Guerra judicial por SanCor: quiénes son los tres grandes jugadores que pelean por los activos mientras la venta se estira
El proceso de liquidación de SanCor derivó en una batalla judicial en tres frentes que amenaza con paralizar la venta de los activos de la láctea antes de que se concrete cualquier transacción.
El enfrentamiento tiene, por un lado, a un consorcio de más de 1.000 acreedores que pide anular la quiebra y apartar al juez; por el otro, a Gustavo Scaglione, dueño de Fidulac S.A. y uno de los interesados en adquirir la empresa, quien impugnó el pliego de licitación aprobado el 11 de junio; y, finalmente, un síndico disidente que denunció ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe al magistrado que lleva el expediente por presuntas irregularidades en el control del proceso concursal.
El nudo de la disputa es uno: si los activos de SanCor —seis plantas industriales y las marcas— deben venderse por separado o como unidad económica. El juez Marcelo Gelcich, titular del Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial de Rafaela, aprobó un pliego que divide los bienes en siete lotes diferenciados, con un precio mínimo total de USD 52,1 millones. Esa decisión, adoptada el 11 de junio de 2026, es el detonante de la ofensiva legal.
De esta forma, las instalaciones fueron tasadas en conjunto en USD 27,4 millones, mientras que el paquete marcario alcanza los USD 24,7 millones, de los cuales USD 18,7 millones corresponden a la marca principal y USD 6 millones a submarcas como Mendicrim, Tolem y Quesabores.
Entre los interesados en quedarse con parte o la totalidad de los activos figuran Savencia —dueña de la marca Milkaut—, Adecoagro —fabricante de Las Tres Niñas—, Punta del Agua, Elcor —marca La Tonadita— y La Tarantela. Todos son empresas del sector lácteo que ya habían tomado contacto con SanCor cuando surgieron los primeros rumores de quiebra el año pasado. El vínculo data al menos de noviembre de 2025, cuando el juez a cargo del concurso convocó a los acreedores a presentar alternativas concretas para reactivar la empresa. Scaglione ya había presentado en dos oportunidades un plan para rescatar a la cooperativa, incluso antes de la quiebra. En ambos casos, no tuvo éxito.
A la vez, mientras se dirimen los conflictos en la Justicia, la semana pasada se desvincularon 736 empleados de los 914 que tenía SanCor al inicio del proceso. La cifra surge de descontar los 178 puestos que el gremio y el juez Marcelo Gelcich acordaron preservar para mantener operativas las seis plantas que aún funcionan. La empresa lleva 60 días paralizada desde que el magistrado firmó la quiebra a mediados abril, y los salarios no se pagan con regularidad. El gremio lácteo, Atilra, se posicionó también contra la justicia y apela por una venta total de la compañía.
El recurso de revocatoria que presentaron la semana pasada los abogados de Scaglione ataca el esquema de liquidación en su núcleo. El escrito, con patrocinio del doctor Leandro Salvatierra, sostiene que el pliego aprobado “permite la enajenación separada de las marcas respecto de las plantas industriales”, lo que —según la presentación— destruiría valor en lugar de maximizarlo.
El argumento central es económico: el valor de SanCor no reside en sus plantas ni en sus marcas consideradas de forma aislada, sino en la articulación entre ambas. Una planta láctea sin las marcas bajo las cuales elaboró y comercializó sus productos históricamente queda reducida a un conjunto de instalaciones y maquinaria cuya explotación futura depende de una inversión adicional y de un posicionamiento comercial que habría que construir desde cero. A la inversa, quien adquiera las marcas no tiene ninguna obligación de seguir produciendo en las fábricas de SanCor.
La presentación también cuestiona la legalidad del procedimiento. La Ley de Concursos y Quiebras (LCQ) establece, en su artículo 204, que la primera alternativa de realización de activos en una quiebra debe ser la venta de la empresa como unidad. La fragmentación en lotes separados es una opción subsidiaria, que requiere justificación. Según Fidulac, la resolución judicial no contiene ningún análisis que explique por qué se descartó la venta integral ni una valuación comparativa que demuestre que la suma de las partes supera o iguala el valor del todo.
A eso se suma un cuestionamiento específico sobre la planta de Sunchales. El tasador oficial, el ingeniero Pablo Bacchetta, la había valuado en USD 3 millones. Tras un incendio ocurrido el 7 de junio de este año, la sindicatura y la coadministración propusieron una reducción del 20%, que el juez receptó sin más, lo que fijó el valor en USD 2,4 millones. El recurso señala que entre el siniestro y la constatación transcurrieron menos de 24 horas, y que no existe un informe técnico que respalde esa quita porcentual ni que detalle qué bienes fueron destruidos o inutilizados.
