Samuelandia frente a la Constitución
Hay gobiernos que fracasan por incompetencia. Y hay gobiernos que, además de fracasar, comienzan a poner en riesgo las instituciones que juraron respetar. La diferencia entre ambos es precisamente el juicio político.
Durante años, el gobernador quiso convencernos de que Nuevo León vivía en “Samuelandia”: un lugar donde bastaba un video, una transmisión en vivo o una campaña permanente en redes sociales para sustituir la realidad. Pero la realidad siempre termina alcanzando a la propaganda.
Ningún reel resolvió el tráfico. Ningún filtro fotográfico limpió el aire. Ninguna historia de Instagram terminó el Metro. Ningún video llevó agua a las familias. Ninguna estrategia de comunicación pudo ocultar el deterioro institucional que hoy vive nuestro estado.
Por eso el debate dejó de ser político y hoy está en el terreno constitucional. El juicio político no existe para castigar delitos ni para resolver diferencias entre partidos. Para eso existen los tribunales y las elecciones. Su propósito es mucho más profundo: proteger al Estado cuando quien ejerce el poder rebasa los límites que le impone la Constitución.
Nuestra Constitución y la Ley de Juicio Político del Estado establecen que este mecanismo procede cuando los actos u omisiones de un servidor público dañan gravemente los intereses públicos fundamentales. No exige una sentencia penal; exige valorar si el ejercicio del poder de una persona que se la pasa en “modo party” dejó de servir al interés público.
Quienes reducen este debate a una disputa entre partidos se equivocan. El verdadero problema no es una denuncia. El verdadero problema es el patrón de conducta de quien regala cerveza, pero destroza a la empresa que debe llevar agua y drenaje a las familias y la ciudad.
Durante casi todo el sexenio, Nuevo León ha vivido una crisis institucional permanente: conflictos entre poderes, confrontaciones con órganos constitucionales, judicialización de la política, incertidumbre presupuestal, proyectos estratégicos detenidos y la confrontación convertida en método de gobierno. Esa es la “normalidad” de Samuelandia.
La política dejó de resolver problemas para convertirse en un espectáculo. Y eso tiene consecuencias. La inversión requiere certeza. Las familias requieren seguridad. Los municipios requieren coordinación. Los empresarios necesitan reglas claras. Los ciudadanos necesitan gobiernos que gobiernen, y eso no lo tenemos. Cuando el poder se ejerce pensando primero en la imagen personal y de una pareja en el poder, y después en el interés público, el costo termina pagándolo toda la sociedad.
Desde hace tiempo sostengo que Nuevo León enfrenta cinco grandes enemigos: la inseguridad, el tráfico, la contaminación, la escasez de agua y la falta de oportunidades. Hoy agregaría uno más: el mal gobierno. Porque un mal gobierno termina alimentando todos los demás problemas. No es casualidad que tantas obras estratégicas permanezcan inconclusas ni que la conversación pública haya dejado de centrarse en resultados para concentrarse en litigios, escándalos y confrontaciones.
Hace tiempo que el gobernador se apartó de los deberes elementales de prudencia, legalidad y responsabilidad institucional que exige el cargo. Gobernar implica respetar los contrapesos, privilegiar el interés público y comprender que el poder es un mandato temporal, no un proyecto personal.
El constitucionalista Alexander Bickel sostenía que la fortaleza de una democracia no se mide por la amplitud del poder de sus gobernantes, sino por la eficacia de los límites que la Constitución es capaz de imponerles. Esa es, precisamente, la razón de ser del juicio político.
No se trata de destituir a un gobernador. Eso de verdad es lo de menos, es un objetivo secundario. Lo importante es restaurar un principio superior: que en Nuevo León el poder pertenece a la Constitución y al pueblo, nunca a quien ocupa temporalmente un cargo.
La Presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha planteado, a través del Plan México, un modelo de gobierno sustentado en la responsabilidad institucional, la honestidad pública y el crecimiento con justicia. Esa también es la convicción de la 4T Norteña: demostrar que la Transformación no consiste en confrontar instituciones, sino en fortalecerlas para que sirvan mejor a la gente.
Por eso, tengo la convicción que cuando un gobierno deja de servir a las instituciones y pretende que las instituciones sirvan al gobernante, el juicio político deja de ser una opción y se convierte en un deber constitucional y cívico.
*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.
