Un consorcio de acreedores busca frenar la venta de SanCor, declarar nula la quiebra y apartar al juez del concurso
Un consorcio de acreedores de la malograda cooperativa láctea SanCor, integrado por productores, proveedores y extrabajadores, apelaron la venta de los activos de la empresa, piden declarar nula la quiebra y que se tome en cuenta su plan de salvataje para la firma.
Asimismo, hicieron una presentación ante la Corte Suprema de Santa Fe para impulsar un juicio político por irregularidades al juez en lo Civil y Comercial de la localidad de Rafaela, Marcelo Gelcich, quien lleva adelante el concurso.
El responsable de la representación del denominado Consorcio de Acreedores de SanCor, es el Estudio Jurídico Dr Regali & Asociados, conducido por Aldo Regali. El abogado asegura que actualmente dicho consorcio está integrado por 1066 acreedores, entre los que productores, proveedores comerciales, ex trabajadores activos de SanCor y ex empleados que fueron incluidos en el programa de Retiro Voluntario Anticipado.
Los mismos anunciaron “una ofensiva legal, institucional y social destinada a frenar de forma inmediata el proceso de licitación y remate forzoso de las plantas industriales de la emblemática firma láctea”.
Cabe recordar que en las últimas semanas, Gelcich estableció un precio mínimo para la liquidación de los activos físicos de SanCor (las seis plantas que todavía posee) y los intangibles (marcas) por US$ 52,1 millones. Los bienes serán vendidos a través de licitaciones separadas.
Según comunicaron, como primera medida “se interpuso una Medida Cautelar Autónoma de Prohibición de Innovar para paralizar de inmediato el llamado a licitación forzada de las seis plantas industriales y el portafolio de marcas”.
Además, el Consorcio de Acreedores tramita un Recurso Directo ante la Sala II de la Cámara de Apelaciones de Rafaela, denunciando que “el juez de grado clausuró arbitrariamente el tratamiento del Plan de Salvataje en la misma jornada en que dictó la quiebra, violando de forma flagrante las reglas de cómputo por una diferencia de apenas 14 minutos en el sistema informático”.
En diálogo con Clarín Rural, Regali sostuvo que “en la quiebra, la propia coadministradora, en una reunión que tuvimos hace un mes, según los números de ella, el 87% de los acreedores no cobraría nada, y el restante cobraría entre un 20 y un 25% de su acreencia. O sea, la quiebra deja el tendal de acreedores sin cobrar”.
“Estamos hablando de productores a los que se le deben hasta $700 millones y más, de proveedores con deudas por cobrar de $200 y $300 millones. Eso deja un hueco económico en la zona y en la cadena de pago, porque esta gente a su vez también le debe a otra gente, entonces deja un bache grosero”, explicó.
Para el abogado, hubo un mal proceder al momento de la declaración de la quiebra, ya que “el artículo 230 de la Ley de Quiebras dice que, una vez dictada, el síndico debe inmediatamente proceder a la liquidación de los bienes, salvo que esté cuestionada precisamente el auto de quiebra. Y eso es lo que buscamos: al haber apelado a nosotros, el juez debería haber inmediatamente suspendido todas las acciones liquidatorias que tiene. Nosotros hicimos primero la revocatoria con la apelación en el juzgado de Gelcich. Como ni siquiera se sacó un decreto, tuvimos que ir en queja ante la Cámara de Apelaciones, que hoy está definiendo esta situación”.
Pero no solamente el consorcio busca que se anule la quiebra y la venta de los activos, sino que también propone un plan de salvataje, en el cual se plantea que “la salida no es el remate a precio vil, sino la puesta en marcha de la propuesta alternativa radicada en la justicia bajo el diseño de SanCor S.A”.
Esta nueva empresa tendrá un 51% de capital privado, con la “apertura a inversores nacionales y extranjeros para inyectar dinero fresco destinado exclusivamente a capital de trabajo y encendido de calderas”, mientras que el 49% restante estará en manos de un Fideicomiso de Recuperación Productiva donde “los trabajadores, tamberos y proveedores transforman sus deudas en participación accionaria, garantizando que la empresa quede en manos de quienes la forjaron”.
En este sentido, Regali repasó que “caída la quiebra, la única presentación formal de rescate de la empresa es la nuestra, no hay otra” y agregó: “sería un swap, un canje de deuda por acciones, con lo cual el 87% de los acreedores que no cobrarían un solo peso pasarían a tener acciones, que luego cotizan en bolsa: las pueden vender ahí, a otros acreedores o a la misma empresa que tiene el 51%”.
Por otro lado, el estudio jurídico presentó un pedido ante la Corte Suprema de Santa Fe de jury de enjuiciamiento para Marcelo Gelcich, aduciendo irregularidades en el proceso.
Entre los principales puntos de la denuncia, Regali entiende que hay una subvaluación de activos, acusando al magistrado de permitir una tasación "totalmente discrecional" y sin fundamentos técnicos de los bienes de SanCor, omitiendo la intervención de peritos especializados para determinar el valor real de la empresa y sus intangibles.
Asimismo, denunció la posibilidad de que la firma SanCor Seguros esté operando con esta marca, sin contratos de licencia o pago de regalías y que esto podría representar una suma millonaria en dólares (entre el 2,5% y el 5% del beneficio neto), algo que, según el estudio, no fue tenido en cuenta por el juez a pesar de los pedidos.
Y otro punto de relevancia es el incendio en la planta de Sunchales, hace dos semanas, el cual podría haber sido intencional y derivó en una baja del 20% en la tasación de la fábrica.
También plantearon un rechazo arbitrario al plan de salvataje, violación a la Ley de Cooperativas, falta de transparencia en el proceso e irracionalidad jurídica.
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