Las mujeres, cada vez más lejos de la Corte Suprema
Argentina es el único país de América Latina que no tiene ninguna mujer en su Corte Suprema de Justicia.
Según el Mapa de Género de la propia Corte, las mujeres representan el 57% de las 133.622 personas que integran el sistema judicial. Son mayoría. Sin embargo, esa presencia desaparece a medida que se asciende en la estructura de poder: ocupan apenas el 31% de las máximas autoridades judiciales.
Las mujeres están en los juzgados, las fiscalías, las defensorías, las universidades y los tribunales, pero no las dejan llegar a los lugares donde se toman las decisiones más trascendentes. En 162 años de historia de la Corte Suprema, 104 hombres ocuparon sus sillones. Apenas tres mujeres lograron hacerlo. Y hoy no queda ninguna.
El reciente decreto 467/2026 de Javier Milei es un enorme retroceso. Eliminó la recomendación de considerar criterios de diversidad de género, especialidad y procedencia regional para seleccionar candidatos a la Corte. También suprimió las instancias de participación ciudadana que permiten a universidades, organizaciones sociales, colegios profesionales y organismos de derechos humanos hacer observaciones sobre los postulantes.
"Un tribunal integrado por personas con experiencias, trayectorias y miradas distintas tiene más herramientas para comprender la complejidad de los conflictos que debe resolver. Eliminar estos criterios es inconstitucional y representa un retroceso respecto de estándares que apuntaban a construir una Justicia más plural, representativa y cercana a los valores democráticos", aseguran desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
El Comité de la CEDAW -el principal tratado internacional de Naciones Unidas sobre derechos humanos de las mujeres- instó a la Argentina a adoptar acciones concretas para garantizar una participación más igualitaria en los cargos públicos, especialmente en el Poder Judicial. El Gobierno avanza en dirección opuesta.
El abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez ya presentó una acción ante la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del decreto, al considerar que elimina mecanismos de transparencia y participación ciudadana y supone una regresión en materia de igualdad.
La Corte Suprema es el órgano que interpreta la Constitución y decide sobre los derechos de millones de personas. En Argentina las mujeres no sólo son mayoría en su población sino también en el sistema judicial. Pero el problema no es estadístico, es democrático.
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