Lobby, transparencia y límites al poder: expertos ponen bajo la lupa la ley del Gobierno para regular la gestión de intereses
Empresarios, legisladores y especialistas debatieron en el primer Foro de Gestión de Intereses & Transparencia el proyecto del Gobierno para regular el lobby. Hubo consenso sobre la necesidad de mayor transparencia, pero fuertes advertencias sobre sus alcances, sanciones y efectos institucionales.
La atmósfera del Foro por la Ley de Lobby osciló entre el beneplácito por la apertura de un debate largamente postergado en el país y una profunda solemnidad técnica.
El Salón de Actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ese histórico recinto de la calle Sarmiento 299 donde se suelen sellar grandes inversiones y medir el pulso de la economía real, se convirtió el pasado jueves 18 de junio en el epicentro de una discusión de alto voltaje político e institucional. Ante un auditorio colmado por más de 150 empresarios, diplomáticos, especialistas en asuntos públicos y legisladores, se llevó a cabo el primer Foro de Gestión de Intereses & Transparencia (GI&T), bajo el lema “Donde convergen poder, regulación y legitimidad”.
El encuentro, organizado minuciosamente por la Fundación para la Promoción y Protección del Ahorro, la Inversión y el Comercio Exterior (ProAICE), no pudo haber sido más oportuno. Apenas un fin de semana antes, el Gobierno envió a la Cámara de Diputados un ambicioso y polémico proyecto de ley titulado “Transparencia y Publicidad de la Gestión de Intereses”, que busca regular a fondo el lobby ante los poderes Ejecutivo y Legislativo. El texto lleva la firma de Guillermo Devitt, flamante secretario de Asuntos Estratégicos desde diciembre de 2025 tras su paso por una corporación tabacalera; un detalle de procedencia que el propio círculo rojo no dejó de comentar en los pasillos de la Bolsa.
La atmósfera del Foro osciló entre el beneplácito por la apertura de un debate largamente postergado en el país y una profunda solemnidad técnica. A lo largo de tres paneles cronológicos, se escuchó un coro unánime a favor de "transparentar" las decisiones, pero seguido de severas y tajantes advertencias al Poder Ejecutivo: los especialistas alertaron que una mala redacción, sumada a la inclusión de penas de prisión por "gestión clandestina", puede ahuyentar inversiones, asfixiar el derecho constitucional de peticionar ante las autoridades y derivar en un esquema de persecución penal inédito en la región.
El encargado de abrir el juego y fijar el tono de la jornada fue Gonzalo M. Chiarullo, presidente de la Fundación ProAICE y organizador del Foro. Con una visión eminentemente ejecutiva, Chiarullo buscó desmitificar una palabra históricamente asociada a los sótanos de la política local.
“Argentina necesitaba un espacio donde podamos discutir la gestión de intereses desde una mirada institucional, con rigor y sin prejuicios. No se trata de defender o atacar el lobby, sino de comprenderlo, regularlo y establecer estándares que fortalezcan la confianza pública”, sentenció Chiarullo ante el auditorio.
Para el titular de la fundación, la transparencia, la trazabilidad de las decisiones públicas y la calidad regulatoria no son trabas burocráticas, sino elementos centrales para mejorar la relación entre quienes toman decisiones, quienes participan del proceso y la ciudadanía, funcionando como un imán para inversiones genuinas en sectores estratégicos.
ProAICE es una entidad dedicada a tender puentes técnicos entre el diseño de políticas públicas y la seguridad jurídica del sector privado. A través del Foro de Gestión de Intereses & Transparencia (GI&T), la fundación busca consolidar un ámbito institucional permanente y desideologizado, donde el Estado, las empresas de sectores clave (como energía, minería e infraestructura) y la sociedad civil puedan debatir la calidad de las decisiones públicas, promoviendo la previsibilidad para las inversiones en Argentina. El evento de este año contó con el patrocinio institucional de firmas de peso como Tanoira Cassagne, BDO Argentina y ATCA (Argentina Trade & Capital Alliance).
Moderado por Constanza Mazzina (Doctora en Ciencias Políticas y directora de la Licenciatura en Ciencia Política y del Posgrado en Economía Institucional y Ciencia Política de UCEMA), el primer panel se tituló “Gobernanza y regulación del Lobby: ¿qué nos dice la experiencia comparada?”. El foco estuvo puesto en contrastar el proyecto oficialista con las legislaciones del exterior.
