El plan del Gobierno para renegociar 800 convenios genera polémica y anticipa una batalla judicial con los gremios
La ofensiva del Gobierno para renegociar cerca de 800 convenios colectivos mediante los cambios introducidos por la reforma laboral abrió una nueva disputa con los sindicatos y generó cuestionamientos entre especialistas en derecho del trabajo. Aunque el Ejecutivo apuesta a actualizar acuerdos que llevan años sin renovarse, abogados laboralistas anticipan un escenario de litigios y advierten que "la negociación no será en la Secretaría de Trabajo sino en los tribunales", según afirmó el Dr. Nahuel Altieri.
La discusión tomó relevancia luego de que la reforma laboral modificara aspectos vinculados a la vigencia de los convenios colectivos una vez vencidos sus plazos, lo que se conoce como ultraactividad.
A partir de esa modificación, la Secretaría de Trabajo comenzó a impulsar procesos de revisión sobre cientos de acuerdos que permanecían vigentes desde hace años.
Según explicó Ernesto Sanguinetti, socio director de PASBBA Abogados, la ultraactividad es "el principio por el cual un convenio colectivo continúa vigente una vez vencido su plazo, hasta que sea reemplazado por otro convenio negociado entre las partes". Su finalidad, agregó, es evitar vacíos normativos y garantizar la continuidad de las condiciones laborales mientras se desarrollan nuevas negociaciones.
Para Sanguinetti, la reforma "no eliminó la ultraactividad", sino que introdujo un condicionamiento sobre determinadas cláusulas de los convenios. Sin embargo, consideró que la nueva distinción entre cláusulas normativas y obligacionales representa "un retroceso" porque implica "seccionar discrecionalmente un acuerdo colectivo".
Una visión diferente planteó el abogado laboralista Gastón Ferretti, quien sostuvo que el sistema anterior generaba un desincentivo para renegociar convenios. "Si el convenio se mantiene vivo sin esfuerzo, ¿para qué renegociarlo?", señaló. A su entender, la modificación busca restablecer la lógica de la negociación colectiva y obligar a las partes a sentarse nuevamente a discutir condiciones laborales.
Ferretti remarcó que la Ley de Modernización Laboral dispuso que, una vez vencido un convenio, determinadas cláusulas dejan de mantenerse automáticamente, lo que fuerza la apertura de nuevas instancias de negociación.
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En ese sentido, consideró que el Gobierno está utilizando la herramienta "de manera coherente con su diseño".
A pesar de las diferencias de interpretación, varios especialistas coinciden en que la convocatoria masiva a revisar cientos de convenios enfrenta desafíos importantes. Sanguinetti consideró que, por ahora, la medida parece responder más a "una estrategia comunicacional que a una herramienta con efectos jurídicos concretos".
El especialista advirtió además que resulta difícil imaginar negociaciones de calidad en plazos breves para semejante cantidad de convenios. "Corremos el riesgo de generar expectativas que luego no se traduzcan en acuerdos concretos o que el resultado de las negociaciones quede por debajo de lo esperado", afirmó.
Desde una postura más crítica, el abogado laboralista Nahuel Altieri sostuvo que la eliminación de la ultraactividad en numerosos convenios obliga a los sindicatos a negociar en un contexto económico y político adverso. Según su análisis, la medida puede derivar en una renegociación "a la baja" de derechos y beneficios que históricamente fueron incorporados a distintos convenios colectivos.
Los tres especialistas coincidieron en que la reforma probablemente termine siendo discutida en los tribunales. Sanguinetti sostuvo que algunos aspectos de la reglamentación podrían haber avanzado más allá de lo previsto por la ley y consideró que eso "abre interrogantes respecto de su validez".
Ferretti señaló que uno de los principales debates estará vinculado a la eventual aplicación retroactiva de las nuevas reglas sobre convenios que ya estaban vencidos antes de la sanción de la ley. Según explicó, también podrían surgir cuestionamientos relacionados con el principio de progresividad de los derechos laborales.
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Altieri fue más allá y aseguró que la reforma afecta principios como la autonomía colectiva, la libertad sindical y la negociación colectiva efectiva. A su entender, el proceso derivará en una fuerte judicialización y trasladará el centro de la discusión desde la Secretaría de Trabajo hacia los tribunales laborales.
Entre los 800 sindicatos que recibieron notificaciones, uno es el de aceiteros. El secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Daniel Yofra, aseguró que su organización está dispuesta a discutir modificaciones. "No tenemos problema de sentarnos a negociar y a aggiornar el convenio, porque evidentemente faltan muchas cosas para mejorar la calidad de vida a los trabajadores", afirmó. Por último, lanzó: "no me preocupa en lo más mínimo estamos organizados".
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Por su parte, el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, relativizó el alcance inmediato de la iniciativa oficial. "Aún no se convocó a nadie y es más lo que se dice que lo que se hace por ahora", sostuvo. Además, reiteró su rechazo a la reforma laboral y afirmó que la quita de derechos "es anticonstitucional", una postura que, según indicó, ya fue planteada tanto ante la Justicia argentina como ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
