La importancia del brazo legislativo para la inserción global
Desde su asunción en febrero de este año, la conducción de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados, asumió un desafío que trasciende la mera rutina parlamentaria: imprimirle dinamismo, velocidad y pragmatismo a un área clave que arrastraba años de parálisis. En un contexto donde el gobierno de Javier Milei ha planteado un giro drástico y decidido en la política internacional del país, el ritmo de trabajo legislativo demostró que la diplomacia comercial no puede ser rehén de las dilaciones burocráticas.
La nueva doctrina geopolítica de la Casa Rosada, nítidamente alineada con las democracias occidentales y enfocada en la apertura económica, exige un correlato normativo que le dé sustentabilidad. Ahí radica el valor estratégico de la comisión. El logro más contundente de estos meses ha sido el desbloqueo de una agenda histórica: la decisión de “desempolvar” un volumen monumental de expedientes, acuerdos de cooperación internacional y tratados bilaterales que yacían encajonados, algunos de ellos insólitamente desde la década del 90. Poner al día estos compromisos no es un mero trámite administrativo; es la base jurídica para devolverle la previsibilidad al país ante los inversores globales.
Esta reactivación se sostuvo en una gimnasia parlamentaria previsible y eficiente. Con reuniones habituales los días miércoles, la comisión logró emitir dictámenes en paquetes de proyectos que abarcan desde convenios tributarios —esenciales para evitar la doble imposición y atraer capitales— hasta acuerdos de seguridad y servicios aéreos basados en políticas de cielos abiertos. Esta proactividad técnica es la que hoy permite que instrumentos cruciales para la reinserción de la Argentina en las cadenas globales de valor estén listos para su tratamiento definitivo en el recinto, acortando la brecha entre el rumbo macroeconómico y los tiempos del Congreso.
Bajo este liderazgo, la agenda parlamentaria acompañó de cerca las prioridades estratégicas del Ejecutivo. Esto incluye el seguimiento del acuerdo estratégico Mercosur-Unión Europea y el impulso de debates orientados a potenciar la desregulación, maximizar las oportunidades de exportación del sector privado y facilitar la llegada de nuevas tecnologías para modernizar el aparato productivo nacional.
Lograr avanzar con esta agenda transformadora en el escenario político actual exige una notable capacidad de articulación. La búsqueda de consensos racionales y la integración de diferentes sectores políticos en el tratamiento de estos temas demostraron que, cuando se trata de la inserción de la Argentina en el mundo, la política exterior puede y debe consolidarse como una verdadera cuestión de Estado.
La experiencia de estos meses en la comisión deja una lección valiosa para el debate público: cuando hay decisión política, enfoque técnico y sintonía con un rumbo claro, es posible destrabar en semanas lo que permaneció paralizado durante décadas. La modernización y la libertad económica de la Argentina no se declaman solo en los foros internacionales; se construyen y se consolidan en la agilidad de sus leyes.
*La autora es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en la Cámara de Diputados
