Los puentes de Madison conectan universos en apariencia irreconciliables

Hay títulos que aparecen antes que las ideas. Los puentes de Madison fue, para mí, uno de esos casos. La célebre película de Clint Eastwood narra, en apariencia, una historia íntima: la de un amor tardío e improbable entre dos personas que habitan mundos distintos. Sin embargo, la verdadera fuerza de la obra no reside únicamente en el romance, sino en la metáfora que lo sostiene.

Los puentes son espacios de tránsito, de cruce, de conexión entre universos que en principio parecen irreconciliables; entre el deber y el deseo, entre la norma y la libertad, entre lo que somos y aquello que podríamos llegar a ser.

También las repúblicas necesitan puentes. Instituciones capaces de vincular poder y límites, mayorías y derechos, política y derecho. Si hay un poder llamado a cumplir esa tarea, ese es el Judicial. No para reemplazar a la política, sino para impedir que la política arrase con las reglas que hacen posible la convivencia constitucional. Eso, al menos, creyó James Madison.

Madison, uno de los arquitectos del constitucionalismo norteamericano, concibió el diseño institucional como una ingeniería destinada a domesticar el poder. Su obsesión en El Federalista era evitar que una facción, una mayoría circunstancial o una concentración de intereses capturaran el Estado.

La respuesta fue conocida: frenos y contrapesos, un entramado en el que el poder limitara al poder. Dentro de esa arquitectura, los jueces debían operar como puentes institucionales. No gobernar, sino arbitrar. No sustituir a la política, sino contener sus excesos.

También las repúblicas necesitan puentes, instituciones capaces de vincular poder y límites, mayorías y derechos, política y derecho"

Pero Madison no pensaba en soledad. Del otro lado estaban los antifederalistas, menos citados aunque quizá hoy más actuales de lo que suele admitirse. Su temor era distinto. Advertían que un Poder Judicial robusto podía derivar en una aristocracia togada, un cuerpo no electo, escasamente controlable y con una capacidad extraordinaria para definir, en los hechos, el alcance real de la Constitución. Dicho de manera más simple: que el árbitro terminara convirtiéndose en jugador.

El descrédito de la Corte y la persistente desconfianza que despiertan los tribunales federales de Comodoro Py difícilmente se expliquen sólo por fallos controvertidos, nombres propios o alineamientos coyunturales. Hay, da la impresión, un problema más hondo.

Sería cómodo reducir la cuestión a la calidad moral de determinados jueces. Sin embargo, esa explicación probablemente capture apenas una parte del fenómeno. El interrogante de fondo pasa por otro lado y nos lleva a pensar si estamos frente a desvíos individuales o ante una falla que ya viene inscripta en la propia organización del poder.

El descrédito de la Corte y la persistente desconfianza que despiertan los tribunales federales de Comodoro Py difícilmente se expliquen sólo por fallos controvertidos"

Roberto Gargarella propone, en La sala de máquinas de la Constitución, dejar de mirar exclusivamente la parte declarativa de las constituciones, esa que trata sobre derechos, garantías y principios, para concentrarse en el núcleo donde realmente se organiza y distribuye el poder. Allí se decide quién controla, quién arbitra, quién bloquea y, en última instancia, quién conserva la última palabra.

El enfoque resulta especialmente fértil para pensar la crisis judicial argentina.

Tal vez el deterioro de la confianza pública en la justicia no sea solamente el resultado de malas prácticas, corporativismo o colonización política. Tal vez tenga que ver, además, con una estructura institucional que concentra poder, debilita controles efectivos y deja amplias zonas del sistema libradas a dinámicas opacas y autorreferenciales.

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En ese punto, la alarma antifederalista vuelve a sonar. Pero Gargarella corre un poco más el eje. El problema no sería únicamente el exceso de poder judicial en clave contramayoritaria, sino una configuración general del sistema que vuelve difícil democratizar el poder y controlar su ejercicio. La crisis del Poder Judicial argentino, vista desde allí, obliga a una pregunta más exigente: si alcanza con reparar algunos puentes o si corresponde revisar la ingeniería que los sostiene.

La coyuntura ofrece una prueba concreta. Estos días, el Senado vuelve a ocupar un lugar central en la designación de numerosos magistrados. Como suele ocurrir, la discusión pública volverá a concentrarse en nombres propios, antecedentes y trayectorias. Y es razonable que así sea. Pero allí también aparece una ilusión recurrente: creer que el recambio de personas equivale, por sí mismo, a una reforma institucional.

La Argentina contemporánea parece enfrentarse a otra tensión: la dificultad creciente para sostener instituciones capaces de arbitrar conflictos sin quedar, ellas mismas, atrapadas en ellos"

Aun concediendo el escenario más favorable de candidaturas sólidas, nada asegura que, con el tiempo, esos mismos jueces no terminen absorbidos por las lógicas de funcionamiento que hoy erosionan la credibilidad del sistema. Cuando la máquina institucional falla, rara vez alcanza con reemplazar a sus operadores.

Madison temía la tiranía de las mayorías. Los antifederalistas, la de los jueces. La Argentina contemporánea parece enfrentarse a otra tensión. Se trata ni más ni menos que la dificultad creciente para sostener instituciones capaces de arbitrar conflictos sin quedar, ellas mismas, atrapadas en esos conflictos.

Quizá allí esté el núcleo del problema. Mejorar la calidad de los jueces, transparentar los mecanismos de selección o elevar los estándares de control son pasos necesarios, pero difícilmente suficientes si la estructura que los contiene permanece intacta.

Madison pensó instituciones capaces de poner límites al poder. Gargarella invita a mirar qué sucede en la sala de máquinas donde ese poder se distribuye y también se reproduce. Tal vez la discusión pendiente en Argentina no pase sólo por reconstruir la confianza en sus jueces, sino por revisar las condiciones institucionales bajo las cuales esa confianza puede, razonablemente, sostenerse.