Espejismo artificial
Las instituciones no nacen ex nihilo (de la nada). Las que perduran y promueven el desarrollo surgen de prácticas sociales que, con el tiempo, se transforman en constumbre y finalmente en ley. Lo opuesto, la pretensión de crear realidades mediante normas dictadas desde el poder, suele terminar en fracaso.
Sobran los ejemplos: desde el defensor del pueblo hasta el consejo de la magistratura. La última expresión de un modelo de imposición es la reforma a la ley de sociedades: se propugna que un ente mirífico (no una persona) como la inteligencia artificial, pueda ser accionista de una sociedad y gozar del privilegio del límite de la responsabilidad.
Se cita como argumento histórico una de las primeras sociedades de responsabilidad limitada: la East India Company, creada allá por 1599, que llegó a controlar más de la mitad del comercio mundial a partir de una historia de pillajes y abuso en la India, historia tan bien relatada por William Dalrymple (en su libro La Anarquía).
La historia es maestra de la vida para los que la conocen; para los que no, es repetición catastrófica. La pregunta que emerge es ¿qué queremos ser como país? Cuando el mundo está discutiendo el concepto de soberanía desde el poderío que significa ostentar el control sobre los desarrollos más avanzados de IA, la Argentina parece optar por convertirse en un laboratorio de apertura extrema a sus usos y abusos (desconocidos).
No solo es un error sino una pérdida de tiempo. Cuando se consideran instituciones que han logrado transformar auténticamente, lo primero que viene a la memoria es la ley de convertibilidad. Es cierto que terminó siendo un corset que ahogó la economía hasta un estallido sin precedentes, pero sin dudas implicó un giro cultural, que corregida a tiempo podría haber tenido otro destino.
Hoy todos, oficialismo y oposición, encontraron una nueva vaca sagrada: el equilibrio fiscal. Corre el riesgo de terminar como la convertibilidad. ¿qué falta? Vamos con una idea: un fondo soberano.
Hace mucho tiempo que Argentina no registra un superávit comercial como el actual, con una composición que, a diferencia del pasado reciente, no depende del precio de un solo commodity (soja) sino también de energía (petróleo y gas) y minería.
Muchos se están centrando en los efectos económicos de lo que se llama “enfermedad holandesa” o la “maldición de los recursos naturales”. Pero el problema no es sólo económico: tan o más importante es la puja de distribución de poder y de la renta a que da lugar, entre Estado Nacional, provincias (dueños de los recursos) y empresas, bien y mal avenidas (los especialistas en mercados regulados de siempre).
Los recursos no aseguran por sí el desarrollo; lo decisivo son las instituciones. Un fondo soberano con tres reglas: que abarque todos los ingresos de la energía y la minería; que sólo se pueda gastar un porcentaje de la rentabilidad esperada, en educación, salud e infraestructura; que se invierta en ciertos activos, de la mano de un consejo independiente.
Es otra mirada institucional y del poder que resuelve dos cuestiones centrales: primero, el giro que significa para el contrato social la renta extractiva: cuenta menos el ciudadano (que paga impuestos y exige representación y control) y domina la empresa; segundo, el federalismo de enclave, con una tensión entre región productora, Estado Nacional que redistribuye y región no productora que reclama participación.
La abundancia de recursos puede ser una bendición o una condena. La diferencia no es la geología; tampoco la tecnología o las finanzas. El verdadero desafío es político e institucional.
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