Los periodistas y su rol en el ciclo presupuestario

En tres días vence el plazo para que el jefe de gabinete mande al Congreso la rendición de cuentas de la gestión presupuestaria del año pasado. Eso se llama la cuenta de inversión. Esa información se genera en la Contaduría General de la Nación. Nos dice en qué se gastó y cómo se financió ese gasto.

La pregunta de este Defensor de los Lectores es, ¿cómo influye la prensa en la gestión del dinero público?

Es evidente que el ciclo de las noticias impacta la gestión de los fondos públicos. Las reacciones de un gobierno al debate democrático pueden implicar gastos o ahorros nuevos que reforman el presupuesto actual o se incorporan a los siguientes. La mayoría son acciones burocráticas que no vemos, pero que están motivadas muchas veces por eventos críticos amplificados por la acción periodística.

Otras veces la modificación presupuestaria es más visible. El choque de trenes en Palermo, en mayo de 2024, provocó la emergencia ferroviaria, y el reciente caso Agostina impulsó la emergencia de género, aunque es probable que el oficialismo la frene justamente por razones fiscales. Ambas emergencias implican más fondos.

Cómo se gasta el dinero público es lo más verdadero que tiene la política. Ese proceso sintetiza presiones, ideologías, valores, intereses, poderes, confusiones, lo que es transparente y lo que es opaco. El presupuesto es una zona crítica de la vida democrática

1. ELABORACIÓN. El presupuesto empieza a elaborarse en marzo cuando el Ministerio de Economía decide las pautas macroeconómicas. Luego durante mayo y junio cada organismo define el dinero que pedirá. En julio y agosto la subsecretaría de Presupuesto toma esos pedidos y arma el presupuesto, que este año está previsto que ingrese al Congreso el 14 de septiembre. En esta etapa el periodismo ya puede explorar los techos presupuestarios previstos en las distintas políticas públicas.

2. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN. Apenas llegado, la Oficina de Presupuesto del Congreso realiza un muy útil informe para los legisladores. El proyecto entra en la comisión respectiva de la Cámara de Diputados donde el oficialismo lucha para obtener un dictamen favorable. Si hay un dictamen y luego es aprobado en el recinto va al Senado. El año pasado el Senado lo aprobó el 26 de diciembre. Desde la recuperación democrática, sólo seis años no se aprobó. Si no se aprueba, se repite el anterior, incluidas las modificaciones que tuvo en su ejecución. En la negociación con gobernadores y opositores para su aprobación legislativa suele existir la “planilla de la felicidad”, que es el listado de obras públicas y ampliaciones de gastos que se agrega como anexo a la ley. Pero es una felicidad fugaz si el jefe de gabinete no lo concreta con decisiones administrativas, lo que pocas veces ocurre.

El único presupuesto aprobado de la era Milei es el que se está ejecutando ahora. En su debate de 26 horas los legisladores hicieron varias menciones a los medios como referentes de la información para respaldar sus argumentos, y también citaron a las redes como escenario de propaganda y conflicto. La prensa ofrece a los legisladores recursos para argumentar. Trae ”el debate económico”, “el clima social”, la “realidad de la calle”. Fíjense entonces cómo los sesgos que tiene esa realidad periodística impacta sobre el debate presupuestario. Es lo que llaman efecto énfasis. Son argumentos de respaldo a sus posiciones, tanto de la oposición como del oficialismo

3. EJECUCIÓN. Se inicia en los primeros días de enero. El Poder Ejecutivo manda por trimestre informes de ejecución al Congreso. Un gobierno es una jineteada que requiere una gestión necesariamente flexible porque abundan situaciones no previstas por el presupuesto. La agenda pública sorprende con ventanas de atención a una demanda social. Los temas de gasto social y seguridad pueden ser los más volátiles. Pero esas modificaciones presupuestarias tienden a ser solo discursivas si se apaga la ráfaga de atención en este problema público. Casos que impactan pueden generar “partidas débiles” que son decorativas y rápidamente revertidas cuando las luces mediáticas se apagan.

Los legisladores pueden funcionar como alertadores de la prensa. Y los periodistas encuentran en los “fascículos” –la descripción narrativa y presupuestaria del plan de cada ministerio– mucho detalle para monitorear la ejecución, y también en el sitio Presupuesto Abierto.

4. EVALUACIÓN. Esta es la última fase. De enero a junio se elabora la rendición de cuentas que tiene que llegar al Congreso el 1 de julio. Este la envía a la Auditoría General de la Nación (AGN), que en cuatro meses tiene que hacer su dictamen. Eso está retrasado. Ese dictamen sobre la rendición de cuentas que manda la AGN es analizado por la estratégica

Comisión Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, formada por seis senadores y seis diputados. Hasta ahora el último que aprobó es el del 2020, el primer año de la pandemia. Si se aprueba en comisión luego tiene que ser tratado por las dos cámaras, pero extrañamente la última rendición de cuentas de un presupuesto aprobada en el recinto es la de 2013.

Con esa demora no hay mucha posibilidad de auditorías de seguimiento. Como dijo el diputado del PRO, Álvaro González, “si estuviéramos seriamente interesados en discutir las políticas, deberíamos discutir la cuenta de inversión del año anterior. Si hay algo que corregir, se puede corregir. ¿Hoy qué vas a corregir?”. Al momento de debatir la cuenta de inversión los legisladores de las bancadas mayoritarias se vuelven comprensivos de las tormentas que cada gobierno tuvo que enfrentar. El diputado Miguel Ángel Pichetto, con tres décadas de legislador y además exauditor de la AGN, quien define el estándar de la cultura política parlamentaria, en una reunión de esa comisión dijo que la “línea histórica seguida por la Comisión Bicameral sobre las cuentas de inversión, [es] tendiente a la aprobación y a la validación de la gestión de Gobierno”.

Ahora que la AGN completó su integración se comprometió a mandar al Congreso antes de octubre los dictámenes sobre la rendición de cuentas hasta 2024. El objetivo es que el año que viene se puedan concentrar en auditar el presupuesto que acaba de terminar su ejecución lo que hará el control más eficaz. Eso es una mejora institucional evidente, que está impulsada porque ofrece a la oposición, desde el 2027, la posibilidad de controlar casi en tiempo real la ejecución del presupuesto de Milei.

Hasta ahora al menos, se ha dado un pacto de Estado de las principales fuerzas políticas de no tomarse en serio esa instancia de control. El periodismo tiene ahí un rol que cumplir. Pero a los periodistas expertos en estos temas les cuesta convencer de su importancia a sus editores y a su audiencia.