Salud mental: una ley que no llegue tarde

Hoy hay personas con un problema de salud mental grave, como esquizofrenia o psicosis, sin medicación, que consumen drogas y duermen en la calle. La Red de Atención de la Ciudad de Buenos Aires contiene a 18.000 personas: casi 13.000 que reciben un subsidio habitacional y así evitan la calle, y otras 5.000 que duermen en nuestros Centros de Inclusión.

Sin embargo, más de 1.600 personas duermen todas las noches en la calle. Muchas con problemas de salud mental graves, adicciones o las dos cosas juntas. Se niegan a recibir cualquier tipo de ayuda.

Si evitamos la calle para 18.000 personas, lo haríamos para 19.600. Es decir, el problema no es de cobertura social. Entonces, ¿qué pasa con esos 1.600 que no podemos ayudar? Hoy la Ley Nacional de Salud Mental no nos permite actuar. Todo depende de la voluntad de cada persona. Y en estos casos, justamente, la voluntad está condicionada.

Por eso, el tratamiento de una nueva ley de salud mental es una buena noticia. Lo vemos en el trabajo cotidiano con organizaciones como La Madre Marcha, Madres contra el Paco, Hogares de Cristo... Cientos de espacios que reciben a familias desesperadas porque el consumo puso en riesgo la vida de sus hijos.

Además, el criterio de “riesgo cierto e inminente para sí mismo o para terceros” de la ley no contempla el riesgo que supone la calle para una persona en consumo o con, por ejemplo, una psicosis. Ni para el resto de los vecinos.

Tenemos datos contundentes de un estudio que hicimos sobre este tema junto a Bloomberg e investigadoras UBA-CONICET. El 85% de las personas en calle tuvo algún problema de adicciones o salud mental. El 20% recibió un diagnóstico profesional por problemas de salud mental graves. A su vez, el 54,5% de la población en calle pensó en suicidarse o lo intentó. Y, mientras que el consumo de drogas duras en el último año de la población general es de 1,7%; el porcentaje sube a 44,3% en la población en calle.

Hablamos de personas con trastornos psicológicos y psiquiátricos, en consumo, con ideación suicida. Y todo esto transcurre en la calle. Entonces, pregunto: ¿Una persona que tiene una psicosis, problemas con las drogas y está en la calle necesita vivir un episodio violento para considerarse en riesgo? ¿No basta con el consumo, la psicosis y la calle?

Cuando la ayuda social y sanitaria es insuficiente, el único resorte del Estado que queda es la Policía. Es decir que la ley que vino a “garantizar derechos” termina con personas con trastornos de salud mental en una comisaría.

Además, es importante que se descentralice el órgano de revisión, que hoy evalúa cada caso, en todo el país, con la misma lógica. Los desafíos de una ciudad y de una zona rural son distintos. Cada jurisdicción tiene que poder tomar decisiones sin esperar la revisión de un burócrata a cientos de kilómetros.

A pesar de la ley, en la Ciudad seguimos pensando herramientas. Hoy, bajo el mandato de Jorge Macri, tenemos espacios específicos para estas 1600 personas que se niegan a salir de calle y combinan la atención social y sanitaria. Tenemos el primer Centro de Latinoamérica para personas en calle con problemas de salud mental y patologías duales; y otros específicos para personas que sufren adicciones.

Para que esas 1.600 personas dejen la calle y salgan adelante, y para cuidar la convivencia de toda la ciudadanía, queremos una ley que llegue a tiempo. Una ley que no deje a quienes padecen y a sus familias con una sola alternativa: esperar que sea tarde.

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín