Adorni es solo el espejo
Las primeras decisiones de los gobiernos marcan el enfoque principal de lo que pretende la nueva gestión, porque en ellas aparecen sus verdaderas prioridades. O al menos, las que quieren que sean vistas por una sociedad siempre ávida de conocer con qué intenciones llega un nuevo gobierno. Los discursos de campaña pueden admitir múltiples interpretaciones; los actos de gobierno, en cambio, revelan convicciones.
Vale la pena recordar cuál fue una de las primeras decisiones adoptadas por Javier Milei el mismo día de su asunción presidencial.
Mediante el Decreto 12/2023, el Presidente modificó una norma que impedía la designación de familiares directos en determinados cargos del Estado. Horas después, mediante el Decreto 13/2023, designó a su hermana Karina Milei como Secretaria General de la Presidencia.
Y enseguida vinieron otros. El hermano de Adorni, sin antecedentes, designado como asesor en el Ministerio de Defensa y pocos días después un ascenso importante con un salario millonario. Acumuló dos cargos más en la estructura nacional y, paradógicamente, tampoco se desprendió de una planta permanente en la provincia de Buenos Aires. Solo unos meses después, en meteórica carrera, alcanzó una banca de diputado. El mismo hermano también investigado por enriquecimiento al no poder explicar su incremento patrimonial pese a declaraciones falsas y otras “arregladas”.
Aquella decisión de Milei tuvo una relevancia mucho mayor que la que se le atribuyó entonces. Porque estableció un principio político que terminaría proyectándose sobre toda la administración: cuando una norma ética resulta incómoda para el poder, la norma se modifica.
Las investigaciones judiciales, las inconsistencias patrimoniales, las rectificaciones de declaraciones juradas, el acogimiento a mecanismos de regularización fiscal impulsados por el propio gobierno, los cuestionamientos sobre viajes oficiales y la presencia de familiares en actividades financiadas por el Estado constituyen hechos que deberán ser esclarecidos por los organismos competentes.
No hay dudas a esta altura de la captura o apropiación de la estructura estatal, contrariando el discurso oficialista, para favorecer el acceso a cargos, la designación de personas del círculo íntimo y sobre todo, la obtención de negocios privados muy rentables eludiendo competencia y transparencia. Si, claro, me refiero a los pagos a la consultora de Bettina Angeletti por parte de firmas contratistas de esta nueva gestión de gobierno nacional.
Vuelve a aparecer una respuesta muy repetida en los círculos políticos: “Ya investiga la justicia”, “La Justicia es la que va a resolver”, “Tendrá que rendir cuentas frente a los jueces”. Como si no se supiera que ahí mismo es donde los delitos de corrupción alcanzan la garantía de impunidad cuando no por archivo de causas, simplemente por dormirlas y dejar transcurrir el tiempo.
Pero antes de cualquier conclusión judicial existe una pregunta política. Porque sanear estos vicios que repiten los sucesivos gobiernos depende, sobre todo, del sinceramiento y posicionamiento de la política.
¿Por qué un gobierno que construyó su legitimidad denunciando privilegios termina teniendo que explicar privilegios?
¿Por qué un espacio que hizo del mérito una bandera comenzó su gestión modificando una norma ética para designar familiares?
¿Por qué quienes denunciaban con razón la confusión entre intereses públicos y privados del anterior gobierno aparecen hoy ofreciendo argumentos que se parecen demasiado a aquellos que antes cuestionaban?
Porque el Decreto 12/2023 no fue solamente una modificación administrativa. Fue un mensaje.
Les dijo que los vínculos personales podían prevalecer sobre los criterios generales.
Y les dijo que la ética pública podía adaptarse a las necesidades de quienes gobiernan.
El manejo de un poder extraordinario en manos de Karina Milei. Su participación decisoria en los vínculos con los empresarios del caso Libra. O con los sobreprecios y las coimas en la Andis. La idea de un poder ilimitado que, incluso, hasta parece someter con sus propios gustos y preferencias las de su hermano Presidente.
La designación de Francisco Adorni en la estructura estatal. La naturalización de los familiares en ámbitos oficiales. Las explicaciones sobre la participación de la esposa del jefe de Gabinete en una misión oficial a los Estados Unidos. O los pagos que ella misma recibió por parte de empresas vinculadas con áreas de decisión de su marido. Las rectificaciones patrimoniales posteriores. El recurso a instrumentos de regularización fiscal promovidos por la propia administración. Y finalmente el blindaje político otorgado por el Presidente cuando las preguntas comenzaron a acumularse.
Pero todo ello configura un problema político y ético. Es parte de la degradación de la política que la sociedad -también degradada en sus valores- viene tolerando y naturalizando.
Porque Manuel Adorni no era un funcionario cualquiera. Fue durante meses la voz encargada de explicar a los argentinos los sacrificios exigidos por el ajuste, las restricciones impuestas por la austeridad y la necesidad de terminar con los privilegios de la casta. Esa era la contracara del uso y abuso de la estructura estatal en beneficio propio.
Por eso su situación tiene una dimensión simbólica que excede largamente a su persona.
Cuando quien encarna un discurso termina explicando excepciones, lo que entra en discusión no es solamente la conducta individual de un funcionario. Lo que se pone en cuestión es la credibilidad del discurso entero.
La verdadera estafa moral consiste en haber convencido a millones de argentinos de que esta vez el poder sería diferente, para descubrir, demasiado pronto, que la primera regla ética importante que modificó este gobierno fue precisamente aquella que limitaba los privilegios familiares.
Sino porque refleja con notable fidelidad la cultura política que los hermanos Milei instalaron desde el primer día, anestesiando a una sociedad que parece haberse quedado sin reflejos para rechazar lo que está mal, para cuestionar la mentira flagrante. Para no volver a tolerar la corrupción como práctica escondida detrás de la hipocresía discursiva del funcionario de turno.
