El auge de la inseguridad jurídica impulsa nuevas estrategias patrimoniales

La planificación patrimonial suele asociarse con herencias, sucesión y orden familiar, pero también cumple otra función cuando el entorno institucional deja de ser previsible. En esa mirada, el patrimonio no se organiza solo para el futuro de una familia, sino también para resguardarlo frente a riesgos que provienen del Estado.

Los Estados inciden en la planificación patrimonial de una familia cuando la inestabilidad política deriva en inseguridad jurídica. En ese escenario, la protección de los activos ya no responde solo a contingencias familiares, sino también a riesgos como la inflación, la confiscación y los cambios permanentes en las reglas de juego.

Cuando una familia reside y tiene sus activos en un país de alta seguridad jurídica, la planificación apunta, en general, a cubrir situaciones propias de la vida. Ahí entran el matrimonio, los divorcios, las incapacidades, las mudanzas, la privacidad, el legado y, sobre todo, la sucesión.

El tema sucesorio suele ser el factor que activa la necesidad de planificar. A partir de ese disparador, el trabajo consiste en ordenar la transmisión del patrimonio y protegerlo frente a episodios que pueden modificar la dinámica familiar.

En gran parte de América Latina, ese esquema ya no alcanza por sí solo. A los motivos clásicos se suma la inestabilidad política.

Desde esa perspectiva, los Estados se han convertido en generadores de riesgo por tres vías: inflación, confiscación y cambios permanentes en las reglas de juego. Ese factor altera el diseño patrimonial porque obliga a contemplar amenazas que no nacen dentro de la familia, sino fuera de ella.

En Argentina, el problema principal no pasa tanto por la inseguridad física. El foco está en la inestabilidad política, que termina por traducirse en inseguridad jurídica.

La dificultad central es la imposibilidad de anticipar qué puede ocurrir en el corto y mediano plazo. Si nadie puede saber con certeza qué va a pasar dentro de dos, cuatro o seis años, proteger el patrimonio deja de ser una opción secundaria.

Esa incertidumbre empuja a incorporar defensas adicionales en cualquier estructura patrimonial. Ya no se trata solo de prever conflictos familiares o una sucesión ordenada, sino de prepararse para un escenario en el que las condiciones pueden cambiar de forma abrupta.

La expectativa de que los países menos desarrollados terminarían por imitar a los desarrollados, con sistemas políticos más maduros y estables, no se habría cumplido. La evolución, en cambio, avanzó en el sentido opuesto.

Según esta mirada, Estados Unidos y varios países de Europa empezaron a reproducir dinámicas más parecidas a las de América Latina. La grieta política genera primero inestabilidad política y después inseguridad jurídica.

Ese cambio amplía el alcance del problema y modifica el mapa habitual de riesgos. La protección patrimonial ya no puede pensarse como una necesidad concentrada en familias latinoamericanas, porque ese mismo factor empieza a pesar también en otras jurisdicciones.

Por eso, al estructurar patrimonios para familias de Estados Unidos o Europa, ya resulta necesario incorporar esa variable política y jurídica dentro del análisis. El resguardo de los activos exige mirar no solo la vida privada de una familia, sino también la estabilidad del país en el que vive o mantiene sus bienes.