¿Está Albert Ramdin dispuesto a sacrificar el futuro de la OEA para proteger a su círculo más cercano?
Durante años, la Organización de los Estados Americanos sobrevivió a crisis políticas, disputas ideológicas y profundas divisiones entre sus Estados miembros. Sin embargo, b
Por primera vez en décadas, el principal contribuyente financiero de la organización parece dispuesto a cuestionar no solo a su liderazgo, sino la conveniencia misma de seguir financiando una institución que muchos consideran cada vez más opaca, menos transparente y más vulnerable a influencias externas.
Y detrás de ella, una estructura política y burocrática que parece haber llegado a una conclusión peligrosa: proteger a sus propios operadores se ha vuelto más importante que preservar la credibilidad de la organización.
La llegada del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Leandro “Lee” Rizzuto Jr., ha sido presentada por algunos sectores como una agresión contra la institución. Esa interpretación ignora la realidad.
Llegó para corregir un rumbo que Washington considera incompatible con los intereses estratégicos del hemisferio.
Con una línea directa con el presidente Donald Trump, Rizzuto llegó con una misión clara: exigir transparencia real, fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, elevar los estándares de seguridad institucional y promover cambios en una estructura de liderazgo que, desde la perspectiva estadounidense, ha perdido la confianza necesaria para seguir conduciendo la organización.
El propio embajador ha sido claro. Washington no tiene interés alguno en continuar financiando el rumbo actual de la OEA ni seguir sosteniendo una organización que continúa fracasando en servir eficazmente a sus Estados miembros.
La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de diciembre de 2025 reordenó las prioridades estratégicas estadounidenses alrededor del hemisferio occidental y estableció como objetivo reducir la influencia china sobre puertos, infraestructura crítica, sistemas tecnológicos y activos estratégicos de la región. La estrategia también advierte sobre la creciente penetración de Beijing en instituciones, mecanismos de decisión y estructuras de gobernanza hemisféricas.
Vista desde esa perspectiva, la preocupación estadounidense por la OEA deja de ser una disputa política.
La organización llega a esta Asamblea General bajo un secretario general cuya elección fue celebrada en Beijing y respaldada por gobiernos que durante años han profundizado sus vínculos económicos con China mediante préstamos, inversiones y proyectos de infraestructura.
Ese hecho no convierte a esos países en adversarios. Por el contrario, serán socios indispensables para cualquier esfuerzo serio destinado a fortalecer la soberanía regional y las instituciones democráticas del continente.
Pero sí obliga a formular una pregunta incómoda: ¿ha sido la OEA suficientemente firme frente a la creciente influencia china dentro del hemisferio?
Durante más de dos décadas, Beijing ha expandido sistemáticamente su presencia política, económica y estratégica en América Latina y el Caribe. Mientras tanto, la OEA ha mostrado una notable reticencia a debatir las implicaciones de seguridad asociadas a la expansión de infraestructura crítica, redes de telecomunicaciones, puertos estratégicos y sistemas tecnológicos vinculados a China.
Sin embargo, las preocupaciones que hoy rodean a Ramdin van mucho más allá de China.
La controversia alrededor de Xaviera Jessurun, su jefa de gabinete, transformó inquietudes administrativas en una crisis institucional.
La revocatoria de una visa diplomática por parte de Estados Unidos contra una alta funcionaria de la OEA constituye una medida extraordinaria. Decisiones de esa naturaleza rara vez ocurren y normalmente activan mecanismos inmediatos de revisión interna, cooperación institucional y evaluación independiente.
Por el contrario, Ramdin decidió proteger a su colaboradora más cercana y mantenerla dentro de la estructura de poder de la organización incluso después de que Washington retirara su visa diplomática.
La decisión fue interpretada por numerosos observadores como una ruptura con las prácticas de prudencia institucional y cooperación diplomática que normalmente acompañan situaciones de semejante gravedad.
Mientras el principal contribuyente financiero de la organización expresaba una preocupación suficientemente seria como para revocar una visa diplomática, la Secretaría General parecía más interesada en proteger a una funcionaria cercana que en proteger la credibilidad de la institución.
Y esa decisión se suma a una percepción cada vez más extendida de que el Secretario General ha respondido a cuestionamientos legítimos con confrontación política en lugar de transparencia institucional.
Más preocupante aún, la protección brindada a Jessurun ha proyectado la imagen de una organización donde la lealtad personal parece tener más peso que la rendición de cuentas. Para muchos observadores, la controversia ya no gira alrededor de una funcionaria específica, sino de la disposición del Secretario General a ignorar señales de alarma con tal de proteger a su círculo más cercano.
La situación se vuelve aún más llamativa al observar el silencio de muchos de los autoproclamados defensores de la transparencia y la lucha anticorrupción en América Latina.
Movimientos políticos, organizaciones y figuras públicas que habitualmente exigen rendición de cuentas cuando las acusaciones afectan a gobiernos o actores políticos adversarios han mostrado un interés sorprendentemente limitado cuando las preguntas apuntan hacia la propia OEA.
Y es precisamente esa percepción de doble estándar la que ha profundizado la crisis de confianza.
La discusión gira en torno a si Albert Ramdin puede seguir siendo parte de la solución.
Cada vez más actores dentro y fuera de la organización parecen haber llegado a una conclusión incómoda: no puede.
Con pleno conocimiento de las consecuencias que tendría una suspensión del financiamiento estadounidense, algunos operadores políticos parecen dispuestos a sacrificar la viabilidad misma de la OEA con tal de proteger a una persona y a una estructura cada vez más asociadas con acusaciones de corrupción, opacidad y abuso institucional.
Esa apuesta podría convertirse en el error más costoso en la historia reciente de la organización.
Si la OEA pretende recuperar credibilidad ante sus Estados miembros y preservar el respaldo de su principal contribuyente, el debate ya no es sobre reformas administrativas.
Albert Ramdin y el círculo de funcionarios comprometidos que lo rodea se han convertido en obstáculos para las reformas necesarias para restaurar la confianza, la transparencia y la credibilidad de la organización.
Si no lo hacen, Washington podría suspender completamente su financiamiento hasta que una auditoría externa independiente y una revisión integral del liderazgo permitan determinar si la institución sigue siendo capaz de cumplir la misión para la cual fue creada.
La pregunta es si la OEA está dispuesta a resolverla antes de que sea demasiado tarde.
Mario Duarte es estratega estadounidense, ejecutivo de rescate, empresario y experto en seguridad e inteligencia internacional. En X: @marioduartegar.
Terpsehore “Tore” Maras es periodista investigativa independiente y autora de las series Digital Dominion, The Turkey Doctrine e Inside Job: A Color Revolution, Domesticated. En X: @idontexistTore.
