Un juez rechazó el pedido del camarista Martín Irurzun para seguir en el cargo mas allá de los 75 años
La Justicia rechazó una medida cautelar planteada por el camarista Martín Irurzun para seguir en la Cámara Federal después de que cumpla el 18 de julio los 75 años, por lo que se abre ahora la posibilidad al Gobierno de cubrir una tercera vacante en el estratégico tribunal clave en los casos de corrupción.
El fallo fue dictado por el juez en lo contencioso administrativo federal Enrique Alonso Regueira, quien descartó el pedido del camarista para suspender la aplicación del límite de edad constitucional previsto para dejar la función.
Irurzun cumple 75 años el 18 de julio y deberá cesar en sus funciones si no obtiene un nuevo acuerdo del Senado, como lo prescribe la Constitución nacional, en un artículo agregado en la reforma de 1994.
El juez Alonso Regueira, rechazó la medida cautelar autónoma que había solicitado Irurzun para que se suspendieran los efectos del artículo 99 inciso 4, tercer párrafo, de la Constitución, que obliga a pedir un nuevo acuerdo al Senado, al cumplir 75 años.
El fallo de primera instancia será apelado ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal y, eventualmente, Iriruzun pretende llegar con su caso a la Corte Suprema de Justicia.
Su insistencia se basa en que la Corte dictó un fallo que ratifica la validez del límite de 75 años, pero lo hizo con otra integración. Hoy esa ,mayoría de jueces ya no existe en el máximo tribunal.
El otro argumento de Irurzun es que ese fallo fue firmado por el juez Horacio Rosatti, quien fue convencional constituyente de 1994 y, por lo tanto, argumenta el magistrado, no debería juzgar un caso relacionado con una reforma en la que él mismo participó.
Mas allá de estos argumentos, el revés judicial a Irurzun le abre al Gobierno la posibilidad de cubrir su vacante a partir del 18 de julio. Sería la tercera vacante que tiene el Gobierno en la Cámara Federal.
Las otras dos vacantes son las de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, trasladados por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri a ese tribunal y cuyos cargos fueron ahora nuevamente concursados por orden de la Corte.
Los candidatos para ocupar esos dos lugares son Pablo Yadarola, Pablo Bertuzzi, quien volvió a concursar para su cargo, y la fiscal federal Cecilia Incardona.
En el caso de Irurzun, si su vocalía queda vacante se deberá llamar a un nuevo concurso para ocupar el cargo y mientras tanto los subrogarán los jueces que se designen en la Cámara Federal.
Ese tribunal debe revisar, por ejemplo, el caso del jefe de gabinete Manuel Adorni, la causa de los supuestos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) , donde está procesado Diego Spagnuolo, y el caso $LIBRA, en el que son investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei.
Irurzun ocupa la Sala II de la Cámara Federal, donde tramitan algunas de las causas de mayor sensibilidad política del fuero, incluyendo expedientes vinculados a inteligencia ilegal y escuchas.
El planteo de Irurzun ante el juzgado contencioso era de fondo constitucional: sostuvo que la Convención Constituyente de 1994, al incorporar el límite de edad, se ocupó de cuestiones que no le había fijado el Congreso a través de la ley declarativa de la reforma, que solo la habilitó a avanzar sobre el mecanismo de designación y remoción de magistrados.
Esa ley no hablaba de que los constituyentes podían establecer un tope de edad, que en los hechos recorta la garantía de inamovilidad de los jueces.
Para fundar esa tesis recurrió al voto en disidencia que el juez de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz suscribió en el precedente Schiffrin, de 2017, el cual es precisamente el fallo en que la mayoría del máximo tribunal avaló la constitucionalidad del límite de 75 años, al revocar la doctrina anterior del caso Fayt.
El Estado nacional se presentó en el expediente y se opuso a la concesión de la medida, lo que anticipa la posibilidad de que el Gobierno no quiere a Irurzun en la Cámara Federal y no enviará su pliego al Senado para un nuevo acuerdo de cinco años.
En su fallo, el magistrado Alonso Regueira dijo que la pretensión de Irurzun choca de frente con el precedente Schiffrin de la Corte Suprema. Subrayó que la medida cautelar tenía por objeto la suspensión de una cláusula de la Constitución nacional y que el Consejo de la Magistratura ya dictó normas que reglamentan el procedimiento para el cese de los magistrados a los 75 años.
Con el rechazo de la cautelar, Irurzun tiene tres opciones. La primera es apelar ante la Cámara Contencioso Administrativa Federal, que deberá expedirse antes del 18 de julio y buscar llegar a la Corte.
La segunda posibilidad es que el gobierno de Javier Milei envíe su pliego al Senado antes de esa fecha, para que el cuerpo le otorgue el nuevo acuerdo que la Constitución exige, cuestión que se estima no ocurrirá, y la tercera es acceder a la jubilación.
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