Otro flanco del recurso apunta al proceso previo al pliego: los acreedores no tuvieron acceso a las tasaciones que sirvieron de base para fijar los valores mínimos. Esa documentación quedó alojada en un “Data Room” al que solo se puede ingresar previo pago de USD 10.000, el mismo monto que deben abonar quienes quieran participar como oferentes. Para Fidulac, esa condición impidió a los acreedores ejercer el control que la ley les garantiza sobre las decisiones que afectan el patrimonio destinado a pagar sus créditos.
Mientras Scaglione litiga en el expediente principal, desde adentro del propio proceso concursal se gestó una segunda línea de ataque. Un integrante de la sindicatura plural designada para la quiebra —identificado en los documentos como síndico “disidente”— presentó ante la Corte Suprema santafesina una denuncia por irregularidades institucionales contra el juez Gelcich.
La denuncia describe un patrón: el magistrado habría montado un esquema para desplazar el control independiente de la sindicatura y concentrar las funciones estratégicas del proceso en una coadministración de su propia creación. La contadora Lucila Inés Prono fue designada coadministradora directamente por el juez, eludiendo el sorteo obligatorio del registro de la Corte. Lo que nació como un órgano auxiliar para asistir a la sindicatura ante la reticencia de la empresa a entregar información terminó, según la denuncia, absorbiendo funciones que la ley reserva exclusivamente a los síndicos.
La fractura interna de la sindicatura plural es uno de los ejes del escrito. Mientras dos de sus integrantes —identificados como Epstein y Tomat— mantuvieron un rol de control estricto, el tercero, Ignacio Pacheco Huber, se alineó con las directivas del juzgado y de la coadministradora. Epstein terminó renunciando. Su vacante no fue cubierta por sorteo, como exige la ley, lo que dejó al proceso con una sindicatura reducida mientras la coadministración conservaba sus amplias facultades.
La denuncia incluye episodios concretos. En el caso conocido como incidente “Hypred”, desaparecieron 24.640 kilogramos de queso que estaban bajo resguardo judicial como garantía (warrants), con un valor estimado en al menos USD 209.440. Según el escrito, en lugar de investigar el destino de ese dinero, el juez rechazó la denuncia y sancionó con un apercibimiento a los síndicos que la habían formulado, por considerarlos “negligentes”. En otro episodio, el síndico disidente fue sancionado con una “falta grave” por entregar el relevamiento físico de seis plantas industriales —distribuidas en dos provincias— un día después del plazo de cinco días hábiles que se le había fijado, por razones logísticas.
El denunciante sostiene que esa metodología —plazos imposibles seguidos de sanciones— fue el mecanismo sistemático para transferir funciones hacia la coadministración y marginar el control independiente. El síndico fue excluido de la elaboración del pliego de licitación y solo recibió el documento para su revisión con 24 horas de anticipación. La denuncia ante la Corte pide una investigación urgente, medidas preventivas para asegurar la independencia de la sindicatura y, eventualmente, un sumario administrativo contra el magistrado.
La tercera pata del conflicto la protagoniza el Estudio Jurídico Dr. Regali & Asociados, conducido por el abogado Aldo Regali, quien representa a un consorcio de 1.066 acreedores de SanCor. El grupo incluye productores tamberos, proveedores comerciales, extrabajadores activos y empleados que formaron parte del programa de Retiro Voluntario Anticipado.
El consorcio apela contra la venta de los activos, pide declarar nula la quiebra y reclama que se considere su propio plan de salvataje para la firma. La presentación ante la Corte Suprema de Santa Fe busca también impulsar un juicio político contra el juez Gelcich por las irregularidades denunciadas en el manejo del concurso.
El trasfondo de este frente es el mismo que el de Fidulac: la objeción a que los activos se vendan desintegrados. Para los productores y proveedores que integran el consorcio, la fragmentación del patrimonio de SanCor reduce las chances de que alguien se haga cargo de las plantas como unidades productivas en funcionamiento, lo que afecta directamente sus posibilidades de cobrar sus acreencias.
La quiebra de SanCor se concretó el 22 de abril de este año por decisión del propio juez Gelcich, quien la definió como una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. La cooperativa acumula una deuda de más de USD 120 millones, alrededor de 300 pedidos de quiebra y un concurso preventivo iniciado en febrero de 2025 que no logró revertir la situación. De las 14 plantas que llegó a operar en su etapa de mayor expansión, conserva seis, con producción muy por debajo de la capacidad instalada.