El modelo propuesto por el Ejecutivo nacional guarda fuertes semejanzas con la Lobbying Disclosure Act (LDA) de Estados Unidos (1995/2007), que obliga a los lobbistas profesionales que dedican más del 20% de su tiempo a influir en políticas a declarar clientes y montos, además de prohibirles realizar regalos a funcionarios. Sin embargo, las miradas se posaron con mayor atención en la experiencia de Chile (2014), cuyo enfoque se centra más en fiscalizar al funcionario público que al privado.
El Panel 1 “Gobernanza y regulación del Lobby: ¿qué nos dice la experiencia comparada?” fue moderado Constanza Mazzina y participaron Gonzalo Müller Osorio y Federico Fernández Sasso.
Gonzalo Müller Osorio, académico y analista político de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD) de Chile, expuso cómo la normativa trasandina generó un cambio cultural sin asfixiar los negocios: “El resguardo que es para la propia autoridad, la transparencia. No es que esté desnudo, al revés: si sé que cualquier interés legítimo que exista en la sociedad va a plantearse de manera transparente, eso protege a la autoridad. Todo se registra: las conversaciones, los regalos, por qué fue la reunión y cuál era el interés. Eso protege a la autoridad y también le da libertad a la sociedad civil y a los particulares para defender sus intereses de manera transparente”, detalló Müller Osorio.
El analista chileno subrayó que la ley en su país alcanzó de forma transversal al Ejecutivo, Legislativo y gobiernos locales, creando un "espacio seguro" y un "músculo ciudadano" para controlar la información sin frenar el dinamismo de la interacción público-privada.
El contrapunto técnico lo aportó Federico Fernández Sasso, especialista en Derecho Empresario, quien encendió las primeras alarmas sobre la superposición normativa en Argentina, donde actualmente rige de forma parcial el Decreto 1172/2003 (dictado por Néstor Kirchner), que obliga a registrar audiencias en el Poder Ejecutivo.
“El país ya tiene una legislación que es clara respecto de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el ejercicio del lobby. La nueva regulación debería tender a ordenar eso, pero no a establecer nuevos límites, sanciones o criterios que puedan chocar con la normativa existente”, advirtió Fernández Sasso.
El letrado valoró que un registro formal otorga tranquilidad a las corporaciones multinacionales que operan bajo estrictas normas globales de compliance (cumplimiento normativo), pero dejó una fuerte recomendación para el trámite parlamentario: “Argentina puede avanzar hacia un upgrade del régimen actual, pero no debería transformarse en un sistema de persecución o sanción sobre una actividad que es fundamental y que siempre va a existir”. Asimismo, rechazó que se discrimine o penalice en exceso el origen de los fondos: “El tratamiento de intereses foráneos tiene que estar dentro del mismo marco que los intereses nacionales”.
El debate cobró mayor densidad corporativa en el segundo panel “Sector privado y Compliance - Sector privado y Lobby: entre la influencia y la integridad”. La mesa fue conducida y moderada por Carlos Rozen, socio de BDO Argentina y reconocido conferencista internacional en integridad corporativa. Rozen abrió el panel arrojando una pregunta incómoda para el auditorio corporativo: “¿Cuál es la línea divisoria entre el lobby que está bien y otra cosa que está rozando con otra conducta? ¿Cómo deberían gestionarlo las empresas y quienes realizan esta actividad?”.
Las posiciones revelaron una profunda preocupación por la letra chica del proyecto gubernamental, que propone penas de entre 6 meses y 2 años de prisión para quienes realicen gestiones sin estar inscriptos en el nuevo Registro Público de Gestores de Intereses, además de inhabilitaciones y la prohibición de ejercer el lobby para exfuncionarios durante los 2 años posteriores a dejar su cargo (conocido como período de carencia o cooling-off).
El segundo panel 2 fue moderado por Carlos Rozen y estuvieron Hernán Munilla Lacasa, Roberto D. Murmis, Georgina Losada, María José Van Morlegan, Alexia Rosenthal y Víctor Varone.
Alexia Rosenthal, socia del estudio Tanoira Cassagne y líder del Comité de Comercio Internacional de AmCham, instó al sector privado a asumir su responsabilidad sin complejos: “El lobby existe y hay que sacarlo de ese lugar sombrío donde cuando uno dice lobby piensa en malas prácticas. Si está regulado y las reglas están claras, eso va a generar conductas mucho más profesionales y transparentes”, afirmó Rosenthal.
Sostuvo además que el valor real de un gestor radica en su track record y ética, y no en "acumular contactos". Dejó una advertencia clave para los directorios: “La empresa no tiene que tercerizar toda su relación. Tiene que hacer un ejercicio interno de governance, controles internos y reglamentos, y transmitir transversalmente cómo quiere relacionarse con el sector público”.
Desde el sector público provincial, Georgina Losada, secretaria de Comercio Exterior del Gobierno de Santa Fe, coincidió en la naturalidad del vínculo y defendió el lobby institucional como un motor de las economías regionales: “El trabajo de un funcionario es gestionar intereses. La discusión no es si existe la influencia, sino bajo qué reglas se ejerce. En Santa Fe tenemos mesas productivas sectoriales donde existe la posibilidad de interactuar con cámaras y empresas. Esa interacción es parte del trabajo de un funcionario que está para defender intereses productivos”, argumentó Losada.
La funcionaria santafesina sumó una perspectiva de resguardo para la toma de decisiones: “Nos vendría muy bien tener una protección jurídica para quienes toman decisiones públicas, especialmente cuando se encuentran frente a situaciones donde deben analizar inversiones, proyectos o decisiones estratégicas”.
La crítica más severa y técnica contra el punitivismo del proyecto oficial provino de Hernán Munilla Lacasa, doctor en Ciencias Jurídicas y co-director de la Comisión “Compliance Penal Estratégico” de la Asociación Argentina de Ética y Compliance. El jurista fue contundente al rechazar la vía penal para faltas administrativas. “Toda iniciativa que tienda a transparentar la relación entre el sector público y privado es bienvenida. El proyecto del Ejecutivo va en esa línea y merece ser analizado para mejorarlo. Pero el derecho penal debe intervenir como última instancia, cuando otros mecanismos no alcanzan. No debería utilizarse para sancionar incumplimientos meramente formales”, lanzó Munilla Lacasa.
El penalista fundamentó su postura comparando la iniciativa local con el derecho comparado de la región: “Ni Chile, ni Perú, ni Brasil ni México incorporan dentro de sus legislaciones delitos penales vinculados exclusivamente a la falta de registración. Utilizan mecanismos administrativos como multas, suspensiones o cancelaciones”.
A su turno, Roberto Murmis, especialista en asuntos regulatorios y tributarios, coincidió en que el peligro radica en la impericia legislativa: “La gestión de intereses existe en todos los órdenes de la vida. El debate ahora es cómo regularla. Mi preocupación es que nos sentemos a construir la mejor ley posible. Muchas veces los conflictos aparecen por defectos en la redacción o por no haber contemplado todos los supuestos. Si la ley enviada por el Poder Ejecutivo no es la mejor ley, tenemos que colaborar para adecuarla”.
María José Van Morlegan, experimentada alta ejecutiva y directora de juntas en múltiples compañías como Cammesa o Edenor, enumeró los cuatro "cuellos de botella" que el sector privado observa con desconfianza en el borrador oficial: la incorporación de figuras penales, la ambigüedad al definir qué es interés público y privado, la inversión de la carga de la prueba sobre las empresas, y la falta de claridad sobre qué organismo independiente actuará como autoridad de aplicación.
“Mi relación con el sector público es cotidiana. Desde el sector privado tenemos que pensar cómo hacer trazables estas decisiones, más allá del contenido final de la ley. La gestión de intereses tiene que ser una misión estratégica que baje desde el directorio. La empresa tiene que definir quién habla, quién ejecuta, quién accede a reuniones y cómo se comunica esa información”, puntualizó Van Morlegan, ponderando además el rol de las cámaras empresarias para "identificar cuándo una empresa habla en nombre propio y cuándo representa a todo un sector".
Para cerrar el panel, el abogado especialista en derecho público y regulación institucional, Víctor Varone, recordó que no se debe confundir el lobby corporativo con los derechos cívicos fundamentales. “El derecho a peticionar está en la Constitución Nacional. Si confundimos cualquier pedido ciudadano con lobby profesional, podemos terminar inhibiendo la participación. No todos somos gestores de intereses, pero todos en algún momento buscamos influir. La pregunta es quién debe registrarse, hasta dónde llega la regulación y dónde está el límite. Cuando cambiamos la cultura, cambian las conductas”, concluyó Varone.
El cierre de la jornada estuvo reservado para el análisis político y legislativo en el tercero y último panel “Geopolítica del Lobby: intereses globales, decisiones locales”, moderado directamente por Gonzalo Chiarullo. En este bloque se integraron las visiones de figuras clave de la consulta pública con la mirada de los legisladores nacionales, que tendrán la responsabilidad de votar o modificar la norma en el Congreso.
El debate legislativo reflejó que el oficialismo no la tendrá fácil para aprobar el proyecto tal como fue redactado por el equipo de Asuntos Estratégicos de la Nación. Si bien existe consenso en la necesidad de modernizar el marco normativo, la oposición aliada y los bloques provinciales exigirán cirugías mayores al texto.
