Tras investigación de Ámbito, piden informes por la valuación de empresas públicas que el Gobierno busca privatizar
El diputado nacional Martín Aveiro impulsó una iniciativa para que el Poder Ejecutivo explique el apartamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación y el rol del BICE en la valuación de empresas públicas. En los fundamentos cita la investigación publicada por Ámbito.
El diputado nacional Martín Aveiro presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones sobre el apartamiento del Tribunal de Tasaciones de la Nación y la intervención del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) en esos procesos. El requerimiento se originó a raíz de una investigación publicada por Ámbito sobre el mecanismo utilizado por el Gobierno para valuar empresas públicas que serán privatizadas.
La iniciativa parlamentaria cita expresamente un artículo de este medio, en el que se reveló que el Tribunal de Tasaciones fue desplazado de las valuaciones de activos estratégicos y que el BICE creó una Unidad de Valuaciones para intervenir en las privatizaciones de empresas como Intercargo, AySA, Transener, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica y las centrales hidroeléctricas del Comahue.
En los fundamentos del proyecto, Aveiro sostiene que la publicación de este medio "plantea interrogantes de singular gravedad institucional que el Congreso de la Nación no puede ignorar". Incluso incorpora un enlace directo a la investigación y señala que allí se expone "la posibilidad de una maniobra tendiente a modificar los regímenes actualmente vigentes para la valuación y posterior privatización de los activos del Estado Nacional".
A partir de esa información, el legislador solicita al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Economía, a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), al BICE y al Tribunal de Tasaciones que remitan toda la documentación vinculada con las valuaciones y expliquen por qué el organismo especializado no intervino en esos procedimientos.
El proyecto también reclama copia de las tasaciones, informes técnicos, estudios financieros, convenios y resoluciones administrativas relacionadas con la valuación de Nucleoeléctrica, Intercargo, AySA, Transener, Belgrano Cargas y las centrales hidroeléctricas de Alicurá, Cerros Colorados, El Chocón y Piedra del Águila. Además, exige conocer qué fundamento legal tuvo la creación de la Unidad de Valuaciones del BICE y si participaron organismos de control como la SIGEN o la Auditoría General de la Nación.
En la investigación de Ámbito se había revelado que las tasaciones fueron realizadas por un organismo sin competencia específica para esa función, mientras que el Tribunal de Tasaciones quedó al margen por decisión de su presidente, Julio Villamonte. También se expusieron cuestionamientos sobre el carácter reservado de las valuaciones y las denuncias judiciales vinculadas a las privatizaciones de Intercargo y de las centrales hidroeléctricas.
La investigación publicada por Ámbito reveló que el Gobierno apartó al Tribunal de Tasaciones de la Nación de los procesos de valuación de empresas públicas y activos estratégicos incluidos en el plan de privatizaciones. En su lugar, el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), dependiente del Ministerio de Economía, creó una Unidad de Valuaciones para realizar las tasaciones de compañías como Intercargo, AySA, Transener, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica y las centrales hidroeléctricas del Comahue.
El trabajo periodístico también expuso que esa decisión derivó en cuestionamientos judiciales y administrativos por presuntas irregularidades en los procedimientos de valuación, el carácter reservado de las tasaciones y el desplazamiento del organismo que, por ley, tiene competencia para determinar el valor de los bienes del Estado. Además, reconstruyó el proceso mediante el cual el BICE asumió esas funciones y detalló las denuncias presentadas en torno a distintas privatizaciones impulsadas por el Gobierno.
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