Espionaje en Buenos Aires

Buenos Aires tiene un problema que va más allá de la política: espiar al prójimo dejó de ser una práctica exclusiva de los servicios de inteligencia del Estado para convertirse en una herramienta cotidiana de poder. Una microfísica social. Los casos recientes no son episodios aislados: son síntomas de la penetración de lógicas mafiosas en el trato social ordinario.

Durante décadas, el espionaje fue pensado como una actividad excepcional del Estado: moralmente incómoda, jurídicamente regulada y políticamente peligrosa. La ética de la inteligencia no parte de la idea ingenua de que “todo espionaje es inmoral”, sino de una pregunta más fina: ¿cuándo una actividad secreta, engañosa o invasiva puede estar justificada en una democracia constitucional?

Cécile Fabre discute esa tradición en Spying Through a Glass Darkly, junto con la teoría de la guerra justa y el contrato social. Solo que el espionaje no ocurre solamente en guerra, sino también en paz, y allí termina la comodidad moral.

En las democracias liberales, el espionaje solo se legitima por los límites que acepta. Ese principio es central en David Omand y Mark Phythian, autores de Principled Spying: “Defender el Estado sin debilitar la República” sería la consigna. Una operación de inteligencia sólo debería autorizarse si no existe un medio menos intrusivo para obtener la información.

Pero algo distinto ocurre cuando esa lógica abandona los organismos estatales y se vuelve una práctica social disponible para cualquiera. Allí ya no hay protocolo, control parlamentario ni juez que autorice. Hay celulares, grabaciones clandestinas, micrófonos, trackers, archivos íntimos y una cultura cada vez más dispuesta a convertir la confianza de terceros en oportunidad de extorsión.

La causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) expone una trama oscura donde la corrupción estatal se cruza con una feroz disputa de poder interna, a resultas de la cual aparecieron audios que destaparon manejos turbios dentro del organismo. Hoy su integridad está en disputa, aunque parecen no ser imprescindibles pues la causa se sostendría en pruebas colectadas independientemente, según el fiscal Franco Picardi.

Lo que estos audios desnudan no es una gesta justiciera, sino el modus operandi de una guerra de facciones: un funcionario grabado en su propio entorno de confianza por gente insospechable, que utilizó ese material con fines mercantiles, primero, y después de una “escala”, objetivos políticos. La traición interna activó lo que los controles estatales no supieron hacer.

El 2 de junio, la detención del ex presidente de ARSAT y ORSNA Facundo Leal mostró otra cara del fenómeno. En sus domicilos, la Policía Federal encontró más de 2,4 millones de dólares, cocaína y una valija con diecinueve artefactos de intromisión: micrófonos ocultos y rastreadores. El fiscal Ramiro Gonzales descartó que, de momento, los haya usado para espiar; la causa apunta a los millones y a irregularidades en contratos estatales.

Pero la valija habla incluso cuando no prueba un delito: un hombre que sobrevivió a cuatro gobiernos y veinte años de Estado aparecía equipado para registrar, seguir y emboscar a sus interlocutores.

Hay una forma de espionaje sin despachos oficiales ni agentes vinculados al poder, pero igualmente devastadora. El 11 de abril, Shadya Altamirano, abogada de 29 años, fue encontrada sin vida. Cuarenta días antes había denunciado a su exnovio por difundir fotos y videos íntimos tomados con su consentimiento durante nueve años de relación. La humillación y el hostigamiento la llevaron, según su familia, a esa decisión. No fue el unico caso: la joven policía bonaerense Belén San Román murió cuatro días después de dispararse con su arma reglamentaria, luego de que su expareja viralizara imágenes íntimas como forma de extorsión.

En la política se les llama carpetazos. En la intimidad, por tan repugnantes, todavía ni tienen nombre. El mecanismo es idéntico: información privada —más aún: íntima— usada para controlar y extorsionar. En tiempos de redes, el daño supera toda escala conocida: lo que se publica no se borra, y lo que no se borra, atormenta.

La suerte judicial de cada caso es secundaria para nuestro tema de interés. Se han roto, más bien, los códigos que la sabiduría de vecinos todavía entiende mejor que algunos códigos penales: códigos de amistad, de pareja, de confianza.

De hecho, se está disolviendo la sutil frontera entre privacidad e intimidad: la primera, protegida por la ley; la segunda, infinitamente más frágil, depende más de la confianza. El problema es que la sociedad argentina parece no escandalizarse lo suficiente.

El espionaje estatal tiene una teoría de justificación —necesidad, proporcionalidad, autoridad, finalidad pública— que Omand y Phythian han sistematizado con rigor. El espionaje privado cotidiano no tiene nada de eso. No protege la soberanía. No evita una amenaza. No defiende el orden constitucional. Sólo convierte un vínculo en archivo y la intimidad ajena en algo que se puede robar. Esa degradación no se resuelve solo en Comodoro Py. Se resuelve, si acaso, recuperando una frontera moral elemental: no todo lo que puede grabarse debe grabarse; no todo lo que puede dañar a otro merece circular.

Como enseñó el joven de la Plaza de Tiananmén: no el valiente que se plantó frente a la columna de tanques, sino el otro, el periodista que filmaba la escena y la divulgó, a su riesgo, para convertir el acto heroico en denuncia. Lo que siempre debe publicarse es lo que controle el poder.

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