La Justicia les prohibió a Insaurralde y Cirio salir del país
El juez federal Luis Armella dispuso la prohibición de salida del país de Martín Insaurralde y Jésica Cirio, en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra el exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense.
El fiscal federal Sergio Mola había solicitado las detenciones de ambos, pero el juez no accedió a disponer esa medida, que consideró “desproporcionada”, aunque sí ordenó este nuevo impedimento para viajar al exterior respecto de Cirio, Insaurralde, dos de los hijos de Insaurralde (Martín y Rodrigo), Sofía Clerici y otros dos imputados, Gastón Barrachina (sobrino de Insaurralde) y Víctor Donadío.
En un pasaje de su resolución de hoy, Armella apuntó contra el fiscal, a quien acusó de una “sobreactuación” después de la aparición de los videos, que según el magistrado, contrasta con la actitud que tenía hasta entonces el Ministerio Público.
En la decisión de hoy, Armella recordó que en la causa esperan el resultado de un peritaje contable sobre la evolución patrimonial de los imputados; dijo que ese estudio está “en pleno desarrollo”, con “un avance significativo del 91%” y que “tendría fecha de culminación aparente el 17 de julio de 2026, según lo indicara la perito oficial” que lo tiene a su cargo, María Eleonora Feser, del cuerpo de peritos de la Corte Suprema.
Armella destacó en su resolución “la esencialidad del resultado del peritaje para avanzar en la presente pesquisa”.
Esta causa, que lleva casi tres años, volvió a concentrar la atención pública hace una semana, cuando LA NACION publicó videos de 2023 en los que se ve a Cirio mostrando millones de dólares ocultos bajo ropa y en valijas en el vestidor de la casa que compartía con Insaurralde, en un barrio privado de San Vicente, provincia de Buenos Aires. Los investigadores calculan, de acuerdo con las imágenes, que podría haber unos 10 millones de dólares.
Según el fiscal Mola, tras la difusión de los videos, se había incrementado el peligro de que Insaurralde se fugara o buscara entorpecer la investigación. Con ese argumento, pidió su arresto a los fines de indagarlo. Y lo mismo solicitó respecto de Cirio.
Para el juez, pretender tomarles declaración indagatoria a Insaurralde y Cirio antes de tener el resultado del peritaje contable “resulta a las claras” una decisión “prematura en el estadio que se encuentra la investigación”.
Según el juez, el pedido del fiscal “presenta una evidente orfandad probatoria”. Y la solicitud de detención es “desproporcionada”, más aún -indicó Armella- “cuando no se ha verificado modificación en las circunstancias objetivas que exijan una decisión de ese tenor”.
Armella sostuvo que el dictamen del fiscal que pidió las indagatorias y detenciones tiene “graves defectos de fundamentación” y aseveró que “ello conlleva el riesgo de ser tachado de arbitrario, o bien, puede ser materia de futuros planteos de nulidad por parte de la defensa de los imputados, hecho que generaría un grave peligro para el avance de la investigación”.
Armella afirmó que, en el caso de Cirio -que no estuvo incluida en el pedido de indagatorias que hizo el Ministerio Público hace dos años-, la fiscalía ni siquiera identificó “un hecho concreto, o bien, una calificación legal para el delito que intenta endilgarle”.
Armella se refirió a los videos que dio a conocer el periodista Diego Cabot en LA NACION. Dijo que Mola los citó como el argumento para pedir las detenciones, pero que “dicho material audiovisual se encuentra pendiente de ser peritado a través de la Datip [Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal], dependiente del propio Ministerio Público Fiscal, quien aún debe designar una fecha para su realización”.
También afirmó que “a instancias del propio Ministerio Público” se ordenó “un peritaje con el objeto de determinar, entre otras cuestiones, si el material incorporado ha sido modificado o adulterado manualmente o mediante agentes de inteligencia artificial”.
El juez relató que dispuso medidas para determinar si el vestidor del video “resulta ser el de alguno de los inmuebles pertenecientes a Martín Insaurralde o Jesica Cirio”.
En cuanto a las razones para desestimar los pedidos de detención, dijo que los acusados “se han mantenido en todo momento a disposición de la Justicia” a los efectos de esta causa y que cumplieron con “cada uno de los requerimientos efectuados”. Según Armella, Insaurralde y Cirio tuvieron una “conducta procesal colaborativa y respetuosa”.
El magistrado dijo además que ninguno de los testigos declaró haber sido intimidado, ni antes ni después de la aparición de los videos.
El juez se quejó en su resolución de hoy de la difusión que tuvieron algunas medidas que estaban en trámite y dijo que esa publicidad podría atentar contra el éxito de la investigación. Fue en el tramo de su sentencia en el que hizo referencia a la actitud de la fiscalía.
La fiscalía, por su parte, lleva tiempo denunciando en el expediente la “parsimonia” del juzgado.
Armella escribió: “Corresponde preservar la actividad judicial de toda influencia externa que pudiera comprometer su objetividad, evitando que las decisiones adoptadas respondan, o siquiera puedan razonablemente percibirse como orientadas a proyectar una imagen de eficiencia frente a la opinión pública, o a satisfacer expectativas de índole personal, respondiendo a otro tipo de intereses, antes que a las necesidades objetivas de la investigación y a las constancias incorporadas a la causa".
Y afirmó: “Lejos de intrometerme en la forma de trabajo que quiera llevar adelante el Ministerio Público y qué intereses lo mueven hacia ella, lo cierto es que, contrastando la labor del Sr. Fiscal Federal previo a la publicación del video y la actitud adoptada en forma posterior, debo advertir que la sobreactuación en distintas solicitudes, o bien, las exposiciones mediáticas en las cuales se mencionan cuestiones serias y delicadas para la investigación, podrían derivar en inconvenientes para la pesquisa que esta sede judicial se encuentra llevando adelante de forma seria y rigurosa”.
Armella exhortó a Mola a “ceñirse al principio de objetividad” que debe regir su actuación. Tal como informó LA NACION, la tensión entre juzgado y fiscalía escala cada vez más.
El juez federal impuso otras restricciones para Insaurralde, Cirio, los dos hijos del exintendente, su sobrino, Clerici y Donadío, además de la prohibición de salida del país. En su resolución, dispuso la “obligación de no ausentarse de un radio de cincuenta (50) kilómetros del domicilio denunciado, sin autorización judicial previa”, y la “obligación de comunicar al Tribunal, con suficiente antelación, todo desplazamiento que importe una ausencia superior a veinticuatro (24) horas de dicho domicilio.
En un plazo de 24 horas, Insaurralde, Cirio y el resto de las personas alcanzadas por la decisión judicial, tendrán que “denunciar nuevamente y mantener actualizado su lugar de residencia efectiva”.
En su resolución, Armella recordó que el exjefe de Gabinete provincial, su exesposa y Clerici, tienen sus bienes inhibidos desde el 1º de diciembre de 2023. El resto de los alcanzados por la última medida de Armella están en la misma situación en cuanto a sus patrimonios, pero desde el 1º de noviembre de 2024.
Insaurralde está acusado de enriquecimiento ilícito y también de lavado de dinero en este expediente, que se inició después de que se publicó una foto, en 2023, de él navegando por el Mediterráneo en el yate “Bandido” con Sofía Clerici como acompañante.
Insaurralde fue intendente de Lomas de Zamora entre 2009 (cuando asumió en reemplazo de Jorge Rossi) y 2021 (cuando pidió licencia para ser jefe de Gabinete del gobierno de Axel Kicillof). Ocupó el cargo provincial hasta septiembre de 2023, cuando estalló el escándalo del “Yategate”. Su llegada al gabinete bonaerense se había dado por una gestión de la expresidenta Cristina Kirchner ante el mandatario provincial.
Hace una semana, además, la Justicia encontró cocaína y armas en el departamento de Palermo donde vive Jesica Cirio con su nueva pareja, Nicolás Trombino, según constancias judiciales a las que accedió LA NACION.
Efectivos de la Gendarmería Nacional que realizaron el allanamiento hicieron un test de orientación en el lugar que dio positivo para cocaína, según datos del expediente.
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