboral, evitando que las tareas continúen desarrollándose fuera del horario de trabajo.
También solicitan modificaciones en el Régimen Académico para aliviar las cargas laborales y evitar que la ampliación de responsabilidades continúe naturalizándose.
Ante una eventual reducción de la matrícula escolar en los próximos años, reclaman garantías para preservar los puestos de trabajo y exigen la derogación de las resoluciones 3367 y 333, que consideran perjudiciales para la estabilidad laboral de los docentes. La consigna planteada por los gremios es clara: "Ningún docente sin trabajo".
Los sindicatos también cuestionaron el recorte de recursos destinados a la educación técnico-profesional.
Ante ese marco, exigen al Gobierno nacional la restitución de las partidas presupuestarias previstas para el financiamiento de las escuelas técnicas y advierten que el desfinanciamiento pone en riesgo la formación de miles de estudiantes. De acuerdo a lo que sostienen, la reducción de recursos compromete el funcionamiento de establecimientos que requieren equipamiento específico y mayores inversiones para garantizar una educación de calidad.
Los sindicatos advirtieron sobre posibles modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional que podrían afectar el funcionamiento del Instituto de Previsión Social (IPS) y alterar las condiciones jubilatorias de los trabajadores de la educación bonaerense. Asimismo, reclamaron mejoras en la atención brindada por IOMA, la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses.
Así, las organizaciones sostienen que la cobertura médica presenta dificultades en distintos puntos de la provincia y exigieron que se garanticen prestaciones adecuadas, oportunas y acordes a las necesidades de los afiliados.
