Los libertarios ponen en pausa su agenda en Diputados para evitar que el caso Adorni llegue al recinto
El oficialismo comenzó a revisar su hoja de ruta en Diputados. Aunque tenía previsto sesionar el miércoles próximo para avanzar con dos proyectos clave de su agenda económica, el temor a que la crisis de Manuel Adorni monopolice el debate y acelere un intento opositor para desplazarlo de la Jefatura de Gabinete abrió una discusión interna sobre la conveniencia de abrir el recinto.
La planificación original de La Libertad Avanza contemplaba tratar el acuerdo para pagar US$171 millones a los holdouts Bainbridge y Attestor, y el denominado “Súper RIGI”, el régimen de incentivos para inversiones superiores a los US$1000 millones. Pero la situación de Adorni alteró el escenario.
Después de la entrevista en la que el funcionario intentó explicar el crecimiento de su patrimonio a partir de dinero encontrado e inversiones en Bitcoin, la oposición convocó para el martes 23 una sesión especial destinada a debatir su interpelación y una eventual moción de censura. La convocaron para apenas 24 horas antes de la sesión que el oficialismo pretendía utilizar para impulsar sus propios proyectos.
El primer interrogante es si los bloques opositores lograrán reunir los 129 diputados necesarios para habilitar el debate. Por ahora, esos números no están garantizados. Buena parte de la definición depende de los aliados habituales del Gobierno, principalmente Pro y la UCR, que no quieren ser los que definan el futuro político del jefe de Gabinete.
La cautela de los aliados también responde a diferencias internas entre ambas cámaras. En el Senado, donde Mauricio Macri conserva una influencia directa a través de Martín Goerling, jefe del bloque Pro, el partido ya dio señales de que está dispuesto a avanzar con los pedidos de explicaciones a Adorni. En Diputados, en cambio, Cristian Ritondo evita convertirse en el dirigente que termine sellando la suerte del jefe de Gabinete y reserva las críticas más duras para Fernando de Andreis, uno de los dirigentes más cercanos al expresidente dentro del universo legislativo macrista.
Algo similar ocurre en la UCR. Mientras que en el Senado una mayoría de los radicales se inclina por acompañar el avance contra Adorni, en Diputados predominan posiciones más prudentes. Allí pesa especialmente la influencia del gobernador mendocino Alfredo Cornejo, uno de los principales interlocutores del oficialismo entre los mandatarios provinciales. Esa diferencia ayuda a explicar por qué los votos que hoy necesita la oposición para alcanzar el quorum siguen siendo una incógnita.
La situación se volvió todavía más incómoda para los diputados aliados después de que el Senado resolviera postergar una semana la discusión sobre Adorni. En una reunión de jefes de bloque, la oposición acordó con la senadora Patricia Bullrich diferir el debate hasta la semana próxima y avanzar recién el jueves 25 con la aprobación de una interpelación para el 2 de julio.
Esa decisión volvió a colocar toda la presión sobre la Cámara baja. Por eso, entre los bloques dialoguistas crece la idea de evitar cualquier movimiento que los obligue a asumir el costo político de activar el proceso contra Adorni y dejar que sea el Senado quien tome la iniciativa.
A esa discusión política se suma otra, de carácter reglamentario, que preocupa especialmente al oficialismo. Algunos sectores de la oposición sostienen que la interpelación seguida de una eventual moción de censura no necesita atravesar el circuito habitual de comisiones ni requiere los dos tercios para ser tratada sobre tablas. Argumentan que el artículo 101 de la Constitución establece un procedimiento específico que solo exige la mayoría absoluta de cada Cámara.
La interpretación fue planteada en el Senado por el jefe del bloque peronista, José Mayans, y terminó siendo aceptada por el resto de las bancadas, incluido el oficialismo. “Si reúne una mayoría tendría una interpelación y eso podría llevar, o no, a una moción de censura”, reconoció Bullrich al finalizar la reunión de labor parlamentaria.
Ese antecedente aumenta la presión sobre Martín Menem. Si la Cámara baja adopta el mismo criterio, la oposición podría impulsar una interpelación sin necesidad de atravesar el trámite legislativo habitual.
El diputado Maximiliano Ferraro fue uno de los primeros en explicitar esa estrategia. “La próxima semana debemos abrir el recinto, reunir a 129 diputados y votar su interpelación con moción de censura. No hace falta ni comisiones ni dictámenes”, sostuvo.
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Para el oficialismo la prioridad inmediata es bloquear la sesión pedida por la oposición para el martes. Y si su estrategia prospera, son cada vez son más los que consideran inconveniente abrir el recinto al día siguiente para tratar el acuerdo con los holdouts y el “Súper RIGI”. Temen que cualquier sesión termine convirtiéndose en una oportunidad para que la oposición avance contra Adorni.
Por ahora, nadie quiere anticipar una definición. “Lo definirá la mesa política”, respondió a LA NACION un referente libertario consultado sobre la posibilidad de mantener la sesión prevista para el miércoles. Mientras tanto, los dos proyectos que el Gobierno esperaba convertir en sus próximos triunfos legislativos quedaron en pausa, a la espera de que se despeje la crisis que atraviesa a su jefe de Gabinete.
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