Uno por uno: todos los diputados que votaron a favor de la media sanción de la ley del “Súper RIGI”
La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley conocido como “Súper RIGI”, que crea el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias. La votación resultó en 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones.
El proyecto, impulsado por el Poder Ejecutivo, quedó en condiciones para ser debatido en el Senado.
El “Súper RIGI” propone incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios para nuevas actividades económicas. Entre otros puntos, incorpora incentivos tributarios, cambiarios y aduaneros, como una alícuota especial del 15% en el Impuesto a las Ganancias, un régimen de amortización acelerada para inversiones en bienes muebles y obras de infraestructura, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal y una alícuota reducida del 3,5% sobre dividendos y utilidades.
Además, garantiza arancel cero para importaciones y 0% de retenciones a exportaciones; establece un tope máximo del 0,5% para Ingresos Brutos en las provincias adheridas y prohíbe el cobro de tasas municipales calculadas directamente sobre las ventas, y -como el RIGI- contempla una estabilidad regulatoria de 30 años.
Entre los bloques oficialistas y aliados que respaldaron la medida, están La Libertad Avanza, PRO, UCR, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Adelante Buenos Aires, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento de Integración y Desarrollo y partidos provinciales.
La oposición estuvo conformada principalmente por Unión por la Patria, PTS-Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad, Coalición Cívica, Encuentro Federal, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Coherencia y otros bloques.
Desde estos espacios, las principales críticas se centraron en los recursos que el Estado dejará de percibir para beneficiar a grandes compañías que, según la mirada opositora, no requieren semejantes incentivos.
Además, advirtieron que la Argentina perderá soberanía, al permitir que las empresas que se acojan al régimen puedan elegir en qué tribunales internacionales resolver todas las eventuales controversias.
