Con más dudas sobre su fortuna, el fiscal pidió el último informe para avanzar con la intimación a Manuel Adorni
En el marco del expediente por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni, el fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) que remita un informe sobre la evolución patrimonial y financiera del Jefe de Gabinete y de su esposa, Bettina Angeletti. El período comprendido va desde el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad. Se fijaron siete puntos específicos junto a una importante cantidad de planteos formulados a las firmas de criptomonedas para conocer su evolución.
El Jefe de Gabinete está cerca de responder a una serie de consultas que la fiscalía, a través de un requerimiento de justificación, le formulará en función de una serie de inconsistencias que fueron halladas en su patrimonio. “Es el último pedido previo a avanzar con una intimación al funcionario”, explicó a Clarín una fuente judicial.
Manuel Adorni corrigió todos los números de su fortuna. Pese a que inicialmente, al concluir el 2024 había declarado poseer 107 millones de pesos, con las rectificaciones formuladas esa cifra trepó a 622 millones de pesos. Eso le permitió justificar, a su entender, una evolución patrimonial que concluyó el 31 de diciembre de 2025, con bienes por 944 millones de pesos.
Ante los nuevos números volcados en las declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA), el representante del Ministerio Público Fiscal estableció una serie de lineamientos que la DAFI debe responder para así, especificar las inconsistencia halladas en el patrimonio del Jefe de Gabinete.
“Esa Dirección deberá considerar de manera integral la totalidad de los elementos incorporados a la causa, efectuando los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y pasivos, y los gastos acreditados en este expediente”, escribió en el oficio al que accedió Clarín, el fiscal Pollicita.
Esta medida es clave, se trata de la la producción de un informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y Bettina Julieta Angeletti desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. “El análisis debe presentarse de forma individual y consolidada como grupo familiar” bajo siete parámetros técnicos.
¿Qué solicitó el fiscal? En primer lugar una evolución de activos y pasivos que permita determinar la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas al inicio y al cierre de cada ejercicio investigado.
En segundo término, Pollicita requirió la identificación y respaldo de ingresos para así, lograr diferenciar los ingresos con “causa y respaldo legítimo de los movimientos internos, transferencias entre cuentas propias o familiares, préstamos o ventas de activos”.
Respecto a las posibles acreditaciones sin causa clara, consignó el fiscal Pollicita, “deberán exponerse por separado, y los ingresos declarados de origen laboral, profesional o comercial deberán contrastarse con las pruebas de la causa”.
En el análisis de la evolución patrimonial que corrigió Manuel Adorni tras admitir que tenía dinero “en negro, sin declarar”, para el representante del Ministerio Público es importante confeccionar una reconstrucción del flujo de fondos. Se pidió de manera específica que se “integre en una secuencia económica las adquisiciones de bienes, gastos corrientes y extraordinarios, consumos y pagos en efectivo o moneda extranjera”. Se deberán depurar las “operaciones internas para evitar duplicaciones y conciliar, por ejercicio, las tenencias iniciales y finales de efectivo y divisas”.
Con las nuevas declaraciones juradas que corresponden al período fiscal que concluyó el 31 de diciembre de 2025, más los 22 documentos incorporados para corregir todos los números que venía declarando desde que asumió como funcionario público, el fiscal Pollicita dijo que es relevante avanzar con una comparación de declaraciones juradas: “Cotejar las DDJJ originales y sus rectificaciones, individualizando los cambios en las valuaciones y el impacto cuantitativo en el patrimonio. Se expondrán por separado los fondos incorporados vía rectificativas que no estén objetivamente corroborados”.
Entre los aspectos finales del pedido formulado para detallar todos aquellos elementos que componen el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa, también bajo investigación judicial, el Ministerio Público posa la lupa sobre los movimientos de criptoactivos.
Por ese motivo se ordenó una auditoría de activos virtuales, donde se ordenó que se ingrese la operatoria informada por las plataformas y billeteras virtuales, distinguiendo depósitos, retiros, compras, ventas, permutas (swaps) y transferencias. Estos circuitos deberán “contrastarse con los perfiles económicos de las plataformas (antecedentes KYC) y los datos bancarios y fiscales”.
Desde un comienzo, como contó Clarín, el fiscal Pollicita sospechó de la confesión pública de Adorni respecto a la tenencia de bitcoins. Invirtió allí, dijo en una entrevista televisiva con LN+, encontró en la casa de su padre, ya fallecido, 200 mil dólares con los que adquirió bitcoins, la venta de los mismos lo condujo a declarar -ahora sí-, la tenencia de 513.000 dólares.
La justicia federal no cuenta, señalaron fuentes allegadas al expediente, con documentación respaldatoria de esas operaciones, como tampoco de nada que corrobore la titularidad por parte del funcionario de esa moneda virtual. Motivo por el cual se le pidió a la DAFI que establezca el origen de financiamiento.
Para cumplir con ese objetivo, se pidió “determinar el costo, fecha y forma de pago de los bienes incorporados. En caso de préstamos o mutuos invoca-dos, se examinará la capacidad económica del prestamista y se señalarán las diferencias cuantitativas o cronológicas entre escrituras, registros y testimonios”.
Finalmente, se solicitó una ecuación patrimonial anual y acumulada. En particular se solicitó elaborar una ecuación contable que “confronte los ingresos lícitos y disponibilidades iniciales contra los gastos, consumos e incorporaciones de bienes”.
La finalidad es individualizar y cuantificar de manera precisa las partidas que no guarden correspondencia, que tengan respaldo incompleto o que muestren contradicciones entre declaraciones.
Con estos últimos datos, el fiscal Gerardo Pollicita procederá a firmar el requerimiento de justificación, una instancia habitual en los casos donde se investiga el presunto enriquecimiento ilícito. Es la posibilidad al imputado de brindar explicaciones que justifiquen la evolución patrimonial.
En ese momento, se esas explicaciones brindadas no resultan suficientes para la fiscalía es cuando se da el siguiente paso: un pedido de llamado a indagatoria que deberá firmar, en este caso, el juez federal Ariel Lijo.
Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales. [email protected]
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