El Panel 3 fue moderado por Gonzalo M. Chiarullo, presidente de Fundación ProAICE y organizador del Foro GI&T, y participaron Martín Ardohain, Silvana Giudici y Santiago Pauli.
El diputado nacional por La Pampa, Martín Ardohain, sinceró la vulnerabilidad en la que se encuentran los legisladores en su labor diaria frente a las presiones sectoriales. “Los legisladores que estamos en el Congreso vemos gente todos los días. Tener algo que nos proteja, en el buen sentido, de todas esas reuniones, que en su mayoría tienen muy buenas intenciones, me parece fundamental. La intención del proyecto del Ejecutivo es buena, pero no en estas condiciones. Hay una parte muy importante que es diferenciar al lobista profesional de la persona que simplemente viene a plantear un interés”, explicó Ardohain.
El diputado pampeano rompió lanzas por la legitimidad de la negociación política: “Muchas veces el ciudadano común no entiende la lógica del Congreso. Cree que un buen proyecto sale solamente porque es un buen proyecto. No: hay que trabajar, hay que gestionar intereses y hay que hacer un buen lobby. La palabra regular me genera ruido. Creo que tenemos que hablar de transparentar, asegurar y gestionar, porque el objetivo es mejorar la actividad, no limitarla”. Confió en que, dada la atomización legislativa, hay margen de maniobra: “El Ejecutivo no tiene mayoría, tiene que construir consensos, y eso se logra con buen trabajo, buenos proyectos y sentido común. Hay condiciones para sacar una ley de calidad”.
Por su parte, la diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Silvana Giudici, enfocó su discurso en el plano cultural y en la necesidad de armonizar la futura norma con el andamiaje institucional ya existente, evitando superposiciones estériles. “Lobby quedó emparentado a corrupción en Argentina, porque no se entiende que cuando hablamos de gestión de intereses estamos hablando de algo que sucede y debe seguir sucediendo cuando el Poder Ejecutivo o el Legislativo regulan actividades económicas y sociales. No solo hay que trabajar sobre la ley de gestión de intereses, sino también sobre una aplicación más rigurosa de los instrumentos que ya existen como el acceso a la información pública y las agendas abiertas”, señaló Giudici.
Giudici coincidió con las advertencias vertidas por los abogados penalistas en los paneles previos: “Es muy bueno que por primera vez una iniciativa de este tipo llegue al Congreso desde el Poder Ejecutivo. La mejor norma será aquella que surja del aporte de todos los sectores. Hay que analizar con cuidado la sanción penal. La mirada debería estar puesta en las obligaciones de los funcionarios y en establecer mecanismos proporcionales”. Asimismo, alertó sobre los riesgos en el frente exterior: “En un mundo con avances tecnológicos, cuestiones geopolíticas y desinformación, hay que ser cuidadosos al regular la influencia extranjera para no restringir la participación de la sociedad civil”.
El cierre del panel estuvo a cargo de Santiago Pauli, diputado nacional por la provincia de Tierra del Fuego, quien respaldó la dirección general de la propuesta pero abrió la puerta a modificaciones en las comisiones: “Celebro que este gobierno haya decidido poner el tema sobre la mesa. Mientras más información y transparencia haya, mejor funciona la democracia”.
Pauli enfatizó la urgencia de dotar de herramientas tecnológicas al nuevo registro para que sea ágil, transparente y auditable por cualquier ciudadano en tiempo real, evitando que se transforme en una nueva caja burocrática del Estado. Pero además, el legislador fueguino introdujo la dimensión geopolítica del debate al advertir sobre la influencia de actores externos. “Hay organizaciones financiadas con fondos extranjeros que inciden en discusiones legislativas”, señaló, y planteó la necesidad de mayor transparencia en ese aspecto.
El Foro GI&T dejó en claro que la comunidad de negocios de Buenos Aires y los representantes del sector público estratégico coinciden en el diagnóstico: Argentina debe saldar su deuda en materia de transparencia en las decisiones públicas si pretende competir por capitales globales en un escenario internacional cada vez más exigente.
No obstante, el dictamen unánime de las escalinatas de la Bolsa de Comercio hacia Balcarce 50 fue un marcado semáforo amarillo. El Congreso tendrá la tarea de pulir los excesos punitivos del proyecto Devitt, extirpar las amenazas de prisión por meras demoras administrativas de los privados y construir una ley que -a imagen y semejanza de los mejores estándares internacionales- proteja a los funcionarios y dignifique la legítima defensa de los intereses productivos del país.
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